lunes, 20 de febrero de 2012

Ciencias Sociales






PROYECTO DE LEY SIN ANÁLISIS DE COSTOS

En la duda, abstente

Por: Alfredo Bullard Abogado
Sábado 18 de Febrero del 2012
Usted es un cazador caminando con un rifle por el bosque. Un arbusto se mueve y tiene que decidir si dispara. No sabe qué hay detrás. Puede ser un venado, en cuyo caso regresará a su casa con un trofeo. Pero podría ser una persona, en cuyo caso no regresará a su casa, sino se irá a la cárcel. ¿Dispararía? En la duda, abstente.
Algunos atribuyen la frase a Santo Tomás. Otros al profeta persa Zoroastro (más conocido como Zaratustra). Pero más allá de quién lo dijo, es un excelente consejo. Y pocas veces el consejo es tan útil (y oportuno) como cuando hay que adoptar una regulación. Una prohibición limitará la libertad de las personas y más de un derecho individual.
En principio, toda limitación de la libertad o de un derecho solo se justifica, como bien decía John Stuart Mill, en la posibilidad de que se esté causando un daño a otro. Por ello, si tienes dudas de los efectos de tu decisión, mejor abstente. No vaya a ser que por tratar de mejorar las cosas, mates el derecho de alguien.
Asistí hace unos días al Congreso de la República. En una audiencia pública se discutió el proyecto de ley que limita la extensión de la propiedad sobre la tierra agrícola a 10.000 hectáreas en la costa, 50.000 en la sierra y 20.000 en la selva.
La reunión me pareció un inmenso arbusto en movimiento, en el que los asistentes discutían si jalaban o no el gatillo. Lo más curioso era que ninguno de los que proponen y apoyan el proyecto se preguntaba si lo que estaba detrás era un venado o una persona. Lo que proponen, en sencillo, es jalar el gatillo y preguntar después.
¿Es posible limitar el derecho de propiedad sin siquiera demostrar que en su ejercicio se está dañando a otro? Las cifras que se presentaron eran de un censo agrario del año 1994. Y vaya si el Perú ha cambiado desde entonces. La propuesta no dice nada sobre el efecto en la productividad, en las exportaciones, en el empleo, en el crecimiento de la frontera agrícola, en generación de bienestar. No me quedó claro qué se perseguía, cómo se iba a lograr con la ley y cuánto nos iba a costar a los peruanos.
La Constitución, el Tribunal Constitucional y la ley exigen que toda decisión que limite derechos se base en los principios de racionalidad y proporcionalidad. Limitar derechos exige responsabilidad a quienes imponen regulaciones. El reglamento del Congreso recoge esta idea y recoge la obligación de que todo proyecto de ley venga acompañado de un análisis costo-beneficio. En buen cristiano, debe venir acompañado de un análisis que mire detrás del arbusto antes de disparar.
En la Unión Europea hay una exigencia similar. Las iniciativas regulatorias deben ir acompañadas de un ‘impact assesment’, que es precisamente una evaluación de si la regulación cumple el objetivo perseguido a un costo adecuado. Son estudios de decenas o cientos de páginas, con cálculos económicos que permiten saber qué hay detrás del arbusto.
¿Cómo cumple el proyecto el requisito de costo-beneficio? ¿Cómo nos dice cuáles pueden ser las consecuencias de la norma? El costo-beneficio se limita a decir en escuetas líneas lo siguiente: “La presente iniciativa legal no tiene costo para el erario nacional y tiene una relación costo-beneficio favorable para la sociedad dado que apunta a evitar la excesiva concentración de las tierras”.
La parquedad del sustento me anima a presentar una iniciativa para cerrar el Congreso: “Ahorra costos al erario nacional y tiene una relación costo-beneficio favorable para la sociedad porque evita regulaciones sin sentido”.

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