Ciencias Sociales

EDITORIAL

¿Quién está detrás de los disturbios en Puno?

Sábado 28 de Mayo del 2011

Apocos días de las elecciones presidenciales, los desmanes de Puno se tornan más sospechosos. Parecería haber agitadores que han evitado que el reclamo se solucione a través del diálogo y de las instancias regionales y ministeriales correspondientes.
Así, la situación ha devenido en una violenta e ilegal ocupación de una localidad, bloqueo de vías, saqueo, quema y destrucción de locales privados y públicos, y sus respectivos archivos. Esto ha ocurrido en las oficinas de la Sunat, Migraciones y Aduanas, entre otros, en un lugar como Puno donde los contrabandistas y evasores actúan a sus anchas.
Además, seudodirigentes radicales amenazan incluso con boicotear la votación presidencial del 5 de junio. ¿Cuál es, entonces, la finalidad? El Gobierno tiene que implantar aquí una muy delicada estrategia para restaurar el orden y el principio de autoridad y calmar los ánimos violentos de los pobladores.
La naturaleza de los reclamos puneños es comprensible, pero la forma para hacerse escuchar es inaceptable. No puede negarse que puedan existir temores de algunas comunidades agrícolas por las mineras que, en algunos casos actúan con irresponsabilidad ambiental y vulneran prácticas culturales tradicionales. Corresponde al Gobierno evaluar objetivamente la inquietud de fondo y tomar medidas que compatibilicen el derecho y seguridad de las comunidades con la legislación nacional, así como la necesidad de un clima adecuado para la inversión responsable en minería.
A las empresas mineras les toca actuar con mayor respeto y transparencia a fin de evitar la generación de conflictos socio-ambientales. El diálogo tiene sus reglas de juego y ellas excluyen el chantaje, los bloqueos, la violencia y el ataque artero. Todo esto ha terminado por deslegitimar cualquier reclamo.
Dicho esto hay que llamar la atención sobre lo que podrían ser las reales intenciones de los promotores de estos desmanes que en la práctica han secuestrado y violentado a toda una ciudad: a sus pobladores se les ha negado, por la fuerza, derechos fundamentales como el de movilizarse, trabajar, la seguridad de su propiedad y hasta el alimentarse. Más aun quieren evitar que elijan a la nueva cabeza del Ejecutivo.
Como puede verse, nada de esto parece casual y aparentemente responde a retorcidos intereses políticos, a una estrategia de preparar el terreno para, en caso de ver perdida la elección, alegar la existencia de fraude debido a que no se pudo votar en Puno.
Abonan a esta tesis los más altos dirigentes del humalismo. Tal es el caso de Omar Chehade, congresista electo y candidato a la vicepresidencia de Humala, quien en repudiable e irresponsable conducta ha denunciado –sin prueba alguna– que el Gobierno prepara un fraude en Trujillo. Luis Alberto Salgado, otro representante de Gana Perú, ha invocado el derecho a la insurgencia si Humala no gana las próximas elecciones. Una amenaza que merece el más profundo rechazo.
En este contexto, resulta saludable que las autoridades del sistema electoral y los observadores internacionales hayan afirmado que están dadas todas las condiciones para que la elección fluya sin problemas. Dada la responsabilidad que corresponde a ambos candidatos, resulta imperativo que se comprometan a respetar los resultados oficiales, cualquiera que estos fueren, y a apoyar la gobernabilidad democrática y la paz social de nuestro país.