RETROCESO EN LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Desde el Congreso protegen minería ilegal

Por: Irma Montes Patiño Consultora en Confictos Sociales

Lunes 19 de Setiembre del 2011

Desde la bancada oficialista se intenta derogar el Decreto de Urgencia 028 y dejar sin efecto el Decreto Supremo 035-2011-EM. Ambos fueron dados para contrarrestar las consecuencias socioambientales de la minería informal en Madre de Dios y en Puno. Dictadas a fines del gobierno aprista con carácter de urgencia, para recuperar a corto plazo la estabilidad y paz social en Puno y establecer un ordenamiento minero formal en Madre de Dios, estas normas garantizan la salud, la seguridad, la conservación ambiental y el ejercicio pleno de derechos fundamentales. Quien quiere mandarlas al tacho es un defensor de la minería informal y congresista del partido de gobierno por Madre de Dios.
Como lo ha denunciado este Diario, se trata de Eulogio Amado Romero Rodríguez.
Este personaje ha estado en la mira de las organizaciones ambientalistas y defensoras de los derechos humanos, así como de organismos públicos de fiscalización ambiental por su activo rol en la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin), donde actuaba como capo de cártel más que como dirigente gremial.
Tras ser electo congresista, Amado Romero estuvo detenido en el penal San Francisco de Asís, acusado de peculado en agravio de la Dirección Regional de Agricultura de Madre de Dios. Esto a raíz de que desapareció un lote de caoba del Inrena, que él tenía en custodia. No ha quedado claro por qué la detención con reclusión se le varió por comparecencia.
Ahora, en sospechosa estrategia desde su nueva posición congresal, intenta deslizar dos proyectos de ley: uno para proteger la minería informal en Puno, región que no representa, y otro para evitar el ordenamiento minero en Madre de Dios.
Eulogio Amado Romero Rodríguez –según ficha del Jurado Nacional de Elecciones– es propietario de un predio agrícola y de una concesión minera en Tambopata, donde es sabido que campea la minería ilegal, hay cobro de regalías a trabajadores, ausencia de certificación ambiental, tala ilegal e invasión de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata. Vale recordar que la minería informal y artesanal se convierte en ilegal cuando viola los derechos de propiedad de terceros y las transacciones económicas no son registradas.
Ahora, bajo la bandera de la ‘no discriminación’ se pretende suspender los avances en la recuperación de cuencas y el adecuado ordenamiento territorial para proteger los frágiles ecosistemas amazónicos.
Se atenta, además, contra los derechos y seguridad de las personas, pues está comprobado que en esas tierras de nadie, campea la trata de personas y la explotación sexual y laboral de menores.
Actitudes como las de Romero Rodríguez solo menoscaban la aprobación y confianza en el nuevo Congreso.