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lunes, 30 de septiembre de 2013
miércoles, 15 de agosto de 2012
lunes, 19 de marzo de 2012
Historia, geografía y economía
EDITORIAL
También roba el que no paga
Aunque, bien vistas las cosas, la palabra “fraude” no alcanza para decir lo que el continuado incumplimiento de estas promesas de pago supone. Después de todo, que el Estado hubiese engañado a los bonistas cuando les entregó esos ultrasellados, firmados y decorados cartones en los que prometía pagarles una indemnización (a precio determinado por el mismo Estado y a lo largo de varias décadas) es solo una continuación de esta historia de injusticia. Antes de engañarles diciéndoles que les pagaría, ya había abusado de ellos quitándoles por ley lo que eran sus propiedades, agregando además insulto al abuso al llamar a este expolio “justicia social”. ¿Justicia social? ¿Acaso se estaba devolviendo a alguna sociedad lo que los expropiados le habían robado? Hasta donde se sabe, los expropiados habían obtenido sus hectáreas comprándolas o heredándolas de quienes las compraron.
Nada resta a la gravedad de lo anterior el que muchos de quienes hicieron la reforma agraria sí creyesen, apoyados en el concepto marxista de plusvalía, que los propietarios rurales habían robado – y de hecho robaban diariamente– a sus trabajadores para poder tener lo que tenían. Y es que esta era una creencia un tanto ligera, por decirlo con un eufemismo, por parte de un grupo de personas que no habían hecho nunca nada que se pareciese a un esfuerzo empresarial. La realidad, por lo demás, acabó desmintiéndolos y de una manera brutal. Luego de la reforma la productividad del campo peruano cayó estrepitosamente (habiendo casos como los del azúcar, en los que pasamos de ser uno de los más grandes exportadores mundiales a tener que importarla hasta hace solo 5 años). Las cooperativas donde se supondría florecería el supuesto espíritu eminentemente colectivista del campesino peruano fueron descompuestas por sus propios miembros en una serie de parcelas económicamente inviables. El desierto comenzó a comer hectáreas al verde. Y los supuestos beneficiados de todo el proceso acabaron migrando masivamente de un campo que se veía cada vez más abandonado a la ciudad. Había resultado que “la riqueza” no era simplemente la tierra: la riqueza había que crearla constantemente y eso no se podía hacer sin capital, tecnología y conocimiento.
No pretendemos negar que, antes de la reforma, había en el Perú una situación social en la que una enorme mayoría de personas vivía secularmente atrapada en la pobreza y carecía de las condiciones básicas para poder entrar al mercado y prosperar en él. Pero no se entiende de qué forma eso se superaría acabando con quienes sí generaban con su capital y emprendimientos oportunidades de empleo y mejoría. Y de hecho, luego de la reforma agraria el ingreso per cápita del campesino rural se desplomó. Lo único que se logró fue destruir a los ricos (lo que era el fin último de muchos de los velasquistas) y a la clase media rural que entonces existía, sin sacar a nadie de la pobreza.
Tampoco buscamos soslayar la existencia de abusos sistemáticos que se daban en algunas explotaciones agrícolas, sobre todo serranas, en las que el contrato de trabajo se confundía con el de servidumbre. Pero escapa a nuestra comprensión de qué forma la solución justa para esto era expropiar a todos los propietarios rurales del Perú.
Con todo lo grave que fue el atropello perpetrado por Velasco, sin embargo, por lo menos igual de grave ha sido su constante renovación hasta nuestros días con la extendida negativa del Estado Peruano, aún en tiempo de superávits, de pagarles lo que debe a los expropiados (o a sus herederos, puesto que muchos de los primeros murieron robados). Grave, porque supone haber vuelto al fraude masivo en una política de Estado: cada uno de nuestros balances nacionales que cierra en azul arrastra el incesante perromuerto, para decirlo en buen criollo, que se viene practicando con estos deudores desde los setenta. Y grave, porque implica que a nuestro Estado ni la ley ni la Constitución (hay varias sentencias del TC ordenando el pago a los bonistas) le supone nada, lo que le deja poca autoridad para reclamar a sus ciudadanos que cumplan con las normas, por ejemplo, formalizándose y pagando sus impuestos.
Los sucesivos gobiernos que se han negado al pago de esta deuda durante ya largos años de crecimiento, sin duda piensan que están colaborando con ello con el futuro de un país al que, desde luego, le viene bien el dinero que debe a los bonistas. Olvidan así, sin embargo, que lo que uno debe no le pertenece y que la injusticia nunca es buen terreno para construirle nada encima.
Historia, geografía y economía
ANÁLISIS POLÍTICO
El poder venido a menos de los ministros de Estado
Por: Juan Paredes Castro
El angustioso esfuerzo del Perú por dejar atrás los problemas mineros y ambientales revela la irónica pretensión de ministros y ministerios de imponer aquello de lo que históricamente carecen: de autoridad política.En la suerte excepcional de Luis Miguel Castilla, el hábito que viste sí hace al monje: él y su ministerio y las otras instituciones que lo rodean, del BCR a la Sunat, son un ejemplo de lo que los demás sectores del aparato público no pueden exhibir.
Como no se ha construido autoridad política en ministros y autoridad administrativa en ministerios, no hay manera de apagar los fuegos de protesta de la minería ilegal en Madre de Dios que llevando allí policías y fiscales. Es el típico recurso práctico de última instancia punitiva, a falta del básico cumplimiento de la ley en primera y segunda instancias.
Ante ministros y ministerios inermes, operadores y agitadores locales prefieren negociar sus intereses con la cúspide del poder político, es decir, con la jefatura de Estado o con la presidencia del Consejo de Ministros. Esta cúspide unas veces cede y otras deja las cosas en un punto muerto, como en Conga.
Hemos tenido que esperar 191 años para que la minería ilegal sea un delito. Pero el mérito del Gobierno de declararlo así podría ser efímero y frustrante si no viene acompañado de los instrumentos de poder que necesitan ministros y ministerios para decidir, controlar y fiscalizar. El decreto legislativo último contra la minería ilegal es como un manantial en el desierto que puede agotarse al primer descuido estatal y al primer sorbo de las mafias.
El gesto de respaldo de la oposición parlamentaria al Gobierno en el manejo de la crisis de Madre de Dios encierra otra ironía: ya quisiera Humala haber tenido este tipo de respaldo en su propia bancada y en todas las crisis políticas que le ha tocado enfrentar. Lo triste es que desde el Caso Chehade hasta el de Antauro Humala, y pasando por el conflicto minero y ambiental de Conga (el presidente regional de Cajamarca sublevado contra el Gobierno Central), el Congreso no ha sido capaz de poner un orden legislativo drástico en función de los poderes perdidos y venidos a menos en el Ejecutivo.
Un ritual de saludos y abrazos entre parlamentarios oficialistas y opositores en Palacio de Gobierno no resuelve la clamorosa ausencia de autoridad política en el país, de la que tampoco se libra el Congreso, cuyo presidente se pregunta hasta hoy, en un exceso de desconexión con la realidad, “para qué sirve” este poder del Estado.
Constitucionalmente, ser ministro de Estado en el despacho A o B tiene el peso que todos imaginamos. Pero en la práctica la concentración del poder presidencial es tal que hasta el primer ministro, llamado a ser el jefe de Gobierno del día a día, no tiene el protagonismo que debe tener. Hay ministros de Estado con despachos mediatizados, pues estos son tomados por viceministros o asesores todopoderosos.
Si quiere ministros y ministerios fuertes, Humala tiene que comenzar por eliminar toda interferencia entre los poderes legítimos. Estos quieren un lugar bajo el sol y no bajo la sombra ni bajo las zarzas.
Recomendamos leer tambièn la entrevista a Lourdes Flores Nano: http://elcomercio.pe/impresa/edicion, /2012-03-18/ecen180312a02 , donde habla sobre la coyuntura política actual y/o descargar dicho artículo del archivo vertical digital de la carpeta: Perú-Politica y gobierno
jueves, 15 de marzo de 2012
Historia, geografía y economía
El arte de distribuir el poder
Por: Juan Paredes Castro
Es cierto que una vez juzgado y condenado por el Poder Judicial quien vela y administra su carcelería es el Gobierno. Pero de ahí a que buena parte del poder político tenga casi que paralizarse por esto solo tiene una explicación: que Antauro Humala no acepta su condena a 19 años de prisión, rebajada de 25, como autor de una revuelta armada en la que fueron asesinados cuatro policías; reclama no ser sujeto de cárceles especiales sino comunes para luego ser trasladado (¡oh flagrante contradicción!) a otra especial militar; y finalmente despachar desde su celda cual lobbista en busca de favores del gobierno y azuzador de conflictos sociales, desde un nacionalismo radical que él quisiera que asumiera su hermano Ollanta, que ahora piensa muy distinto que hace seis años.
En democracias inmaduras como la peruana, la separación de poderes pinta más o menos en el papel y se respeta. Pero la forma como el Gobierno, el Congreso y la justicia usan y distribuyen sus propios poderes es lo que los ciudadanos menos seguimos hasta que nos escandalizamos por los efectos que impactan en la sociedad.
La pirámide de uso y distribución del poder en el Gobierno es la más grande y potencial de todas las demás. Y en la cúspide de esta, el uso y la distribución del poder presidencial reclaman una poderosa influencia: ya sea porque más de un gobierno regional cuadra al Gobierno Central; ya sea porque el tumulto busca imponerse sobre la ley; ya sea porque la informalidad es cada vez más una regla que una excepción, sin autoridad capaz de revertirla.
Nos invade la curiosidad sobre cómo Ollanta Humala usa y distribuye el poder presidencial, sobre cómo tiene que hacer de ello una de las razones de éxito de su gobierno, o sobre cómo ciertos desajustes pueden labrarle más de un fracaso.
Una vez distribuidos los poderes sectoriales a los ministros, queda un saldo neto de poder presidencial en manos de Humala y de quien es, después de él, el principal operador y vocero oficial del régimen: Óscar Valdés.
¿Con qué cuota de poder cuenta precisamente Valdés? ¿Con la suficiente que necesita un primer ministro? ¿La señora Nadine Heredia tiene también su cuota aparte o solo está detrás (con sus buenos consejos) de todo el poder presidencial que puede distribuir su esposo, que es además jefe del Estado y personifica a la nación?
Recuérdese cómo Alberto Fujimori fue cediendo el poder presidencial, al punto que llegado el 2000 lo tenía tristemente compartido con Vladimiro Montesinos y con las cúpulas militares.
¿Humala cede cuotas de poder reales y efectivas a sus asesores, como el coronel Adrián Villafuerte, que habría impuesto a rajatabla el cambio de carcelería de Antauro? ¿Y si Humala no cede poder, cuánto de este no usa ni distribuye, de modo que su autoridad se desgasta hacia adentro y se desconecta hacia afuera?
viernes, 17 de febrero de 2012
Ciencias Sociales
RINCÓN DEL AUTOR
Los tontos útiles
Por: Jaime de Althaus Guarderas
Pero es una batalla que el Gobierno da con escasos recursos y con aliados traicioneros que se suman a las fuerzas anárquicas. Ayer el presidente del Gobierno Regional de Madre de Dios, José Luis Aguirre, revelaba en El Comercio que la extraordinaria ofensiva que desató el Gobierno contra la devastadora minería ilegal en esa región, que despertó tanto entusiasmo, se ha pasmado sin que se llegara a iniciar el proceso de formalización. Ahora las mafias han retomado el control y el número de mineros ilegales se ha vuelto a multiplicar. La operación militar no tuvo continuidad en la tarea institucionalizadora. Al parecer, el Estado carece de la capacidad de llevar a cabo esfuerzos continuados y complejos de esta naturaleza. ¿Para qué entrar a Puno ahora si el resultado va a ser el mismo?
También podemos afirmar que por primera vez un gobierno parece decidido a enfrentar en serio al narcotráfico y recuperar sus zonas liberadas. La captura de ‘Artemio’ quizá sea el primer resultado de ese empeño, pero obviamente la batalla contra el narcotráfico requiere de una estrategia, un diseño organizativo y unos recursos con los que no parecemos contar en medida suficiente.
En estas y otras batallas el Estado tiene un gran aliado: la empresa formal. En el caso de la Amazonía, son las concesiones forestales bien manejadas, que previenen la tala ilegal, las pocas plantaciones que existen en ceja de selva y que ayudarían a prevenir la siembra de cocales, las empresas de gas e hidrocarburos, y las empresas turísticas. En la sierra, las inversiones en hidroeléctricas y, sobre todo, las empresas mineras modernas y ambientalmente responsables.
Esas empresas, fiscalizables, son puntas de lanza o avanzadas de la implantación del Estado legal en el país. Por eso, contra ellas se movilizan los mineros ilegales y los narcotraficantes, que quisieran mantener territorios crecientes bajo su propia ley, la de la fuerza. Pero no solo ellos. Cuentan, como aliados legitimadores, con caciques locales oportunistas, asteroides de un sistema de partidos que estalló, y con las dirigencias radicales y no tan radicales de izquierda que siguen creyendo que el enemigo es el capital, y que bajo el disfraz ambientalista terminan de tontos útiles de las fuerzas destructoras del ambiente y de la ley. En lugar de sumarse a la gran tarea de construir el Estado legal en el Perú.
jueves, 16 de febrero de 2012
Ciencias Sociales
DIVORCIO ENTRE LOS NIVELES DEL PODER
Deficiente articulación entre el Gobierno y las regiones
Por: Raúl Ferrero Costa Jurista
Desde hace 190 años batallamos para que el Estado unitario se descentralice para así lograr nuestro desarrollo integral.
Hasta la fecha este propósito no ha tenido éxito y, por el contrario, el sistema de subdividir nuestro territorio en 26 regiones nos ha dado pobres resultados, entre otras razones, porque cada región se siente equivocadamente autosuficiente.
Los dos serios intentos por crear macrorregiones (con los presidentes Toledo y García) no funcionaron, principalmente porque ninguna de las actuales regiones aceptaba que la macrorregión por crearse tuviese como capital a una ciudad que no fuese de su región.
A esto se agrega un problema tan serio como el anterior, como es la falta de articulación entre el Gobierno Nacional y las regiones.
Las reuniones de los presidentes regionales con el presidente de la República son ocasionales, por lo que no logran concretar el funcionamiento de una coordinación efectiva, ni se hace seguimiento sobre lo que se acuerde.
La realidad es que nuestro país se encuentra administrativa y políticamente desarticulado.
Esto hace que los líderes regionales, ya sean presidentes (deberían denominarse gobernadores) de región o representantes de frentes regionales, se sientan independientes del Gobierno Nacional y hasta lo miren como uno ajeno.
Esta pugna, nada edificante, está llevando a enfrentamientos inútiles entre los gobiernos representativos de las regiones y el Gobierno Central.
Así, a pesar de que los gobiernos regionales no llegan a ejecutar ni dos tercios de sus presupuestos anuales, usualmente culpan al Poder Ejecutivo de no proveer a tiempo los recursos que les corresponden o que el filtro del SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública) es demasiado exigente con los proyectos regionales que son sometidos a su aprobación.
Aunque haya algo de verdad en esto último (el SNIP debería flexibilizarse), también es cierto que resulta indispensable que exista dicho mecanismo para así evitar el dispendio o la obra superflua, como aquel monumento al árbitro de fútbol en Tumbes.
No pensamos que la culpa de esta desarticulación cada vez más complicada tenga como responsable a ningún gobierno regional en particular.
Sí creemos que el esfuerzo más grande de articulación depende del Gobierno Nacional que debería priorizar esa coordinación para beneficio del país.
Gran parte de los desencuentros que estamos presenciando en los últimos tiempos se debe a ese insuficiente esfuerzo por entender las necesidades de cada región, y así buscar juntos soluciones que favorezcan el interés nacional.
Las regiones no pueden ser compartimentos estancos si es que queremos que el Perú siga creciendo al ritmo que nos permita llegar a alcanzar el desarrollo en los próximos diez o quince años.
No estropeemos lo logrado, simplemente por nuestra incapacidad de ver que la desarticulación del Gobierno Central con las regiones viene acentuándose cada vez más.
Finalmente, a esto se agrega que dentro de las regiones se vienen produciendo hechos ilícitos tolerados por las autoridades, que llevan a profunda preocupación, como es el caso de los mineros ilegales en Madre de Dios o en Chumbivilcas (Cusco) en que insólitamente terminan poniendo condiciones que las autoridades acaban aceptando.
miércoles, 23 de noviembre de 2011
jueves, 13 de octubre de 2011
Ciencias Sociales
RINCÓN DEL AUTOR
Steve Jobs y el Estado
Por: Beatriz Boza
Ideas brillantes hay y gente creativa también, especialmente en un país tan diverso como el nuestro, pero esa creatividad de la cual los peruanos hacemos gala no florece como debería. La ineficacia de nuestro aparato estatal explica en parte esta situación; sin embargo, eso está cambiando pues creatividad no es sinónimo de ley de la selva sino que requiere un Estado fuerte y eficaz que haga cumplir las reglas. En ese sentido, el caso del Instituto Nacional de Salud (INS) merece ser destacado.
¿Sabía que somos una de las principales plazas latinoamericanas para el desarrollo de nuevos medicamentos mediante investigación experimental en seres humanos? ¿Sabía que en el Perú se realizan más de 130 ensayos clínicos con seres humanos al año? Participar implica recibir un medicamento aún en fase de experimentación para probar si es efectivo y si no causa daños, pudiendo estos en algunos casos llegar a ser fatales. El rol del Estado en esto es vital ya que el incumplimiento de los principios éticos en investigación y la ausencia de buenas prácticas clínicas afectan la salud y los derechos de los participantes. El INS no solo ha fortalecido las acciones de fiscalización de los ensayos clínicos, lo que mereció el Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2011, sino que es una de las pocas entidades estatales que publica una revista de investigación indexada en el ámbito internacional.
La evaluación, registro y supervisión de las actividades de investigación, además de la necesaria difusión, es un rol indelegable del Estado no solo en temas de salud sino agrarios, marinos, mineros, nucleares, pesqueros, de recursos naturales o aeroespaciales. Harían bien el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, así como el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA), Instituto Tecnológico Pesquero (ITP), la Agencia Espacial del Perú (Conida), Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), Imarpe, Inrena, IPEN y demás entidades del sistema nacional de ciencia y tecnología en hacer suyas las buenas prácticas del INS para generar condiciones apropiadas para la innovación.
lunes, 10 de octubre de 2011
martes, 6 de septiembre de 2011
Ciencias Sociales
EDITORIAL
La reforma que ningún gobierno ha querido aprobar
Salvo la evolución positiva de algunas entidades públicas y la aplicación de esquemas eficientes como los presupuestos por resultados, las últimas administraciones no han tenido como prioridad el tema, a pesar de ser uno de los puntales del Acuerdo Nacional y la vía más rápida para enfrentar los problemas que frenan el desarrollo del Perú.
Es claro que cualquier proceso que se emprenda debe tener como objetivo prioritario poner el Estado al servicio del ciudadano y comunidades que no reconocen su presencia y que incluso han llegado al extremo de desconocer que el país es uno e indivisible, como establece nuestra Constitución. En otras palabras, necesitamos un Estado que democratice, que escuche y revalore.
Bajo esa premisa, la reforma tiene que apuntar a la modernización de la estructura estatal, lo cual implica fortalecerla y reducirla. Para ello, el gobierno debe decidir si promueve las concesiones o, como propuso en la Mesa Redonda Sinesio López, asesor de la PCM, “desprivatiza el Estado”.
En lo que todos los sectores están de acuerdo es que debe funcionar bien, y para eso requiere contar con los mejores cuadros técnicos y profesionales, adecuadamente remunerados y sujetos a un sistema que premie la eficiencia.
En la práctica, el Estado ha sido víctima de la ‘carnetización’, que saturó la administración pública con personajes del partido de gobierno, pero con escasas capacidades para los puestos, o de la demagogia de políticos que por una supuesta austeridad redujeron los sueldos y ocasionaron la migración de los técnicos del sector público al privado.
Así como se necesitan recursos humanos de excelencia, las entidades públicas deben fijar objetivos anuales y quincenales, difundir sus resultados a través de portales de transparencia permanentemente actualizados, mejorar sus procesos internos, con base en una eficaz y eficiente política de gestión y planificación. Esfuerzos como la simplificación administrativa, la formulación de presupuestos por resultados y un sistema de compras corporativas deben fortalecerse y extenderse.
El Estado debe convertirse en promotor de la actividad privada, lo cual involucra precisar qué hará cada uno. Los hechos demuestran que el sector público no ha sido un buen gerente y que existen tareas que no están a su alcance por diversos factores. ¿Por qué no delegarlas al sector privado? El acuerdo con los empresarios mineros es un primer paso hacia esta coordinación y división de tareas en beneficio del país.
Finalmente, es necesario fomentar la carrera administrativa, preparar y capacitar al personal, para que los funcionarios accedan a mandos medios y altos progresivamente con base en sus méritos. En la práctica, la empleocracia no ha sido ni es en el Perú sinónimo de meritocracia, es decir, de una política que reconozca el profesionalismo.
Como concluyó la Mesa Redonda de El Comercio, corresponde al presidente y a todos los estamentos que componen el Estado participar activamente en esta reforma. Desde nuestro punto de vista, la tarea debe ser liderada por el presidente del Consejo de Ministros y desarrollarse en un proceso paulatino, cuyos logros tendrían que darse a conocer al país periódicamente.
¿Asumirá este gobierno esta tarea ardua y a veces impopular que ninguno de sus antecesores quiso liderar?
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Emblemático acuerdo entre Estado y empresas mineras
Por Juan Incháustegui. Ex ministro de Energía y Minas
Yo reclamo
Por Fernando Vivas. Periodista
El habla culta
Por Martha Hildebrandt
Flor de coca
Por Mariella Balbi
martes, 12 de julio de 2011
Ciencias Sociales
El papel del Estado
Por: Eduardo Vega Luna Defensor del Pueblo
Evidentemente, el rol que le toca desempeñar a la Defensoría del Pueblo en los conflictos sociales es sustancialmente diferente al que le corresponde desempeñar a las instancias de Gobierno, en la medida en que la Defensoría del Pueblo no tiene mandato constitucional ni legal para resolver conflictos. Además, carece de autoridad administrativa investida de poder resolutorio. La labor de la defensoría es defender los derechos fundamentales y supervisar que las autoridades cumplan con sus deberes legales.
La responsabilidad de atender las demandas sociales y de procurarles una solución corresponde a las instituciones con competencia legal para adoptar decisiones y resolver los conflictos (Poder Ejecutivo, Congreso de la República, gobiernos regionales y locales), para lo cual, efectivamente, dichas autoridades deberán tener planes adecuados de prevención, gestión y negociación.
En los conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo contribuye con las autoridades competentes para obtener su solución pacífica, pero no las sustituye. Por ello, hemos asumido la tarea de crear condiciones para el diálogo, interviniendo directamente en el trato con las autoridades y la población. Esta decisión ha implicado que nuestra institución realice, en promedio, 150 intervenciones mensuales en todo el ámbito nacional, en coordinación con autoridades y dirigentes, con la ciudadanía y las empresas, así como participar en la mayoría de los procesos de diálogo.
Por otra parte, en la Defensoría del Pueblo monitoreamos minuciosamente el estado de la conflictividad social y elaboramos un reporte mensual de conflictos sociales. Los datos están allí y pueden ser contrastados públicamente. El reporte da cuenta de los conflictos sociales (ya sean activos, latentes o en procesos de diálogo), que constituyen oportunidades para lograr cambios beneficiosos para todas las partes. Hasta hoy se han publicado, ininterrumpidamente, 88 reportes mensuales de conflictos sociales.
Además, en la institución se desarrollan labores de capacitación destinadas al personal de los gobiernos regionales y locales, con el fin de fortalecer las competencias de las autoridades llamadas a resolver la conflictividad social.
En su condición de órgano constitucionalmente autónomo, la Defensoría del Pueblo ha cumplido escrupulosamente sus funciones de atención de la conflictividad social, en el marco de nuestras competencias constitucionales y de nuestro firme compromiso con la democracia y el fortalecimiento de sus instituciones.
En razón de ello, hemos colaborado y colaboramos activamente con los diferentes niveles de gobierno, en la convicción de que la democracia se fortalece cuando cada quien cumple con las competencias que le han sido asignadas.
Finalmente, desde la Defensoría del Pueblo renovamos nuestro compromiso permanente con el país, con sus autoridades y con la ciudadanía, en la búsqueda de la paz, el diálogo y la transformación de los conflictos sociales como condiciones para garantizar el pleno respeto de los derechos de todos los peruanos y peruanas.
martes, 1 de marzo de 2011
Ciencias
PROYECCIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO
La ciencia y la tecnología como política de Estado
Por: Francisco Morales Bermúdez*
Martes 1 de Marzo del 2011
La política científica se ocupa inicialmente del empleo óptimo de la ciencia y la tecnología como agentes del crecimiento económico y del desarrollo humano.
La Unesco define la política científica como la suma de medidas legislativas y ejecutivas que se toman por el Estado para aumentar, organizar y utilizar el potencial científico y tecnológico, con el propósito de alcanzar los objetivos del desarrollo global del país y de mejorar su posición en el mundo.
Según este concepto, la política científica tiene dos aspectos principales: el desarrollo a largo plazo de un potencial nacional científico y tecnológico, y el empleo efectivo de este potencial para satisfacer las necesidades del desarrollo. Existe pues una interacción recíproca entre la planeación de la ciencia y la del desarrollo. En consecuencia, la proyección científica debe ser una parte integral de la concepción del desarrollo general, formando un sistema dinámico capaz de responder a los nuevos conocimientos, nuevas informaciones y circunstancias cambiantes. Por ello implica también utilizar en la mejor forma posible los conocimientos científicos y tecnológicos que se pueden obtener en otros países, mediante programas de asistencia técnica y transferencia directa.
Se necesitan coordinaciones institucionales interrelacionadas entre las universidades, los centros de investigación y los sectores económicos y sociales que aseguren que los programas de investigación y desarrollo sean correspondientes a los objetivos y que se obtengan resultados exitosos mediante la aplicación práctica.
La política científica debe abarcar, en esta forma, campos tales como los servicios de extensión agrícola, el mejoramiento de la producción industrial, la defensa del medio ambiente, el incremento del valor agregado, la investigación de propiedades medicinales de productos naturales, el desarrollo nuclear pacífico –en el que estamos tan atrasados–, etc.
El Estado debe establecer las reglas de juego que orienten el desarrollo científico a través de un programa flexible y de responsabilidades claramente establecidas, entre las cuales podemos destacar: definir la estructura y organización de un sistema nacional de ciencia y tecnología, establecer el marco normativo adecuado para la protección intelectual, fortalecer el papel promotor, catalizador y coordinador del órgano rector del sistema (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), fomentar un entorno favorable para la interacción de investigación y desarrollo entre las empresas, universidades y centros de investigación y, además, canalizar recursos importantes de fuente nacional y extranjera destinados a las actividades científicas y tecnológicas.
No hay duda de que si nuestro país quiere salir de un nivel de poco desarrollo y alcanzar metas superiores, requiere de un proyecto nacional factible en el largo plazo cuyo núcleo sea un plan de desarrollo viable de la investigación científica y tecnológica que dé frutos científicos, económicos y sociales, un plan no dirigista sino participativo, ligado a nuestra realidad, pero a su vez, conectado con el mundo que nos rodea. Esta es una exigencia prioritaria para el nuevo gobierno que el pueblo del Perú elija.
(*) Ex presidente del Perú
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