Ciencias Sociales

El Comercio 24 de junio del 2009


CUANDO LA LEY NO ES SUFICIENTE

Basta de convivir con la exclusión
Por: Samuel B Abad Yupanqui*

En las últimas semanas hemos apreciado diversos actos o expresiones de discriminación que nos recuerdan que esta práctica social subsiste, pese a las diversas normas internas e internacionales que la prohiben.

El tema no es nuevo. Se remonta a los inicios de la República. Nuestra primera Constitución (1823) señalaba que para ser ciudadano se requería saber leer y escribir, tener una propiedad, ejercer una profesión, arte o industria y no ser sirviente o jornalero. Es decir, solo un reducido grupo de peruanos era ciudadano. A las mujeres, es decir, al 50% de la población, recién se les reconoció el derecho al voto en 1955. Las personas analfabetas tuvieron que esperar hasta la Constitución de 1979.

Por ello, no es extraño que exista exclusión social en el país. El Estado históricamente ha negado sus derechos ciudadanos a una parte importante de la población. Esto, puede apreciarse en los reclamos de los pueblos indígenas que exigen se les consulte antes de tomar una decisión que les afecte, pues así lo dispone el Convenio 169, vigente desde 1993, y que el Gobierno ha tenido que reconocer.

No podemos dejar de reconocer que se aprecian algunos cambios. Gracias a las normas sobre cuotas la representación de mujeres en el Congreso se incrementó sustancialmente. Asimismo, hay consenso en afirmar que es necesario erradicar la discriminación, e incluso muchos casos se debaten en los medios de comunicación. Sin embargo, esta lucha aún enfrenta dificultades. Veamos.

Se trata de un problema enraizado que a veces no lo asumimos como tal. Es probable que el director de cierto medio de comunicación considere “natural” ridiculizar a una congresista quechuahablante por escribir mal en nuestro idioma y que por eso no merezca estar en el Congreso de la República, sin comprender que ese tipo de conducta discrimina.

No es fácil probar la discriminación. Ella suele disfrazarse en los hechos y en las normas. El Código Civil sigue diciendo que cada cónyuge puede trabajar libremente con el consentimiento del otro y si este lo niega el juez puede autorizarlo. Una norma aparentemente neutra, que en la realidad concede el veto al marido, pues suele ser él quien niega tal “autorización”.

Si se decide acudir a la justicia, esta suele ser lenta y costosa. Una excepción fue la sentencia del TC que dispuso la reposición de una cadete expulsada arbitrariamente por estar embarazada, cuyo proceso solo duró seis meses. Además, hasta ahora no se conocen sanciones efectivas.

Las políticas públicas tampoco suelen evaluarse considerando el principio de igualdad. Un ejemplo reciente es pretender incrementar el presupuesto de las Fuerzas Armadas cuando los de Salud y Educación siguen siendo exiguos; así como promover el servicio militar obligatorio cuando se sabe que de aprobarse solo los pobres y campesinos lo cumplirían.

En definitiva, en este esfuerzo de luchar contra la discriminación las leyes son importantes pero no suficientes. Estamos ante un problema enraizado en nuestra sociedad que requiere de un cambio cultural en el que se respeten y aprecien nuestras diferencias. Para ello se requiere un liderazgo comprometido de nuestras autoridades, que lamentablemente aún no se aprecia; pero también de quienes tienen liderazgo social y por supuesto de los medios de comunicación. De lo contrario, seguiremos siendo un país socialmente fracturado y las aspiraciones de igualdad para parte importante de nuestra población seguirán siendo una utopía.

(*) Constitucionalista