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domingo, 8 de abril de 2012

Historia, Geografía y Economía






RINCÓN DEL AUTOR

¿Y el golpe del 3 de octubre de 1968?

Por: Martha Meier M Q
Sábado 7 de Abril del 2012
El autogolpe del 5 de abril de 1992 del presidente Alberto Fujimori es ciertamente criticable.
Curiosamente quienes hoy –dos décadas más tarde– insisten en tratar de satanizar tal medida de excepción, trabajaron y colaboraron con la dictadura militar, corrupta y socialista, de Juan Velasco Alvarado.
A punta de bota y metralla se atropelló, entonces, a todas las instituciones democráticas del país, se cerró permanentemente el Congreso, se persiguió y deportó a los líderes de los partidos políticos y periodistas de oposición. ¿Qué dijeron de todo eso quienes hoy se rasgan las vestiduras por la democracia y llaman dictadura al gobierno de Fujimori? Nada.
Más bien quienes fueron asalariados mastines mediáticos de los militares acusan e insultan constantemente a quienes no comparten su pensamiento único.
Estos personajes pretenden que el Perú olvide las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, de propiedad y de expresión perpetradas por la dictadura que los aupó.
La dictadura militar les fue cómoda: les abrió campo político, intelectual, y usaron la prensa confiscada para la autopromoción.
Hasta hoy callan el despilfarro del velascato en la construcción de mastodónticas e innecesarias sedes ministeriales y la turbidez en el manejo de la cosa pública.
Esos mismos personajes llamaron “dictablando” al presidente Fernando Belaunde Terry en su segundo gobierno (1980-1985) y acusaron de genocida al presidente Alan García en su primer mandato (1985-1990). ¿No tienen algo que decirnos sobre el 3 de octubre de 1968 en vez de gastar tanta tinta en el 5 de abril de 1992?
Bueno sería que recordaran que dos décadas atrás nuestro país sobrevivía cercado y desangrado por el terrorismo genocida de Sendero Luminoso y del MRTA.
La amenaza era de tal magnitud para la región que –según se reveló hace algunos años– el gobierno norteamericano evaluó la creación de una fuerza militar multinacional para evitar el avance terrorista. A principios de los noventa esta era una tierra insegura para vivir y vislumbrar el futuro.
Varias generaciones crecimos en el miedo, entre toques de queda, apagones y carros-bomba. La noticia diaria giraba en torno a la perversidad terrorista ensañada contra los campesinos, los líderes y lideresas de base popular, comunal y partidaria y personajes representativos de las instituciones democráticas, religiosas y Fuerzas Armadas.
El 5 de abril fue una salida temporal del marco constitucional, no fue lo mejor ni lo más inteligente y quizá hubiera podido evitarse. Prontamente se convocó un Congreso Constituyente Democrático, CCD, conformado por representantes de las distintas tiendas políticas, tanto de la derecha opositora como de la izquierda. La Constitución emanada de ese CCD sigue guiando el rumbo del país. ¿La diferencia? Durante el gobierno de Toledo se borró de ella la firma de Fujimori.

lunes, 19 de marzo de 2012

Historia, geografía y economía






EDITORIAL

También roba el que no paga

Domingo 18 de Marzo del 2012
El nombramiento de Beatriz Merino como representante de parte de los tenedores de bonos de la reforma agraria ha vuelto a poner sobre el tapete el tema de uno de los fraudes más grandes de la historia contemporánea del Perú. Una estafa particularmente grave cuando uno toma en cuenta que su continuo y desvergonzado autor es el supuesto encargado de velar por el cumplimiento de la ley: el Estado.
Aunque, bien vistas las cosas, la palabra “fraude” no alcanza para decir lo que el continuado incumplimiento de estas promesas de pago supone. Después de todo, que el Estado hubiese engañado a los bonistas cuando les entregó esos ultrasellados, firmados y decorados cartones en los que prometía pagarles una indemnización (a precio determinado por el mismo Estado y a lo largo de varias décadas) es solo una continuación de esta historia de injusticia. Antes de engañarles diciéndoles que les pagaría, ya había abusado de ellos quitándoles por ley lo que eran sus propiedades, agregando además insulto al abuso al llamar a este expolio “justicia social”. ¿Justicia social? ¿Acaso se estaba devolviendo a alguna sociedad lo que los expropiados le habían robado? Hasta donde se sabe, los expropiados habían obtenido sus hectáreas comprándolas o heredándolas de quienes las compraron.
Nada resta a la gravedad de lo anterior el que muchos de quienes hicieron la reforma agraria sí creyesen, apoyados en el concepto marxista de plusvalía, que los propietarios rurales habían robado – y de hecho robaban diariamente– a sus trabajadores para poder tener lo que tenían. Y es que esta era una creencia un tanto ligera, por decirlo con un eufemismo, por parte de un grupo de personas que no habían hecho nunca nada que se pareciese a un esfuerzo empresarial. La realidad, por lo demás, acabó desmintiéndolos y de una manera brutal. Luego de la reforma la productividad del campo peruano cayó estrepitosamente (habiendo casos como los del azúcar, en los que pasamos de ser uno de los más grandes exportadores mundiales a tener que importarla hasta hace solo 5 años). Las cooperativas donde se supondría florecería el supuesto espíritu eminentemente colectivista del campesino peruano fueron descompuestas por sus propios miembros en una serie de parcelas económicamente inviables. El desierto comenzó a comer hectáreas al verde. Y los supuestos beneficiados de todo el proceso acabaron migrando masivamente de un campo que se veía cada vez más abandonado a la ciudad. Había resultado que “la riqueza” no era simplemente la tierra: la riqueza había que crearla constantemente y eso no se podía hacer sin capital, tecnología y conocimiento.
No pretendemos negar que, antes de la reforma, había en el Perú una situación social en la que una enorme mayoría de personas vivía secularmente atrapada en la pobreza y carecía de las condiciones básicas para poder entrar al mercado y prosperar en él. Pero no se entiende de qué forma eso se superaría acabando con quienes sí generaban con su capital y emprendimientos oportunidades de empleo y mejoría. Y de hecho, luego de la reforma agraria el ingreso per cápita del campesino rural se desplomó. Lo único que se logró fue destruir a los ricos (lo que era el fin último de muchos de los velasquistas) y a la clase media rural que entonces existía, sin sacar a nadie de la pobreza.
Tampoco buscamos soslayar la existencia de abusos sistemáticos que se daban en algunas explotaciones agrícolas, sobre todo serranas, en las que el contrato de trabajo se confundía con el de servidumbre. Pero escapa a nuestra comprensión de qué forma la solución justa para esto era expropiar a todos los propietarios rurales del Perú.
Con todo lo grave que fue el atropello perpetrado por Velasco, sin embargo, por lo menos igual de grave ha sido su constante renovación hasta nuestros días con la extendida negativa del Estado Peruano, aún en tiempo de superávits, de pagarles lo que debe a los expropiados (o a sus herederos, puesto que muchos de los primeros murieron robados). Grave, porque supone haber vuelto al fraude masivo en una política de Estado: cada uno de nuestros balances nacionales que cierra en azul arrastra el incesante perromuerto, para decirlo en buen criollo, que se viene practicando con estos deudores desde los setenta. Y grave, porque implica que a nuestro Estado ni la ley ni la Constitución (hay varias sentencias del TC ordenando el pago a los bonistas) le supone nada, lo que le deja poca autoridad para reclamar a sus ciudadanos que cumplan con las normas, por ejemplo, formalizándose y pagando sus impuestos.
Los sucesivos gobiernos que se han negado al pago de esta deuda durante ya largos años de crecimiento, sin duda piensan que están colaborando con ello con el futuro de un país al que, desde luego, le viene bien el dinero que debe a los bonistas. Olvidan así, sin embargo, que lo que uno debe no le pertenece y que la injusticia nunca es buen terreno para construirle nada encima.