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martes, 13 de diciembre de 2022
jueves, 26 de agosto de 2021
lunes, 18 de mayo de 2020
viernes, 4 de octubre de 2019
miércoles, 2 de octubre de 2019
Ciencias Sociales
¿El golpe? by Biblioteca Carmelitas-Secundaria on Scribd
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miércoles, 15 de noviembre de 2017
Historia, geografía y economía
El ejército toma el control de Zimbabue y arresta al presidente Mugabe
Soldados en vehículos blindados se apostaron en puntos clave de la capital, Harare, mientras los zimbabuenses formaban largas filas en los bancos para retirar el límite de efectivo disponible
Tanques del ejército recorren la capital de Zimbabue. El presidente Robert Mugabe está detenido. (AFP).
Harare. El ejército de Zimbabue dijo el miércoles que el presidente del país, Robert Mugabe,
y su esposa están bajo custodia y que están asegurando las oficinas
gubernamentales y patrullando las calles de la capital tras una noche de
disturbios que incluyó la toma de la televisora estatal por parte de
los militares.
Los
acontecimientos ocurridos durante la noche generaron especulaciones
sobre un posible golpe de Estado, pero partidarios del ejército
calificaron la operación de “correctivo incruento”.
Soldados en
vehículos blindados se apostaron en puntos clave de la capital, Harare,
mientras los zimbabuenses formaban largas filas en los bancos para
retirar el límite de efectivo disponible, una tarea rutinaria ante la
crisis financiera que atraviesa la nación africana. La gente recurría a
sus celulares para informarse sobre la toma de poder del ejército y
otros acudían a sus trabajos o a comprar.
Notas relacionadas
En un discurso a la nación tras tomar el control de la Zimbabwe Broadcasting
Corporation, el mayor general Sibusiso Moyo dijo a primera hora del
miércoles que el ejército busca a los “delincuentes” que rodean a Mugabe y quiso tranquilizar al país afirmando que se restaurará el orden.
No estuvo claro cuál era el paradero de Mugabe,
de 93 años, y su esposa el miércoles, pero parece que estaban bajo
custodia militar. "Su seguridad está garantizada", señaló Moyo.
"Queremos dejar absolutamente claro que esto no es un golpe militar", dijo el vocero militar en el comunicado. "Solo estamos buscando a los criminales que están alrededor (de Mugabe) que están cometiendo delitos que están causando un sufrimiento social y económico al país para llevarlos ante la justicia”.
“Tan pronto como cumplamos nuestra misión, esperamos que la situación vuelva a la normalidad”, apuntó Moyo, quien pidió a las iglesias del país que rezaran por el país. Instó a otras fuerzas de seguridad a "cooperar por el bien de nuestro país” advirtiendo que "cualquier provocación sr topará con una respuesta apropiada”.
"Queremos dejar absolutamente claro que esto no es un golpe militar", dijo el vocero militar en el comunicado. "Solo estamos buscando a los criminales que están alrededor (de Mugabe) que están cometiendo delitos que están causando un sufrimiento social y económico al país para llevarlos ante la justicia”.
“Tan pronto como cumplamos nuestra misión, esperamos que la situación vuelva a la normalidad”, apuntó Moyo, quien pidió a las iglesias del país que rezaran por el país. Instó a otras fuerzas de seguridad a "cooperar por el bien de nuestro país” advirtiendo que "cualquier provocación sr topará con una respuesta apropiada”.
Notas relacionadas
El ejército pidió además a todos los soldados que regresasen a sus acuartelamientos y canceló todos los permisos concedidos.
Durante la noche se escucharon al menos tres explosiones en Harare y se vieron vehículos militares en las calles.
Estas acciones parecen dejar a los militares al frente del país. El lunes, el comandante del ejército Constantino Chiwenga había amenazado con “intervenir” para calmar las tensiones políticas. El partido de Mugabe, ZANU-PF, respondió acusando al general de "conducta traidora". Pero ahora Chiwenga parece estar al mando.
El ejército fue elogiado por los veteranos de guerra del país por llevar a cabo "un correctivo incruento ante un grave abuso de poder”. El ejército devolverá a Zimbabue a una “democracia genuina” y hará del país un “modelo de nación moderna”, dijo Chris Mutsvangwa, presidente del grupo, a The Associated Press en Johannesburgo.
Mutsvangwa y los veteranos de guerra son estrechos aliados de Emmerson Mnangagwa, que fue cesado de su cargo de vicepresidente por Mugabe la semana pasada. Mnangagwa huyó del país entonces, pero dijo que regresaría para liderarlo.
Un miembro destacado de la asociación de veteranos dijo más tarde que Mugabe debía ser destituido como presidente y líder del partido gobernante. En declaraciones a la prensa en Harare, Victor Matemadanda dijo que el país estaba cayendo en un “estado de caos”.
Matemadanda dijo que el partido debería formar una comisión de investigación sobre Mugabe por qué decidió que su esposa insultara a los veteranos y a las fuerzas armadas.
La embajada estadounidense cerró al público y alentó a los ciudadanos a resguardarse por “la incertidumbre política a lo largo de la noche”. La embajada británica emitió una advertencia similar por “reportes de actividad militar inusual”.
Por primera vez, la nación del sur de África da muestras de una disputa abierta entre el ejército y Mugabe, el presidente de más edad del mundo y que gobierna desde que el país se independizó del dominio de una minoría blanca en 1980. Desde entonces el ejército ha sido un pilar clave de su poder.
El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, habló por teléfono con Mugabe, que se encontraba “bien”, según un comunicado de la oficina de Zuma. El mandatario sudafricano, que hizo una llamada a la calma, indicó que había enviado a sus ministros de Defensa y Seguridad Estatal a Zimbabue para reunirse con Mugabe y los militares zimbabuenses.
Fuente: AP
Durante la noche se escucharon al menos tres explosiones en Harare y se vieron vehículos militares en las calles.
Estas acciones parecen dejar a los militares al frente del país. El lunes, el comandante del ejército Constantino Chiwenga había amenazado con “intervenir” para calmar las tensiones políticas. El partido de Mugabe, ZANU-PF, respondió acusando al general de "conducta traidora". Pero ahora Chiwenga parece estar al mando.
El ejército fue elogiado por los veteranos de guerra del país por llevar a cabo "un correctivo incruento ante un grave abuso de poder”. El ejército devolverá a Zimbabue a una “democracia genuina” y hará del país un “modelo de nación moderna”, dijo Chris Mutsvangwa, presidente del grupo, a The Associated Press en Johannesburgo.
Mutsvangwa y los veteranos de guerra son estrechos aliados de Emmerson Mnangagwa, que fue cesado de su cargo de vicepresidente por Mugabe la semana pasada. Mnangagwa huyó del país entonces, pero dijo que regresaría para liderarlo.
Un miembro destacado de la asociación de veteranos dijo más tarde que Mugabe debía ser destituido como presidente y líder del partido gobernante. En declaraciones a la prensa en Harare, Victor Matemadanda dijo que el país estaba cayendo en un “estado de caos”.
Matemadanda dijo que el partido debería formar una comisión de investigación sobre Mugabe por qué decidió que su esposa insultara a los veteranos y a las fuerzas armadas.
La embajada estadounidense cerró al público y alentó a los ciudadanos a resguardarse por “la incertidumbre política a lo largo de la noche”. La embajada británica emitió una advertencia similar por “reportes de actividad militar inusual”.
Por primera vez, la nación del sur de África da muestras de una disputa abierta entre el ejército y Mugabe, el presidente de más edad del mundo y que gobierna desde que el país se independizó del dominio de una minoría blanca en 1980. Desde entonces el ejército ha sido un pilar clave de su poder.
El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, habló por teléfono con Mugabe, que se encontraba “bien”, según un comunicado de la oficina de Zuma. El mandatario sudafricano, que hizo una llamada a la calma, indicó que había enviado a sus ministros de Defensa y Seguridad Estatal a Zimbabue para reunirse con Mugabe y los militares zimbabuenses.
Fuente: AP
miércoles, 5 de abril de 2017
martes, 28 de junio de 2016
Historia, geografía y economía
Declaran culpable a ex militar chileno por matar a Víctor Jara
Juzgado de EE.UU. dictaminó que Pedro Barrientos torturó al cantante y le causó la muerte hace más de 40 años
Un ex militar chileno del régimen del dictador Augusto Pinochet torturó y mató al cantante folclórico Víctor Jara hace más de 40 años, falló un jurado de Florida (EE.UU), que le concedió una indemnización de 28 millones de dólares a su familia.
El ex teniente Pedro Pablo Barrientos Núñez torturó y mató a Jara, determinó el lunes el jurado en un juicio civil en una corte federal de Orlando. Los jurados deliberaron nueve horas a lo largo de dos días.
La familia de Jara argumentó que Barrientos —que ahora vive en Florida— estaba a cargo de los soldados en el estadio donde Jara fue torturado y asesinado en los días subsecuentes al golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet en 1973. El golpe derivó en la tortura y desaparición de miles de opositores políticos.
Barrientos —que ahora vive en la región central de Florida— había desmentido a un testigo que hizo dicha afirmación, y dijo que la demanda nunca debió haber llegado al tribunal. Su abogado, Luis Calderón, dijo que no se ha tomado una decisión sobre si apelarán.
► Chile procesará a 10 militares por el asesinato de Víctor Jara
"Estamos decepcionados por el veredicto de los jurados. Esperábamos que fuera a favor nuestro", afirmó Calderón. "Vamos a evaluar y explorar nuestras opciones".
La demanda fue interpuesta por Joan Jara; por la hija de Víctor Jara, Amanda, quien tenía 8 años cuando su padre murió; y por la hijastra del cantante, Manuela, quien tenía 13, y está sustentada en la Ley de Protección a Víctimas de Tortura, que permite entablar demandas civiles en Estados Unidos contra personas que han cometido actos de tortura.
"Es un proceso para que los criminales vean que si comenten un crimen en cualquier lugar de este planeta, no pueden escapar y esconderse", dijo Amanda Jara después del veredicto.
Víctor Jara era un popular cantante y activista político que trabajó para la candidatura de Salvador Allende, un socialista elegido presidente de Chile en 1970. Los esfuerzos de Allende por nacionalizar industrias, incluida la expropiación de compañías cupríferas de propiedad estadounidense, generaron intensa oposición interna y en Estados Unidos, que se oponía a las influencias izquierdistas en Latinoamérica en medio de la Guerra Fría.
Pinochet, un comandante del ejército, orquestó un golpe de Estado contra el gobierno de Allende en setiembre de 1973. Allende se suicidó tras encabezar infructuosamente la resistencia a un ataque de los militares sobre el palacio presidencial. Pinochet y la junta militar que lideraba clausuraron el Congreso, los partidos políticos de oposición y los sindicatos. Los soldados rodearon a los partidarios de Allende y a las personas que consideraron eran enemigos ideológicos del gobierno y los enviaron al estadio, donde muchos fueron torturados o desaparecidos.
► Justicia de Chile ordena captura de militares que asesinaron a Víctor Jara
Años después, varias comisiones determinaron que casi 3.200 personas fueron asesinadas o desaparecieron entre 1973 y 1990, cuando la dictadura de Pinochet llegó a su fin, y decenas de miles de personas fueron torturadas o arrestadas e interrogadas.
En un informe del año 2000, la CIA indicó que estuvo al tanto de la conspiración para dar un golpe de Estado pero que no lo impulsó. Algunos historiadores argumentan que los esfuerzos de Estados Unidos para desestabilizar al gobierno de Allende ayudaron a fomentar el golpe.
"Víctor nunca podría haberse imaginado que la justicia para su caso ocurriría en Estados Unidos", dijo el lunes Joan Jara.
En la demanda de los Jara se argumenta que las creencias políticas y la música del cantante, en la que denunciaba la inequidad social, eran una amenaza para el nuevo gobierno de Pinochet. Víctor Jara fue arrestado durante un allanamiento del ejército a la universidad en la que trabajaba, y transportado al estadio que había sido convertido en una prisión improvisada para unos 5.000 detenidos. Fue trasladado a un vestuario subterráneo donde se le golpeó brutalmente y luego fue baleado más de 40 veces, de acuerdo con la demanda.
► Chilenos dieron el último adiós a Víctor Jara
En 1978, Joan Jara intentó que se abriera una investigación penal en Chile, pero esos esfuerzos fueron obstaculizados por una ley que le concedía amnistía a cualquiera que hubiera cometido delitos de 1973 a 1978. En 2012, la Corte de Apelaciones de Santiago acusó a Barrientos como uno de los autores en el homicidio de Jara, pero no pudo seguir adelante con un juicio porque la ley chilena no permite juicios en ausencia. Eso dejó a la familia sin opciones para buscar que se hiciera justicia en Chile, señaló la demanda.
Anteriormente, los parientes de víctimas del régimen de Pinochet han demandado exitosamente a líderes militares en las cortes.
En 2003, un jurado en Miami le concedió una indemnización de 4 millones de dólares a la familia de un economista chileno que fue ejecutado por una comitiva militar conocida como la "Caravana de la Muerte".
"Nuestros clientes y todo nuestro equipo están complacidos con el veredicto", afirmó Kathleen Roberts, una de las abogadas de las Jara. "Es un camino hacia la justicia para tantas personas que perdieron a familiares en el estadio de Chile".
Fuente: AP
jueves, 14 de mayo de 2015
domingo, 8 de abril de 2012
Historia, Geografía y Economía
RINCÓN DEL AUTOR
¿Y el golpe del 3 de octubre de 1968?
Por: Martha Meier M Q
Curiosamente quienes hoy –dos décadas más tarde– insisten en tratar de satanizar tal medida de excepción, trabajaron y colaboraron con la dictadura militar, corrupta y socialista, de Juan Velasco Alvarado.
A punta de bota y metralla se atropelló, entonces, a todas las instituciones democráticas del país, se cerró permanentemente el Congreso, se persiguió y deportó a los líderes de los partidos políticos y periodistas de oposición. ¿Qué dijeron de todo eso quienes hoy se rasgan las vestiduras por la democracia y llaman dictadura al gobierno de Fujimori? Nada.
Más bien quienes fueron asalariados mastines mediáticos de los militares acusan e insultan constantemente a quienes no comparten su pensamiento único.
Estos personajes pretenden que el Perú olvide las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, de propiedad y de expresión perpetradas por la dictadura que los aupó.
La dictadura militar les fue cómoda: les abrió campo político, intelectual, y usaron la prensa confiscada para la autopromoción.
Hasta hoy callan el despilfarro del velascato en la construcción de mastodónticas e innecesarias sedes ministeriales y la turbidez en el manejo de la cosa pública.
Esos mismos personajes llamaron “dictablando” al presidente Fernando Belaunde Terry en su segundo gobierno (1980-1985) y acusaron de genocida al presidente Alan García en su primer mandato (1985-1990). ¿No tienen algo que decirnos sobre el 3 de octubre de 1968 en vez de gastar tanta tinta en el 5 de abril de 1992?
Bueno sería que recordaran que dos décadas atrás nuestro país sobrevivía cercado y desangrado por el terrorismo genocida de Sendero Luminoso y del MRTA.
La amenaza era de tal magnitud para la región que –según se reveló hace algunos años– el gobierno norteamericano evaluó la creación de una fuerza militar multinacional para evitar el avance terrorista. A principios de los noventa esta era una tierra insegura para vivir y vislumbrar el futuro.
Varias generaciones crecimos en el miedo, entre toques de queda, apagones y carros-bomba. La noticia diaria giraba en torno a la perversidad terrorista ensañada contra los campesinos, los líderes y lideresas de base popular, comunal y partidaria y personajes representativos de las instituciones democráticas, religiosas y Fuerzas Armadas.
El 5 de abril fue una salida temporal del marco constitucional, no fue lo mejor ni lo más inteligente y quizá hubiera podido evitarse. Prontamente se convocó un Congreso Constituyente Democrático, CCD, conformado por representantes de las distintas tiendas políticas, tanto de la derecha opositora como de la izquierda. La Constitución emanada de ese CCD sigue guiando el rumbo del país. ¿La diferencia? Durante el gobierno de Toledo se borró de ella la firma de Fujimori.
martes, 3 de abril de 2012
Historia, geografía y economía
EDITORIAL
¿Disolver?
Lo sucedido en los noventas tendría que habernos enseñado ya el valor de las instituciones
Martes 3 de Abril del 2012
La encuesta de Apoyo que publicamos este domingo con motivo de los 10 años del golpe de estado del 5 de abril trajo una noticia preocupante: podría volver a ocurrir. O, mejor dicho, bajo determinadas y no tan irreales condiciones, una mayoría de peruanos estaría dispuesta a aceptar que volviese a ocurrir. Frente a una situación de gran corrupción en el Congreso, de hecho, hasta un 69% de encuestados aprobaría un cierre del mismo.
Es comprensible que en un contexto en donde los robacables y comeoros proliferan al margen de quienes sean los gobiernos de turno, los ciudadanos tengan reacciones irritadas. Lo que no es tan comprensible es que se piense que cerrar el Congreso y dejar todo el poder concentrado en un solo lugar–el Ejecutivo–es una solución a este problema. Sobre todo si los que piensan esto son personas que vivieron lo que sucedió en el Perú en los noventas y que, por lo tanto, no deberían requerir conocimientos de teoría política para saber de qué forma el trabajo de la corrupción solo se simplifica cuando el poder no tiene contrapesos. Basta con recordar cómo para el final del gobierno del presidente Fujimori no había una sola instancia de decisión o influencia pública en el Perú que no tuviese un precio, y un precio que se podía transar negociando únicamente con un solo interlocutor: el asesor principal del presidente.
En esa oficina/ventanilla del SIN se compraban jueces, ministros, candidatos, congresistas, alcaldes, fiscales, militares, policías, periodistas, figuras del espectáculo y empresarios. El pago muchas veces se hacía con dinero público cuya transferencia al asesor autorizaba el Ejecutivo y muchas otras se hacía con decisiones estatales que aquél también había sido empoderado para tomar. Y así, quién tenía un lobby para sacar una ley mercantilista, quien quería que un juez resolviera un litigio a su favor, quien necesitaba fondos públicos para su campaña o su negocio televisivo, sólo tenía una voluntad a la cual convencer.
No fue la corrupción, sin embargo, lo único que floreció cuando se permitió a Fujimori ir derribando, uno a uno, los contrapesos y trincheras que existen para defender los derechos de los ciudadanos frente al poder. Prosperó también la indefensión. Los opositores al régimen que eran perseguidos por la administración tributaria, por la fiscalía, por las comisiones investigadoras de un congreso mayoritariamente servil, por el Poder Judicial o por el instrumento estatal que fuese, mientras eran difamados por una prensa mayoritariamente comprada por el régimen, no tenían a quién acudir para defenderse: todos los hilos terminaban en una misma mano. Y lo mismo pasaba a quienes, aún sin tener ningún tipo de participación pública, por motivos comerciales o cualesquiera otros privados,acababan enfrentados (en un juicio o proceso administrativo, por ejemplo) a los intereses de algún socio del régimen. Y también a quienes votaban en contra del sistema y no tenían a dónde recurrir cuando sus votos no eran contados en el fraude que, pese a su auténtica popularidad, perpetró el gobierno en el 2000. Los ejemplos, en fin, son inagotables. El punto es que nadie tenía cómo defenderse frente al poder. Y eso incluía a aquellos que apoyaban al gobierno y que nunca fueron tocados personalmente por las arbitrariedades que este cometió: incluso ellos estaban absolutamente indefensos, aunque no llegasen a tener la oportunidad de comprobarlo en los hechos, frente a la voluntad del poder.
Las instituciones, los peruanos tendríamos que asumirlo ya, tienen un valor intrínseco: dividen el poder. Más o menos corruptas, más o menos eficientes, siempre sirven para que una sola persona no tenga la sartén por el mango y, por lo tanto, para al menos dificultar la corrupción y la arbitrariedad. Por eso Martin Shapiro, un importante profesor de ciencia política norteamericano, repite: “prefiero tener tres abusivos gobernándome, que a uno solo”. Y lo mismo se aplica a tres corruptos, frente a uno solo. Porque cuando el poder está dividido, al menos existen diferentes intereses decidiendo, hay contrapesos, tiene que haber negociación y se abren puertas que uno puede tocar para defenderse.
De lo que se trata en resumen, es de impedir que las personas estemos en unas solas manos. Entre otras cosas, porque la historia (incluyendo la peruana) ha enseñado una y mil veces que, cuando estas se ven sin controles, tarde o temprano acaban por apretar más de lo que quisieran quienes se entregaron a ellas.
miércoles, 20 de julio de 2011
Ciencias Sociales
EX PRESIDENTE CHILENO
Peritaje confirma que Allende se suicidó
En mayo un juez ordenó exhumar sus restos para someterlo a examen balístico
Así lo dijo a los periodistas la senadora socialista Isabel Allende, hija del ex mandatario chileno, tras ser informada en el Servicio Médico Legal (SML) de Santiago sobre los resultados de los peritajes realizados al cadáver de su padre, exhumado para tal fin el pasado 23 de mayo.
“La conclusión es la que la familia Allende tenía. Es decir, el presidente Allende, el día 11 de setiembre de 1973, ante las circunstancias extremas que vivió, tomó la decisión de quitarse la vida antes de ser humillado o vivir cualquier otra situación”, declaró la senadora a los periodistas.
Los exámenes confirman que fue solo un disparo el que terminó con la vida de Salvador Allende, dijo por su parte el director del SML, Patricio Bustos.
Isabel Allende se declaró agradecida por el trabajo de los expertos y dijo que la conclusión dará tranquilidad a la familia, que siempre creyó en la versión de los médicos que vieron que Allende estaba solo en su despacho en el momento de su muerte y que no hubo intervención de terceros.
La investigación sobre la muerte de Allende, que conduce el juez Mario Carroza, de la Corte de Apelaciones de Santiago, se enmarca en la presentación de 726 querellas por casos de violaciones a los derechos humanos que no habían sido investigadas por la justicia.
Frente a la versión del suicidio surgieron también hipótesis que sugieren que Allende pudo ser asesinado por los militares golpistas que asaltaron La Moneda (sede del Gobierno) tras bombardearla e incendiarla, o que falló al intentar suicidarse y tuvo que ser rematado por uno de sus colaboradores más cercanos.
Según se ha establecido, Allende se sentó en un sillón de su oficina, puso el fusil AK-47 entre sus rodillas y apretó el gatillo, accionando dos proyectiles: uno entró por la barbilla y salió por la parte posterior del cráneo –lo que causó su muerte– y el otro fue hallado después incrustado en una pared de La Moneda.
EL DATO
En Viña del Mar
Tras su muerte en 1973, el cuerpo de Allende fue sometido a una primera autopsia antes de que sus restos fueran trasladados a Viña del Mar.
martes, 6 de abril de 2010
Ciencias Sociales
COMENTARIO DEL EDITOR
La lección del 5 de abril de 1992
Por: Juan Paredes Castro
Martes 6 de Abril del 2010
A 18 años del autogolpe del 5 de abril de 1992, la democracia en el Perú y en América Latina aún no logra superar el histórico complejo de que no puede ser fuerte y eficiente.
Y este complejo es, a su vez, tan arraigado que las tentaciones y las prácticas autocráticas y dictatoriales buscan permanentemente tomar su lugar, como lo vemos con alarma en Venezuela y con preocupante cargo a inventario en Bolivia y Ecuador.
Ni qué decir de su asomo en el horizonte electoral peruano de aquí al 2011.
Las tentaciones y prácticas de este tipo se acentúan aun más si los índices de insatisfacción de las democracias y sus controles son elevados y si las sociedades sienten que estas y sus instituciones (Gobierno, Congreso, partidos) no las representan ni en el poder ni en las bases.
El autogolpe de Alberto Fujimori inauguró en el Perú y en la región una nueva manera de tomar el control absoluto del poder a partir de una elección libre y democrática, cuyos votos, secuestrados de facto, no pasaron por ninguna consulta popular que de una u otra forma avalara el cambio.
La aberrante explicación que entonces dio el régimen fue que la democracia que había encontrado no se bastaba a sí misma para asegurar la gobernabilidad que el país demandaba, principalmente frente a la amenaza criminal del terrorismo.
¿No es que en el fondo los golpistas del momento estaban reconociendo, en sus propios actos inconstitucionales, su incapacidad de dotar precisamente de fuerza, eficiencia y represión legal y justa al sistema democrático, o revelando, en otra dimensión, un proyecto cívico-militar de largo plazo que incluía la participación corrupta de algunas cúpulas militares?
A la luz del, al mismo tiempo, lejano y cercano 5 de abril de 1992, el Gobierno, el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público y los partidos políticos, tienen que hacer que nuestro sistema democrático no solo sea fuerte, eficiente y representativo de verdad sino que también lo parezca.
Eso hará que nuestra sociedad y nuestras instituciones sean menos vulnerables a las tentaciones autocráticas y nuestros votos y nuestras leyes nunca más secuestrados por el poder ni por un gánster como Montesinos
martes, 23 de febrero de 2010
Ciencias Sociales
POR LA NULIDAD DE LOS ACTOS DICTATORIALES
Condenado por un golpe
Por: Francisco Miró Quesada Rada*
Lunes 22 de Febrero del 2010
Como dice el famoso refrán “La justicia llega tarde, pero llega”.
Hay una serie de casos históricos que confirman estas palabras, como el juicio al ciudadano Jean Calas en Francia, a quien gracias a una campaña espectacular de Voltaire se le hizo justicia después de muerto.
Ahora nos llega la noticia desde el Uruguay, país que actualmente goza de una sólida democracia, de las mejores del continente, pero que anteriormente sucumbió por el golpe desde Palacio de José María Bordaberry en 1973, apoyado por los militares que luego lo destituyeron en 1976 y se estableció una dictadura militar hasta 1985.
Estos militares con intención de permanecer en el poder convocaron a un referéndum para aprobar una nueva Constitución o ratificar la de 1966, que era presidencialista. El pueblo votó en contra de la reforma constitucional propuesta por los militares y luego ellos abandonaron el Gobierno.
Antes del golpe desde Palacio de Bordaberry, Uruguay tenía una robusta democracia con un sistema de gobierno similar al suizo, por eso se decía que era la Suiza de América. Bordaberry, quien había sido elegido presidente aprovechando un estado de violencia en el que operaba el grupo terrorista de los Tupamaru, decidió romper el orden constitucional.
La modalidad en que un presidente elegido da un golpe estando en Palacio, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, se denominó en América Latina “bordaberrismo”, aunque ella fue creada por Napoleón III y por eso antes se le conoció como “bonapartismo”.
El “bonapartismo” nació de un acto inconstitucional que en Francia se llama “Coup de Palais” (“golpe desde Palacio”), para diferenciarlo de los golpes de Estado de los militares.
En el golpe desde Palacio el presidente “golpea” a los otros poderes del Estado, sobre todo al Congreso. Eso fue lo que hizo Fujimori en 1992 que, a partir de esa fecha, América Latina reconoció como “fujimorismo”.
Por este hecho, Bordaberry ha sido condenado recientemente a 30 años de prisión, gracias a un fallo de primera instancia. Fujimori también ha sido condenado no solo porque dio un golpe desde Palacio, sino por otros delitos. Pero la importancia de ambas condenas guarda íntima relación con un hecho inicial: la violación del orden constitucional.
Los golpes de Estado, muchas veces aprobados por gran parte de los pueblos latinoamericanos, son un delito porque violan la ley: no una norma específica, sino la ley de leyes. Esta ilegalidad, desde el acto mismo que se produce, atenta contra la libertad y el legítimo derecho del pueblo a elegir su gobierno; autogobernarse y cambiar de gobierno en períodos señalados por la Constitución.
Este delito debe ser condenado y el pueblo, como dicen muchas constituciones, tiene derecho a insurgir contra un dictador que es usurpador. Le usurpa el poder al gobernante legítimamente constituido, igualmente a los parlamentarios y al pueblo que es el depositario del poder. Este lo otorga a las autoridades con plazo determinado, a diferencia de las dictaduras.
En una democracia sabemos cuándo entra y cuándo sale una autoridad. En una dictadura sabemos cuándo entra, pero no cuándo sale. Por lo general, los dictadores son arrojados del poder por rebeliones populares, pero hay algunos que se quedan hasta morir y se dan el lujo de nombrar, por supuesto a dedo, a quien lo sucederá, que por lo general es el hijo o el hermano del dictador.
Pero al margen de que está muy bien que se condene al dictador por violar la Constitución, debería introducirse en las constituciones latinoamericanas un artículo que declare nula toda norma expedida por un gobierno de facto.
De esta manera, la condena política estará respaldada por la ley, tendría validez jurídica. Serviría como advertencia para quienes se animen, abusando del poder, a permanecer en el Gobierno y ponerse por encima del orden constitucional y del derecho que goza, en una democracia, la voluntad ciudadana.
(*) Director
lunes, 20 de julio de 2009
Ciencias Sociales
El Comercio 20 de julio del 2009
EL AUTORITARISMO NO TIENE SENTIDO EN DEMOCRACIA
La nueva técnica del golpe de Estado
Por: Francisco Diez Canseco T*
Son dos las herramientas fundamentales de la nueva técnica del golpe de Estado de quienes, bajo el disfraz de la justicia social, pretenden instaurar el llamado “socialismo del siglo XXI” en América Latina: el uso inescrupuloso de los derechos que les otorga el sistema democrático, y la agudización por todos los medios posibles de la protesta social.
Para ello cuentan, por un lado, tal como se ha visto en el caso de Honduras, con la posición principista de quienes más allá del cálculo coyuntural defendemos el sistema democrático, pese a las maniobras de aquellos que, en el más puro estilo totalitario, pretenden perennizarse en el poder a través de la seudodemocracia popular del plebiscito.
No olvidemos que este es un viejo instrumento de todas las dictaduras; que Fidel Castro y su hermano y heredero Raúl gobiernan Cuba de esta forma, desde hace 50 años, tal como ahora lo está haciendo Hugo Chávez en Venezuela.
Por otro lado, con las hondas deficiencias de un sistema que si bien garantiza las libertades públicas e impulsa el desarrollo económico, no se ha podido gravitar en la misma forma en el desarrollo social ni en la lucha contra la corrupción, abriendo amplios y a veces dolorosos espacios a la contradicción y la protesta exacerbados en muchos casos por el inmovilismo, la ineficiencia y la demagogia gubernamentales.
La izquierda marxista, que en todas sus formas transita por estos senderos, ha desarrollado una estrategia destinada a validar e inmunizar sus acciones invocando la llamada “criminalización de la protesta social”, que no es otra cosa que una vacuna preventiva para que su vieja y obsoleta tesis — de que la violencia es la partera de la historia— cobre remozada vigencia no en su propio cuerpo sino en el de miles de peruanos y latinoamericanos que son incitados por esa ruta sangrienta, a veces sin retorno.
La crisis política del sistema democrático ha sido generada por su propia razón de ser, que provoca contradicciones que pueden ser y de hecho son autodestructivas en la medida en que son alentadas por los propios actores.
La crisis social del sistema es responsabilidad directa de políticos que no han aportado soluciones efectivas a los graves problemas sociales de nuestros países, confundiendo crecimiento económico con desarrollo económico y social, e impulsando o dejando crecer la corrupción.
Así surgen la desilusión, la frustración y la falta de horizonte, especialmente en los sectores más pobres y marginados. Hacia ellos debe abrir sus brazos la democracia.
El desafío del siglo XXI no transita ciertamente por la involución al socialismo cesarista y retrógrado de Fidel Castro y Hugo Chávez, ni tampoco por la defensa carente de crítica del sistema democrático.
Este, por su propia naturaleza, debe ser constantemente remozado y actualizado a través del debate, el diálogo y la participación ciudadana, pero requiere hoy mucho más que ello.
Necesita una verdadera revolución pacífica que realmente dé vigencia al primer considerando de la Declaración Universal de Derechos Humanos cuando señala: “...Que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.
(*) Presidente del Consejo por la Paz
EL AUTORITARISMO NO TIENE SENTIDO EN DEMOCRACIA
La nueva técnica del golpe de Estado
Por: Francisco Diez Canseco T*
Son dos las herramientas fundamentales de la nueva técnica del golpe de Estado de quienes, bajo el disfraz de la justicia social, pretenden instaurar el llamado “socialismo del siglo XXI” en América Latina: el uso inescrupuloso de los derechos que les otorga el sistema democrático, y la agudización por todos los medios posibles de la protesta social.
Para ello cuentan, por un lado, tal como se ha visto en el caso de Honduras, con la posición principista de quienes más allá del cálculo coyuntural defendemos el sistema democrático, pese a las maniobras de aquellos que, en el más puro estilo totalitario, pretenden perennizarse en el poder a través de la seudodemocracia popular del plebiscito.
No olvidemos que este es un viejo instrumento de todas las dictaduras; que Fidel Castro y su hermano y heredero Raúl gobiernan Cuba de esta forma, desde hace 50 años, tal como ahora lo está haciendo Hugo Chávez en Venezuela.
Por otro lado, con las hondas deficiencias de un sistema que si bien garantiza las libertades públicas e impulsa el desarrollo económico, no se ha podido gravitar en la misma forma en el desarrollo social ni en la lucha contra la corrupción, abriendo amplios y a veces dolorosos espacios a la contradicción y la protesta exacerbados en muchos casos por el inmovilismo, la ineficiencia y la demagogia gubernamentales.
La izquierda marxista, que en todas sus formas transita por estos senderos, ha desarrollado una estrategia destinada a validar e inmunizar sus acciones invocando la llamada “criminalización de la protesta social”, que no es otra cosa que una vacuna preventiva para que su vieja y obsoleta tesis — de que la violencia es la partera de la historia— cobre remozada vigencia no en su propio cuerpo sino en el de miles de peruanos y latinoamericanos que son incitados por esa ruta sangrienta, a veces sin retorno.
La crisis política del sistema democrático ha sido generada por su propia razón de ser, que provoca contradicciones que pueden ser y de hecho son autodestructivas en la medida en que son alentadas por los propios actores.
La crisis social del sistema es responsabilidad directa de políticos que no han aportado soluciones efectivas a los graves problemas sociales de nuestros países, confundiendo crecimiento económico con desarrollo económico y social, e impulsando o dejando crecer la corrupción.
Así surgen la desilusión, la frustración y la falta de horizonte, especialmente en los sectores más pobres y marginados. Hacia ellos debe abrir sus brazos la democracia.
El desafío del siglo XXI no transita ciertamente por la involución al socialismo cesarista y retrógrado de Fidel Castro y Hugo Chávez, ni tampoco por la defensa carente de crítica del sistema democrático.
Este, por su propia naturaleza, debe ser constantemente remozado y actualizado a través del debate, el diálogo y la participación ciudadana, pero requiere hoy mucho más que ello.
Necesita una verdadera revolución pacífica que realmente dé vigencia al primer considerando de la Declaración Universal de Derechos Humanos cuando señala: “...Que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.
(*) Presidente del Consejo por la Paz
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