(Editorial) Un seguro contra el Congreso

El Congreso debería hacer un análisis más riguroso de los costos y beneficios de los proyectos de ley

Viernes 20 de abril de 2012 - 07:00 am

En el Congreso se viene discutiendo un proyecto de ley que busca crear un seguro oncológico obligatorio, para así lograr que la mayoría de los peruanos pueda afrontar los eventuales costos del tratamiento contra el cáncer. Sus autores tuvieron mucho cuidado en advertir que el problema de esta enfermedad es, sin lugar a dudas, grave y complejo. Una pena que el mismo cuidado no los acompañó cuando pensaron su solución.
El proyecto establece que toda persona que perciba ingresos iguales o mayores al salario mínimo deberá contratar este seguro (bajo la draconiana sanción de perder ciertos derechos civiles que no se molesta en especificar). Esta podría ser una propuesta estupenda salvo porque olvida un detalle: los seguros de salud cuestan.
Obligar a una persona a contratar un servicio significa también privarla del dinero necesario para poder adquirir algo que requiera. Y es que cada sol invertido en el seguro será un sol menos que pueda destinar a, por ejemplo, comprar alimentos, brindar educación a sus hijos, ahorrar para su vejez o incluso pagar los medicamentos de alguna enfermedad que esté ya padeciendo.
Esto no significa que no haya que discutir si efectivamente se debería obligar a algunas personas a contratar un seguro oncológico. Pero sí quiere decir que los legisladores, al momento de diseñar su proyecto, tienen que evaluar si aquel seguro que fuerzan a contratar vale más que aquello a lo que fuerzan a renunciar.
Bajo esta lógica, a los congresistas se les obliga a acompañar todos los proyectos de ley con un exhaustivo análisis de sus costos y beneficios. En este caso, sin embargo, por más que examinemos con minucioso detalle las esforzadas cuatro líneas (y media) en las que los autores realizaron esta evaluación, no nos será posible encontrar ni siquiera la identificación de los costos que el seguro supondrá para las personas.
Pero como una es ninguna (especialmente en un Congreso como el que tenemos), el proyecto de ley se asegura de dejar claro su error cometiéndolo dos veces: sin evaluar su costo, obliga al Estado a financiar este seguro para los afiliados a Essalud y para quienes ganen menos del salario mínimo y no cuenten con recursos para afiliarse a un seguro.
No olvidemos que tampoco es gratuito que el Estado destine recursos para tratar esta enfermedad. El dinero que utilizaría para financiar el seguro sería dinero que dejaría de usar para tratar enfermedades distintas, por lo que solo lo debería invertir en cobertura oncológica si con ello salva más vidas de las que salvaría si lo destinase a cubrir otras enfermedades. De otra forma, la ley, paradójicamente, llevaría a que se pierdan más vidas de las que se salven.
Nadie niega que debamos encontrar la mejor manera de lograr que las personas puedan enfrentar los costos del tratamiento del cáncer, especialmente si se trata de una de las principales causas de mortalidad en el país. Pero, al momento de proponer medidas concretas para atacar este mal, no se puede cometer el error de ignorar los costos que estas puedan suponer. Salvo, por supuesto, que no nos importe que el remedio termine siendo peor que la enfermedad.
Sería un alivio decir, por lo demás, que el problema de este proyecto de ley es un caso aislado. Pero, lamentablemente, parece que casi todos nuestros legisladores viven convencidos de que las facturas que ellos pasan a los ciudadanos se pagan solas y que toda medida será automáticamente viable solo porque una ley lo desea. Y es que es aún exótico encontrar un proyecto de ley que evalúe cuáles son los verdaderos costos y beneficios que le impondría a la sociedad.
Únicamente cuando se haya desterrado la pereza de nuestros congresistas por presentar propuestas completas será posible saber si las soluciones que sugieren evitan más riesgos que los que crean. Hasta que despierten de su modorra, los únicos riesgos contra los que deberíamos estar obligados a asegurarnos son los que el mismo Congreso crea.