General

El Comercio 4 de agosto del 2009

EDITORIAL

Reforma pendiente del Sistema Privado de Pensiones

Quedan pocas dudas respecto a los beneficios que, comparativamente, ofrece el Sistema Privado de Pensiones (SPP) sobre el sistema nacional, en especial para aquellos trabajadores que se incorporaron a la población económicamente activa formal a partir de su creación. Sin embargo, también es claro que en los últimos 15 años debieron realizarse varios ajustes para que el sistema sea más eficiente, eficaz, seguro y, sobre todo, equitativo y justo.

En cuanto a la equidad y la justicia, nada se ha hecho para modificar la ley del SPP que faculta a los afiliados mayores de 55 años ,que se encuentren desempleados, a acogerse a la jubilación adelantada.

Según diversos estudios, las probabilidades de encontrar un nuevo puesto de trabajo a esa edad son muy bajas y resulta, si no injusto, absurdo que estas personas deban pasar apuros y angustias económicas —o esperar hasta 10 años por lo menos— antes de poder acceder a un fondo que les pertenece, pero que la ley, tal y como está, le impide tocar.

También está pendiente de aprobación una modificación para que las altas comisiones que cobran las AFP por gestionar los fondos de sus afiliados guarden relación con las ganancias que el sistema previsional genera a sus afiliados. La propuesta de establecer un esquema de comisión mixta es interesante pero, como todo, perfectible.

Por ejemplo, se propone una comisión pequeña y fija que serviría solamente para cubrir los gastos de operación de la AFP (es decir, que asegure su funcionamiento), y una comisión variable, cuyo monto dependería de cuán rentable sea para el afiliado. No se puede perder de vista que el aporte realizado al Sistema Privado de Pensiones es actualmente obligatorio, no importa cuán insatisfecho esté el aportante con el servicio que recibe de una administradora determinada. No hay dónde irse.

Por último, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP debería terminar de establecer un índice de referencia —que refleje la rentabilidad de un grupo de valores e instrumentos de inversión similar a aquel en el que invierten las AFP— contra el cual comparar el rendimiento de los fondos de las administradoras. De esta manera, se podría restituir y poner en efecto el concepto de rentabilidad mínima que cayó en desuso con la creación de los multifondos.

Con esto último, las administradoras de pensiones deberán tomar dinero de su propio capital cada vez que los fondos que gestionan rindan por debajo de dicho parámetro. De esta manera, no solo las utilidades de las AFP sino también su patrimonio se verían afectados por su eficacia al gestionar los recursos de sus afiliados que, finalmente, es su razón de ser.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP presentó las propuestas señaladas el año pasado ante el Ministerio de Economía y el Congreso de la República. Hasta cierto punto resulta comprensible que la crisis internacional —es decir, la caída de las exportaciones, de los precios de los minerales, de la producción, de las ventas e incluso del empleo— haya dilatado la aplicación de las reformas pendientes, pero nada justifica no retomarlas, sobre todo cuando se está afectando el patrimonio de miles de trabajadores.