EDITORIAL
Cuál es la política de inclusión social
Por lo pronto, no es una buena señal que la ley de creación dada por el Parlamento se exonere del régimen regular la contratación de personal, bienes y hasta de obras al nuevo portafolio, lo que puede dar lugar a excesos. Peor aun, se estaría yendo contra la reiterada promesa gubernamental de introducir la eficiencia, la meritocracia y el presupuesto por resultados en el aparato estatal, para abrir amplios flancos que podrían ser utilizados a discreción para objetivos politiqueros.
De allí que, a la hora de promulgar la ley e implementar su reglamento, deben quedar muy claros los objetivos de la nueva cartera; las funciones y presupuestos que absorberá del actual Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes), cómo y a partir de cuándo; y cuál será su estructura orgánica y funcional. Es decir, qué programas sociales incluirá y, tan importante como eso, de qué manera se articulará y vinculará todo esto con las metas educativas y de salud; y cómo se aplicará el presupuesto por resultados para superar los lastres del asistencialismo paternalista, todo lo cual exige una evaluación exhaustiva de los sistemas de subsidios y de los programas que sí han funcionado.
El titular de la nueva cartera debe, entonces, ser un profesional con conocimiento, liderazgo, firmeza y autonomía suficientes para resistir presiones y promover una verdadera reforma del sistema social y los programas sociales, algunos de ellos en calamitoso estado de desorden, burocratismo, filtraciones y corrupción.
El telón de fondo, que no se puede perder de vista, es que, junto con el apoyo social, deben redoblarse esfuerzos para reducir los niveles de pobreza y pobreza extrema, lo que solo es posible con el mayor dinamismo de la inversión privada que cree empleo digno, con lo que la inclusión social tomaría realmente forma.
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