Historia, geografía y economía

¿Por qué se justifica el financiamiento público de los partidos políticos?


Por: Martin Wolf Comentarista principal de economía

Martes 3 de Abril del 2012

La noticia sobre “la donación de fondos a cambio del acceso al poder”, difundida la semana pasada en el Reino Unido, se suma a una larga lista de escándalos similares. Y esto genera un cinismo que ahuyenta a la gente de la política y aumenta el riesgo de que la política quede exclusivamente en manos de ciertos intereses especiales. El resultado final es que la legitimidad se precipita en una espiral descendente.

Este último escándalo lo provocó Peter Cruddas, tesorero del Partido Conservador, al prometer a los donantes potenciales que no solo tendrían acceso a los legisladores y políticos –incluyendo al primer ministro David Cameron– sino que hasta podrían influir en las políticas. Desde entonces, el señor Cameron ha tenido que revelar los nombres de los donantes invitados a cenar en residencias oficiales.

Si este fuera un caso aislado, solo sería una tormenta en una taza de agua (o de té) en Westminster. Pero no lo es. En su desesperación por obtener dinero, los partidos han adoptado una conducta cuestionable – o una conducta que parece cuestionable –para atraer fondos. La pérdida de confianza que esto produce es sumamente costosa.

Frente a estos hechos, muchos opinan que la solución es que haya mayor financiamiento público, acompañado de un control más riguroso sobre la manera como se gastan estos fondos. Al respecto, la recomendación oficial más reciente la formuló en noviembre pasado el comité sobre deontología de la función pública, presidido por Sir Christopher Kelly.* El comité recomendó fijar un tope de £10.000 para las donaciones provenientes de particulares, un cambio hacia un sistema optativo para que las personas que lo deseen hagan donaciones a través de los sindicatos, y un recorte de 15% en los gastos autorizados para campañas políticas. El comité también recomendó que el apoyo que se viene brindando sea “complementado agregándosele una nueva forma de apoyo público pagado a todos los partidos que tengan dos o más representantes en el parlamento de Westminster o en las asambleas legislativas descentralizadas. Este financiamiento público dependería de la cantidad de votos obtenidos en las elecciones anteriores, a razón de unas £3 por voto en las elecciones en Westminster y de £1,50 por voto en las elecciones descentralizadas y en las europeas”.

¿Cuánta validez puede tener un argumento que interfiere de esa manera en la libertad de la gente para gastar su dinero como le plazca? Las respuestas deberían ser que: el desempeño efectivo del Estado es un bien público; en una democracia ese desempeño depende de que haya un proceso político legítimo; y los partidos políticos son piezas indispensables para que las aspiraciones se traduzcan en gobierno, sobre todo en los sistemas parlamentarios.

En síntesis, tal como lo sostiene el informe, “los partidos políticos proporcionan un bien público”. La acción voluntaria nunca ofrecerá suficientes bienes de ese tipo porque existe la posibilidad –o más bien la certeza– de que se abuse de ellos. Es más, a medida que la política ha ido perdiendo su vehemencia, la cantidad de miembros de los partidos ha mermado en forma aplastante, lo cual deja a los partidos mucho más expuestos aún a que se aprovechen de ellos quienes tienen intereses creados. En la actualidad, el peligro en ciernes es la plutocracia; vale decir, la habilidad de un grupo muy reducido de personas o de intereses económicos para doblegar el proceso político y someterlo a su voluntad. Si el electorado se da cuenta de que la política no es sino otra forma de estafar, ¿por qué habría que cuidarla?

La decisión de aumentar el financiamiento público implica grandes riesgos. El periodista Sir Simon Jenkins le dijo al comité que “en cuanto una organización democrática no solo abandona su compromiso hacia sus miembros, sino que además deja de depender de ellos, empieza a atrofiarse. Y eso es lo que les ha sucedido a los partidos políticos. . . Sin embargo, esto es tan significativo para la democracia que si los partidos perdieran contacto con sus miembros, al dejar de depender económicamente de ellos, dejarían de ser lo que yo llamo partidos políticos activos. Se volverían como los partidos europeos, en meros apéndices de la gente que está en el gobierno o fuera de él”. Y Sir Simon tiene toda la razón. Pero los partidos realmente dependen de las donaciones, y no de las cuotas de sus miembros: entre los años 2001 y 2010, el 64% de los ingresos del Partido Conservador correspondió a donaciones y apenas el 3% a las cuotas de sus partidarios; en el caso del Partido Laborista, el 61% fue donaciones; y el 13%, aportes de sus miembros. Ante esta enorme dependencia de las donaciones, cabe preguntar: ¿qué están comprando los donantes?

Otra objeción a un mayor financiamiento público es que los ricos, al ser tan pocos, necesitan contrapesar el poder de la mayoría. Ese tipo de argumento es el que más atrae a los partidarios de la liberalización. Si quienes se oponen al financiamiento público piensan así, hay que dejarlos que formulen abiertamente sus alegatos en pro del derecho a comprar los partidos políticos. Mi respuesta a esa postura es que el principio de igualdad en el terreno de la política se justifica, en parte, porque es necesario contrapesar el poder de los ricos.
No existen sistemas perfectos. Pero es preciso lograr un mejor equilibrio para no depender excesivamente de los grandes donantes, por un lado, y tampoco depender excesivamente del Estado, por otro lado. Cualquier persona sensata se da cuenta de que es un error permitir que los partidos dependan de grandes donaciones que provocan escándalos. Esto refuerza la alternativa de aumentar el financiamiento público pero poniéndole límites. Es evidente que ese tope debe ser equitativo para todos los partidos y por ello debe tomar en consideración el papel que desempeñan los sindicatos en el Partido Laborista. De igual forma, es fundamental que se mantenga una estrecha relación entre los esfuerzos que despliegan los partidos para recaudar fondos y el apoyo público que reciben. Por ese motivo, sería mucho mejor, en mi opinión, que los fondos públicos sean equivalentes a los fondos que reciben los partidos por donaciones sujetas a un tope, en vez de que el apoyo público dependa de la cantidad de votos que reciben. Es necesaria una reforma, pero debe hacerse con cuidado para que no fracase.

(*) Political party finance, November 2011, www.public-standards.org.uk