Ciencias Sociales

El papel del Estado

Por: Eduardo Vega Luna Defensor del Pueblo

Martes 12 de Julio del 2011

En los últimos años, el aumento de la conflictividad social y de sus manifestaciones violentas ha generado la necesidad de que el Estado atienda dicha problemática. La Defensoría del Pueblo no ha estado ajena a esta realidad. Por el contrario, en el 2007 creó la Unidad de Conflictos Sociales que, posteriormente, se convirtió en Adjuntía para la Prevención de los Conflictos Sociales y la Gobernabilidad. La defensoría es una de las primeras instituciones públicas en señalar la necesidad de que el Estado aplique un tratamiento integral a los conflictos sociales.
Evidentemente, el rol que le toca desempeñar a la Defensoría del Pueblo en los conflictos sociales es sustancialmente diferente al que le corresponde desempeñar a las instancias de Gobierno, en la medida en que la Defensoría del Pueblo no tiene mandato constitucional ni legal para resolver conflictos. Además, carece de autoridad administrativa investida de poder resolutorio. La labor de la defensoría es defender los derechos fundamentales y supervisar que las autoridades cumplan con sus deberes legales.
La responsabilidad de atender las demandas sociales y de procurarles una solución corresponde a las instituciones con competencia legal para adoptar decisiones y resolver los conflictos (Poder Ejecutivo, Congreso de la República, gobiernos regionales y locales), para lo cual, efectivamente, dichas autoridades deberán tener planes adecuados de prevención, gestión y negociación.
En los conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo contribuye con las autoridades competentes para obtener su solución pacífica, pero no las sustituye. Por ello, hemos asumido la tarea de crear condiciones para el diálogo, interviniendo directamente en el trato con las autoridades y la población. Esta decisión ha implicado que nuestra institución realice, en promedio, 150 intervenciones mensuales en todo el ámbito nacional, en coordinación con autoridades y dirigentes, con la ciudadanía y las empresas, así como participar en la mayoría de los procesos de diálogo.
Por otra parte, en la Defensoría del Pueblo monitoreamos minuciosamente el estado de la conflictividad social y elaboramos un reporte mensual de conflictos sociales. Los datos están allí y pueden ser contrastados públicamente. El reporte da cuenta de los conflictos sociales (ya sean activos, latentes o en procesos de diálogo), que constituyen oportunidades para lograr cambios beneficiosos para todas las partes. Hasta hoy se han publicado, ininterrumpidamente, 88 reportes mensuales de conflictos sociales.
Además, en la institución se desarrollan labores de capacitación destinadas al personal de los gobiernos regionales y locales, con el fin de fortalecer las competencias de las autoridades llamadas a resolver la conflictividad social.
En su condición de órgano constitucionalmente autónomo, la Defensoría del Pueblo ha cumplido escrupulosamente sus funciones de atención de la conflictividad social, en el marco de nuestras competencias constitucionales y de nuestro firme compromiso con la democracia y el fortalecimiento de sus instituciones.
En razón de ello, hemos colaborado y colaboramos activamente con los diferentes niveles de gobierno, en la convicción de que la democracia se fortalece cuando cada quien cumple con las competencias que le han sido asignadas.
Finalmente, desde la Defensoría del Pueblo renovamos nuestro compromiso permanente con el país, con sus autoridades y con la ciudadanía, en la búsqueda de la paz, el diálogo y la transformación de los conflictos sociales como condiciones para garantizar el pleno respeto de los derechos de todos los peruanos y peruanas.