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miércoles, 6 de diciembre de 2023
lunes, 21 de marzo de 2022
viernes, 18 de marzo de 2022
martes, 23 de octubre de 2018
Historia, geografía y economía
Las razones por las que el Ejecutivo observó ley que beneficia a Fujimori
La norma regresó al Congreso, que podría allanarse a las recomendaciones del Gobierno o aprobarla por insistencia
La
ley de ejecución humanitaria de la pena fue promovida y aprobada tras
la anulación de indulto humanitario a Alberto Fujimori. (Foto: AP)
Por René Zubieta Pacco y Martín Calderón Pasache
El Ejecutivo observó ayer la ley que plantea que los reos adultos mayores recuperen la libertad antes de cumplir el total de sus condenas, norma que beneficia al ex presidente Alberto Fujimori.
El Ejecutivo observó ayer la ley que plantea que los reos adultos mayores recuperen la libertad antes de cumplir el total de sus condenas, norma que beneficia al ex presidente Alberto Fujimori.
El mandatario Martín Vizcarra señaló que los argumentos para devolver la norma al Congreso “están plenamente justificados”.
Vizcarra
dijo esperar que el Parlamento “debata esa ley a profundidad”. Agregó
que está a favor de una norma que beneficie a reos adultos mayores, pero
esta “amerita debatirse y encontrar consenso”.
Desde el
Legislativo, Luz Salgado (Fuerza Popular) señaló que podrían no
allanarse a las recomendaciones del Ejecutivo y aprobar la ley por
insistencia “si las observaciones disminuyen los derechos [de los reos
adultos mayores]”.
Para la abogada
penalista Romy Chang, las observaciones del Ejecutivo son “bastantes
contundentes” y era lo mínimo que correspondía ante una norma que —según
aseguró — no cumplía los requisitos de forma ni de fondo. La ley pasará
a la Comisión de Justicia.
Estas son las razones que dio el Ejecutivo para observarla:
1. Es inconstitucional y contraviene al Poder Judicial.
1. Es inconstitucional y contraviene al Poder Judicial.
Según el
Ejecutivo, el hecho de tramitar la ejecución humanitaria de la pena
solo ante el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) desnaturaliza las
funciones jurisdiccionales y las reduce a un mero trámite
administrativo. “No es posible atribuir a órganos o a instancias de
ejecución funciones que son de estricta competencia de los órganos o
tribunales ordinarios del Poder Judicial”, se señala.
Recuerda además que el INPE es un organismo ejecutor y no decisorio adscrito al Ministerio de Justicia .
Recuerda además que el INPE es un organismo ejecutor y no decisorio adscrito al Ministerio de Justicia .
2. Se excluyen algunos tipos penales.
Se cuestiona
por qué la ley beneficia a reos sentenciados por determinados delitos y
excluye a otros tipos penales de igual gravedad.
El Gobierno
afirma también que no hay una “justificación lógica, objetiva ni
razonable” sobre los tipos penales que se excluyen (terrorismo,
sicariato, feminicidio, entre otros).
Incluso se
advierte que la norma “podría beneficiar a los delincuentes más avezados
para que cumplan sus penas sin las debidas medidas de seguridad”.
También se advierte falta de análisis en cuanto a los rangos de edad de
los beneficiarios.
3. Beneficia a condenados por violaciones a los derechos humanos.
Para el
Ejecutivo, la norma contraviene criterios establecidos por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), como el que obliga a los
estados a asegurar que las penas por violaciones a los derechos humanos
y su ejecución no se constituyan en factores de impunidad.
La corte, se
agrega, determina que cualquier figura que altere la pena de un
sentenciado por graves violaciones a los derechos humanos debe cumplir
con condiciones, como el cumplimiento de parte de la pena, la conducta
del condenado en cuanto al esclarecimiento de la verdad y otros.
4. Vulnera el cumplimiento de la pena y la legalidad penal.
El
Gobierno cuestiona la desnaturalización de la vigilancia electrónica y
los mínimos parámetros exigidos por la ley aprobada para verificar su
eficacia y cumplir con los fines de la pena. Critica que se plantee que
el beneficiario se pueda desplazar en un radio de acción tan amplio como
una provincia.
Cuestiona
también que al garante o tutor que debe velar por el beneficiado se le
impute responsabilidad penal (en caso el reo liberado incumpla la norma )
sin delito tipificado.
5. Hubo “deliberación aparente y breve.
El
Ejecutivo cuestiona el procedimiento parlamentario para la aprobación de
la ley. Criticó que haya recibido el visto bueno del pleno después de
dos días de presentado el proyecto.
Se menciona el
“breve tiempo en que se aprobó la norma, la exoneración del debate en
comisión, las incidencias en el pleno, el superficial intercambio de
ideas sobre el fondo del asunto y la exoneración de la segunda
votación”.
En el oficio se sostiene que “la deliberación no se debe confundir con la mera votación”.
martes, 9 de octubre de 2018
jueves, 4 de octubre de 2018
jueves, 22 de marzo de 2018
lunes, 12 de febrero de 2018
lunes, 3 de julio de 2017
miércoles, 5 de abril de 2017
lunes, 14 de septiembre de 2015
viernes, 7 de agosto de 2015
Historia, geografía y economía
El 8 de agosto de 1990, el entonces primer ministro, Juan Carlos Hurtado Miller, anunció el shock económico más drástico de nuestra historia. (Fotointeractiva: Sebastian Ortiz M./ Diseño: Diego Melgar)
- Sebastian Ortiz Martínez
- Redactor
- @Shebas07
Junio, el mes previo a la asunción de poder, fue clave para que Fujimori, quien en campaña había prometido no ejecutar el shock, cambiara de opinión y dejará de lado la propuesta hecha por sus asesores económicos, apodados como los “Siete Samuráis”. Ellos planteaban sanear progresivamente la quebrada economía peruana, que no tenía opciones para préstamos internacionales, con cifras en negativo y con más de 7000% de inflación.
Durante las semanas post segunda vuelta, De Soto y el economista Carlos Alberto Rodríguez Pastor, el actual CEO de Intercorp, elaboraron el ‘fujishock’, plan que fue expuesto a fines de junio en Nueva York a Fujimori y a los representantes del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional y de las Naciones Unidas, los principales acreedores del Perú en ese momento.
“El nuevo presidente del Perú logra acuerdo sobre deuda”, tituló el 1 de julio el diario estadounidense “The New York Times”, donde Fujimori anunció, por primera vez, la aplicación del shock económico.
El terrible shock
A su regreso a Lima, el hoy encarcelado Alberto Fujimori convocó a un viejo conocido suyo: Juan Carlos Hurtado Miller, con quien había estudiado en la Universidad Agraria La Molina y que había sido ministro de Agricultura del segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry (1980-1985). Le ofreció la PCM y el Ministerio de Economía y Finanzas.
Hurtado Miller, según contó a El Comercio el congresista acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde, le pidió permiso al ex presidente y líder de su partido, Fernando Belaunde Terry, para colaborar con Fujimori y, además, le planteó una alianza entre Acción Popular y el gobierno fujimorista.
“La respuesta de Belaunde fue que no, que la posición de Acción Popular era independiente, que el partido no podía sumarse al carro del candidato que ganó las elecciones. Le dijo que si quería colaborar con el nuevo Gobierno debía hacerlo a título personal y deslingándose del partido. Y así ocurrió”, refirió.
Veintiún días más tarde, a la misma hora, el jefe del Gabinete Ministerial anunció, desde los estudios del Canal 5, el más terrible shock que podía imaginarse en la época: el galón de gasolina de 84 octanos pasó de 21.000 a 675.000 intis (30 veces más) y los precios de los productos de la canasta familiar también se dispararon: la lata de leche pasó de I/.120.000 a I/.330.000; el kilo de azúcar blanca, de I/.150.000 a I/.300.000; y el kilo de fideos de I/.200.000 a I/.775.000.
Juan Carlos Hurtado Miller responsabilizó de la crisis económica al gobierno de Alan García. Como ejemplo de la irresponsabilidad del manejo monetario del aprismo, mostró un billete 500 mil intis, “con el que hace cinco años se hubiera podido comprar una casa de 40 mil dólares; hoy, solo alcanza, en el mejor de los casos, para un tubo de pasta de dientes”.
Tras decir que el gobierno tenía esperanza en el pueblo peruano para superar la crisis, vino las palabras sepulcrales que hasta hoy son recordadas: “Que Dios nos ayude”.
Dos décadas más tarde, el propio Hurtado Miller reconoció que no le hizo feliz anunciar el paquetazo, pero reiteró que era necesario para “enmendar la ruta equivocada que llevada nuestro país”.
Para el acciopopulista García Belaunde, Juan Carlos Hurtado Miller realizó “una labor sacrificada” y fue “utilizado” por el gobierno fujimorista para anunciar el shock.
“Su rol fue importante, fue uno de los sacrificados, él hizo la parte mala y cuando termino de hacerla lo sacaron y trajeron a [Carlos] Boloña [al MEF]”, señaló, para luego recordar que el error el ex primer ministro fue haber aceptado dinero de Vladimiro Montesinos para solventar su campaña a la Municipalidad de Lima en 1998.
A 25 años del ‘fujishock’, el ex viceministro de Economía Carlos Casas consideró que el paquetazo fue “positivo” para el Perú porque antes de este, los precios subían constantemente y desde el punto de vista fiscal y monetario, existían una serie de desequilibrios.
“Los valores reales de los productos no reflejaban los costos de producción y había mucho control y distorsión en los precios y cuando eso ocurre ningún sistema económico funciona bien”, dijo en diálogo con este Diario.
Explicó que la inflación se acrecentó en el primer gobierno aprista principalmente por tres motivos: el subsidio de parte de empresas públicas a productos, el aumento de sueldos a los empleados públicos y la impresión de billetes sin sustento. “Una vez que se cortaron los subsidios y que se eliminó el déficit, se sentaron las bases para recomponer la economía”.
Casas indicó que el shock era uno de los pocos caminos que existían para contrarrestar el desmanejo económico del primer gobierno aprista.
“Fue el primer paso, se limpiaron los precios para que reflejen lo que debían reflejar y se complementó con reformas y con apertura comercial. Esto permitió consolidar, a los largo de los últimos 25 años, un estilo en el manejo macroeconómico del país. El shock había que darlo, era necesario, no era suficiente pensar en medidas pequeñas para reflotar a un país en crisis”, concluyó.
LOS DATOS
Actualmente, Hurtado Miller viene siendo procesado por la Cuarta Sala Penal Liquidadora por los presuntos delitos de colusión y falsedad material. De acuerdo a la Fiscalía Anticorrupción, el ex ministro y otras 22 personas habrían intercedido ante la Caja Militar Policial en 1998 para la refinanciación de una deuda que tenía la empresa Cimex del Perú, de propiedad del ex acciopopulista, por US$ 9 millones. Esto puso en desventaja a la Caja.
El 13 de abril del 2011, tres días después de la primera vuelta electoral, el ex primer ministro Juan Carlos Hurtado Miller se puso a derechos, después de haber permanecido en la clandestinidad desde el 2001.
En abril del 2009, el ex presidente Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Fujimori también tiene otras cuatro sentencias, la última por el desvío de fondos de las FF.AA. para financiar los diarios chicha que respaldaban su campaña de rereelección en el 2000.
sábado, 8 de noviembre de 2014
jueves, 13 de junio de 2013
viernes, 5 de abril de 2013
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viernes, 19 de octubre de 2012
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