Ciencias Sociales

El Comercio 15 de diciembre del 2009

EDITORIAL
Prácticas democráticas que deben fomentarse

Sin caer en un optimismo exagerado, es importante destacar lo beneficioso de ciertas medidas que en el mediano y largo plazos podrían redundar a favor de un mejor ejercicio de nuestra gobernabilidad, con el aporte de la sociedad civil, los partidos políticos y el Estado.

En primer lugar, el Ejecutivo acaba de confirmar el adelanto de las elecciones municipales y regionales para octubre del 2010, pero también ha aprobado las enmiendas que hizo el Congreso a la Ley 27683 para cambiar las reglas del juego electoral.
Por un lado, está la anunciada creación de la segunda vuelta para elegir a las autoridades regionales que permitiría una votación más consensuada y representativa, toda vez que solo ganarán aquellos que superen el 30% de los votos.
Del otro lado, es positivo que se obligue a los movimientos políticos —que suelen aparecer y desaparecer ad portas de una elección— a sujetarse a las mismas normas que regulan a los partidos políticos, por ejemplo, en lo que concierne a inscripción de esas agrupaciones y una organización más afinada —y menos improvisada— en cuanto a la constitución de sus candidatos. Nada más oportuno si se considera, como señala la última encuesta de El Comercio, elaborada por Ipsos Apoyo S.A., que los electores confían más en los candidatos que en las agrupaciones políticas propiamente dichas.
También es un avance que en adelante las listas a los consejos regionales tengan que estar integradas por hombres y mujeres (30%), jóvenes menores de 29 años (20%) y representantes de comunidades nativas o de pueblos originarios de cada región (como mínimo 15%).
En líneas generales, una reforma que, por un efecto multiplicador, puede contribuir a elevar nuestra cultura democrática, entender que la función pública impone deberes y derechos, y fomentar ciudadanía en el quehacer político y en coyunturas de conflicto social como las vividas en los últimos tres años.
La intervención de peruanos más comprometidos con la realidad nacional es tarea urgente que corresponde al Estado impulsar, incluso desde las escuelas. Cuán positivo sería, por ejemplo, repetir la experiencia de Lurín, donde, como ha informado ayer este Diario, los dirigentes sociales participan activamente en la Comunidad Local de Administración de Salud (CLAS) y se hacen responsables del control de esos servicios públicos. O tal vez imitar lo que sucede en Villa El Salvador, donde en ejemplar consulta ciudadana los niños menores de 12 años votaron el domingo para determinar cuáles son las obras que su alcalde debería ejecutar con mayor celeridad.
Estas prácticas democráticas son saludables pero exiguas para un país como el nuestro, en el que todavía el sentimiento de colectividad es débil. Se precisa por ello fomentarlas vivamente en los ámbitos nacional, regional y local.
Sin duda, para esto se requieren recursos, como son los que está reclamando la Asociación de Municipalidades del Perú. Pero sobre todo se necesitan voluntad política y autoridades transparentes, honradas y eficientes, comprometidas con la rendición de cuentas (“accountability”) en la función pública y con el mejoramiento del bienestar de sus comunidades.