Ciencias Sociales

RINCÓN DEL AUTOR
El Estado patrimonialista
Por: Jaime de Althaus Guarderas
Viernes 30 de Abril del 2010
El escándalo de Cofopri es un caso grosero de corrupción, como efectivamente ha sido calificado, pero no es excepcional. En realidad, se trata de una manifestación extrema, paradigmática, del tipo de Estado que Max Weber llamaba “patrimonialista” o “sultanista”. Es decir, de un Estado premoderno en el que el gobernante o el alcalde o el jefe de la institución actúan como si los bienes del Estado fueran suyos, y disponen de ellos no según planes técnica y legalmente elaborados, sino de acuerdo con una lógica de intercambio de favores personales que les permiten conseguir apoyo político e ingresos económicos ilegales. Aquí no hay planificación impersonal y racional de los recursos y del gasto. Lo que hay es, de un lado, clientelismo político que permite captar dirigentes y grupos —te doy una obra o un beneficio a cambio de apoyo—, y de otro, clientelismo económico puro y duro que permite captar sobornos a cambio del otorgamiento de licencias o terrenos o títulos de propiedad o zonificaciones o lo que fuere aunque sea ilegal hacerlo. O dinero por acelerar licencias o trámites legales artificialmente trabados.
Para que eso sea posible, el alcalde o el jefe de la institución tienen que poner a gente de su confianza —cómplices— en todos los puestos claves, y estos a su vez hacer lo propio. No hay concursos públicos para contratar al personal, ni existe meritocracia ni menos aun evaluaciones del personal ni de los resultados de la gestión.
La administración pública, entonces, se convierte, en buena cuenta, en un botín. Esto es posible en la medida en que los pobladores no son aún contribuyentes, no tributan. Por lo tanto, no exigen cuentas. No son ciudadanos plenos. Las municipalidades recaudan poco Impuesto Predial, pero disponen ahora del canon y transferencias crecientes del Gobierno Central. Es la situación ideal para el clientelismo impune.
Por eso, hay un rechazo también creciente a la corrupción, pero asimismo porque hay una burguesía incipiente, una nueva clase media, emergente, que ha empezado a surgir desde la revolución capitalista de los años 90, que aún le falta ser plenamente contribuyente —formal— para ser ciudadana responsable, pero que sin duda terminará exigiendo una administración moderna y limpia.
Con la modernización capitalista a partir de la década del 90, se modernizan a su vez algunas instituciones estatales: las llamadas “islas de excelencia” (BCR, Sunat, Indecopi, organismos reguladores) y algunos pocos ministerios. El Ministerio de Economía intenta, recientemente, imponer el presupuesto por resultados en algunos programas y entregar recursos a las municipalidades a cambio de un incremento en la recaudación local. Y Servir empieza a evaluar a algunos sectores, como a los funcionarios del SNIP. Pero son los primeros pasos. Falta mucho.