Ciencias Sociales

RINCÓN DEL AUTOR

Los tontos útiles

Por: Jaime de Althaus Guarderas

Viernes 17 de Febrero del 2012

Es curioso cómo el gobierno de Ollanta Humala descubre que la batalla fundamental que le toca librar es aquella por la formalización del país, por la institucionalización, por la implantación del Estado legal en todo el territorio. En realidad, no es un designio extraño a un nacionalista. Sin Estado legal, sin Estado de derecho concreto en todo el territorio, la misma democracia es una ilusión.
Pero es una batalla que el Gobierno da con escasos recursos y con aliados traicioneros que se suman a las fuerzas anárquicas. Ayer el presidente del Gobierno Regional de Madre de Dios, José Luis Aguirre, revelaba en El Comercio que la extraordinaria ofensiva que desató el Gobierno contra la devastadora minería ilegal en esa región, que despertó tanto entusiasmo, se ha pasmado sin que se llegara a iniciar el proceso de formalización. Ahora las mafias han retomado el control y el número de mineros ilegales se ha vuelto a multiplicar. La operación militar no tuvo continuidad en la tarea institucionalizadora. Al parecer, el Estado carece de la capacidad de llevar a cabo esfuerzos continuados y complejos de esta naturaleza. ¿Para qué entrar a Puno ahora si el resultado va a ser el mismo?
También podemos afirmar que por primera vez un gobierno parece decidido a enfrentar en serio al narcotráfico y recuperar sus zonas liberadas. La captura de ‘Artemio’ quizá sea el primer resultado de ese empeño, pero obviamente la batalla contra el narcotráfico requiere de una estrategia, un diseño organizativo y unos recursos con los que no parecemos contar en medida suficiente.
En estas y otras batallas el Estado tiene un gran aliado: la empresa formal. En el caso de la Amazonía, son las concesiones forestales bien manejadas, que previenen la tala ilegal, las pocas plantaciones que existen en ceja de selva y que ayudarían a prevenir la siembra de cocales, las empresas de gas e hidrocarburos, y las empresas turísticas. En la sierra, las inversiones en hidroeléctricas y, sobre todo, las empresas mineras modernas y ambientalmente responsables.
Esas empresas, fiscalizables, son puntas de lanza o avanzadas de la implantación del Estado legal en el país. Por eso, contra ellas se movilizan los mineros ilegales y los narcotraficantes, que quisieran mantener territorios crecientes bajo su propia ley, la de la fuerza. Pero no solo ellos. Cuentan, como aliados legitimadores, con caciques locales oportunistas, asteroides de un sistema de partidos que estalló, y con las dirigencias radicales y no tan radicales de izquierda que siguen creyendo que el enemigo es el capital, y que bajo el disfraz ambientalista terminan de tontos útiles de las fuerzas destructoras del ambiente y de la ley. En lugar de sumarse a la gran tarea de construir el Estado legal en el Perú.