EDITORIAL

No todo queda en familia

Los peruanos no tenemos por qué asumir las deudas de Doe Run

Lunes 9 de Abril del 2012

El año pasado los acreedores de Doe Run Perú (DRP), la responsable del desastre ambiental de La Oroya, iniciaron un procedimiento de insolvencia debido a que esta no se encontraba en capacidad de honrar sus deudas. El día de hoy, finalmente, se realizará la junta en que se decidirá si se aprueba el plan de reestructuración propuesto por los administradores de DRP para definir su suerte. Suerte que, como veremos, es también la de todos los peruanos.
Los acreedores mayoritarios de los que depende principalmente la decisión son el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y Doe Run Cayman, que a su vez es propietaria de DRP. Curiosamente, esperemos que por torpeza, el año pasado el gobierno decidió que no se cambiara a los administradores de la deudora (aquellos que causaron el desastre ambiental y no pagaron a sus acreedores) y que son quienes han diseñado el plan de reestructuración que hoy se discute. Un plan que, de hecho, parece una broma, y hasta daría risa si no existiera el riesgo de que se apruebe.
Básicamente, la administración ofrece, a cambio de varias condiciones, que Renco (otra empresa del mismo grupo) preste US$65 millones para reestructurar la compañía. Es decir, que haga un generoso préstamo para reflotar DRP (su propia empresa), con la finalidad de que Doe Run Cayman (también suya) cobre su deuda. Como dicen en las novelas de Mario Puzo, “todo queda en familia”. Y por si eso fuera poco, parte del trato es que este préstamo se pague antes que el resto de deudas, permitiendo a Renco colarse en el primer lugar de la fila de acreedores.
A cambio del “generoso” préstamo de Renco, la actual administración de DRP exige que el Estado Peruano le devuelva los varios millones de dólares que pagó en multas impuestas por violar normas ambientales y que le condone las que aún no ha pagado y que ascienden casi a US$22 millones. Como si fuera poco pedir este salvoconducto para infringir la ley, el plan también exige que el Estado se responsabilice por las contingencias de las eventuales 1.500 demandas de afectados por la contaminación. Si estas, como es posible, se realizaran en EE.UU., podrían bordear los US$50 mil millones. Finalmente, la administración ha pedido que se cambien las leyes para que DRP tenga doce años adicionales (prorrogables en casos “imprevistos”) para adecuarse a los estándares ambientales peruanos.
Claro que, cuando diseñó su propuesta, la administración de Doe Run Perú pasó por alto algunos pequeños detalles, el menor de los cuales quizá sea que el resto de peruanos sabemos sumar. ¿O es que acaso esperan que no nos demos cuenta de lo absurdo que es regalar potenciales miles de millones a cambio de 60 millones que, para colmo, son prestados?
Pero eso no es todo, porque además la administración de DRP quiere, como condición para el préstamo, que el gobierno viole la ley y la Constitución. Y es que el gobierno no puede vender los derechos de todos los peruanos ni las leyes del país por ninguna suma (y menos por un préstamo de US$60 millones). El MINEM no tiene ningún derecho a obligar a los contribuyentes a pagar las indemnizaciones por los daños que causó DRP. Menos aun tiene derecho a darle a esta empresa, nuevamente, el privilegio de seguir operando destruyendo el medio ambiente o envenenando personas, como aquel 75% de niños de La Oroya que en el 2005 nacieron con plomo en la sangre gracias a los excesos de la fundición.
Con todas estas cartas sobre la mesa, la decisión que debería tomar el Estado es fácil y hasta obvia, pero aun así hay motivos para inquietarse. A pesar de que el MINEM ha calificado de inejecutable la propuesta de la administración de DRP, preocupa que hace poco el gobierno haya consentido que esta permanezca conduciendo la empresa. Preocupa también que varios congresistas planteen iniciativas para otorgarle todos los beneficios que está solicitando.
El gobierno tiene que rechazar este vergonzoso plan. Tiene que demostrar que los derechos de los peruanos no se venden como artículos de rebaja en el supermercado, que esta no es una novela de Puzo y que, aquí, no todo queda en familia.