LA SUSPENSIÓN DEL PROYECTO CONGA EN DEBATE
Inversión minera y medio ambiente
Por: Raúl Ferrero Costa Jurista
El Perú de hoy se distingue por su potencial minero. La riqueza que se extrae, principalmente de la cordillera andina, viene siendo cada vez más regulada y fiscalizada para que impacte lo menos posible al ambiente que es preciso conservar y proteger.
La disyuntiva que se plantea políticamente entre el agua y el oro (como en Cajamarca) no es necesariamente cierta. En la última campaña electoral, el enfrentamiento entre esas dos fuentes de riqueza se planteó de forma casi excluyente, al punto de que el candidato Ollanta Humala, en los inicios de su campaña, convirtió el tema en central para la primera vuelta, otorgándole una connotación destacada.
La preferencia por el agua, antes que la inversión minera, generó una legítima preocupación en los agentes económicos, los que sin dejar de comprender la importancia que tiene el recurso hídrico en el desarrollo económico de las regiones y del país consideran que ello no debe detener importantes proyectos mineros que se encuentran en desarrollo o están a la espera de completarse para ser ejecutados.
Al producirse el cambio de gobierno, los primeros tres meses fueron de tranquilidad, mientras se mantuvo el clima de luna de miel con los sectores sociales, que habían estado acaloradamente activos con sus protestas y reclamos en las postrimerías del gobierno de García.
Entre el programa ofrecido por el candidato Humala para la primera vuelta, cuando planteaba la gran transformación, y el ofrecido en la segunda vuelta, con la hoja de ruta, existen diferencias notorias, siendo el primero más bien radical y el segundo, que le permitió ganar las elecciones, de franco tono moderado y favorable a la inversión privada.
Esto ha llevado a que los sectores más extremistas, que sintonizaban con el primer plan, hayan iniciado en las últimas semanas sus protestas contra la inversión minera, levantando el estandarte de los perjuicios que ella pueda irrogar al ecosistema equilibrado que debe respetarse para no afectar el medio ambiente natural.
Lo que debe evitarse es que los proyectos de inversión minera se politicen o puedan servir de pretexto a los extremistas para oponerse con proclamas radicales, sin suficiente sustento, que busquen favorecer fundamentalmente intereses políticos.
Estamos de acuerdo en que los casi US$50.000 millones de inversión previstos para los siguientes cinco años en sectores minero y energético deben adecuarse a la legislación vigente y respetar las reglas indispensables para que el desarrollo no avasalle los ecosistemas de nuestra riqueza natural.
Pero, a su vez, también debemos comprender que el país tiene que garantizar estabilidad jurídica respaldada con el sustento técnico debido, que nos permita competir en igualdad de condiciones con otros países que ofrecen oportunidad de desarrollar proyectos similares.
El gobierno del presidente Ollanta Humala está actuando con cautela y ha tomado una posición a favor de la inversión. Esto es positivo, en tanto sepa sostener en el tiempo esa decisión, con el costo que ello le pueda significar con los sectores menos moderados de sus simpatizantes.
De toda forma, el gobierno deberá cuidar de no alejarse de los sectores sociales que lo han apoyado hasta la fecha, ya que la estabilidad que se ha alcanzado, que nuevamente este año permite crecer al país a una tasa del 7% del PBI, solo se mantendrá en un clima de sensatez en el manejo de todos los frentes.
Esto exigirá un mayor esfuerzo por el diálogo y la concertación para entender mejor las distintas posiciones y acercarlas hasta lograr los acuerdos indispensables a favor del desarrollo.
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