EDITORIAL

La reforma que ningún gobierno ha querido aprobar

Martes 6 de Setiembre del 2011

La reciente Mesa Redonda de El Comercio puso en debate las acciones que el Gobierno deberá liderar con absoluta voluntad política para hacer realidad la postergada reforma y modernización del Estado.
Salvo la evolución positiva de algunas entidades públicas y la aplicación de esquemas eficientes como los presupuestos por resultados, las últimas administraciones no han tenido como prioridad el tema, a pesar de ser uno de los puntales del Acuerdo Nacional y la vía más rápida para enfrentar los problemas que frenan el desarrollo del Perú.
Es claro que cualquier proceso que se emprenda debe tener como objetivo prioritario poner el Estado al servicio del ciudadano y comunidades que no reconocen su presencia y que incluso han llegado al extremo de desconocer que el país es uno e indivisible, como establece nuestra Constitución. En otras palabras, necesitamos un Estado que democratice, que escuche y revalore.
Bajo esa premisa, la reforma tiene que apuntar a la modernización de la estructura estatal, lo cual implica fortalecerla y reducirla. Para ello, el gobierno debe decidir si promueve las concesiones o, como propuso en la Mesa Redonda Sinesio López, asesor de la PCM, “desprivatiza el Estado”.
En lo que todos los sectores están de acuerdo es que debe funcionar bien, y para eso requiere contar con los mejores cuadros técnicos y profesionales, adecuadamente remunerados y sujetos a un sistema que premie la eficiencia.
En la práctica, el Estado ha sido víctima de la ‘carnetización’, que saturó la administración pública con personajes del partido de gobierno, pero con escasas capacidades para los puestos, o de la demagogia de políticos que por una supuesta austeridad redujeron los sueldos y ocasionaron la migración de los técnicos del sector público al privado.
Así como se necesitan recursos humanos de excelencia, las entidades públicas deben fijar objetivos anuales y quincenales, difundir sus resultados a través de portales de transparencia permanentemente actualizados, mejorar sus procesos internos, con base en una eficaz y eficiente política de gestión y planificación. Esfuerzos como la simplificación administrativa, la formulación de presupuestos por resultados y un sistema de compras corporativas deben fortalecerse y extenderse.
El Estado debe convertirse en promotor de la actividad privada, lo cual involucra precisar qué hará cada uno. Los hechos demuestran que el sector público no ha sido un buen gerente y que existen tareas que no están a su alcance por diversos factores. ¿Por qué no delegarlas al sector privado? El acuerdo con los empresarios mineros es un primer paso hacia esta coordinación y división de tareas en beneficio del país.
Finalmente, es necesario fomentar la carrera administrativa, preparar y capacitar al personal, para que los funcionarios accedan a mandos medios y altos progresivamente con base en sus méritos. En la práctica, la empleocracia no ha sido ni es en el Perú sinónimo de meritocracia, es decir, de una política que reconozca el profesionalismo.
Como concluyó la Mesa Redonda de El Comercio, corresponde al presidente y a todos los estamentos que componen el Estado participar activamente en esta reforma. Desde nuestro punto de vista, la tarea debe ser liderada por el presidente del Consejo de Ministros y desarrollarse en un proceso paulatino, cuyos logros tendrían que darse a conocer al país periódicamente.
¿Asumirá este gobierno esta tarea ardua y a veces impopular que ninguno de sus antecesores quiso liderar?