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jueves, 12 de diciembre de 2019
viernes, 29 de marzo de 2019
Ciencias Sociales
Las Bambas Puede Ser La Conga o El Bagua de Este Gobierno by Biblioteca Carmelitas-Secundaria on Scribd
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lunes, 10 de septiembre de 2018
Educación para el trabajo
Día1, 10 setiembre 2018
Lo Positivo Del Conflicto, Se Se Encauza by Biblioteca Carmelitas-Secundaria on Scribd
jueves, 7 de junio de 2018
Historia, geografía y economía
Editorial: Marcha atrás
Una movilización para cerrar el Congreso es la expresión de una regresión antidemocrática frente a la que debemos estar alertas.
Editorial
La
Defensoría del Pueblo publicó un comunicado en el que rechazó los
“actos de violencia registrados durante la movilización” del martes,
cuando miles de ciudadanos marcharon contra el Congreso. (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio).
Dos marchas contra el Congreso
en menos de una semana no son poca cosa. Es cierto que han sido eventos
más aparatosos que multitudinarios, pero de cualquier forma, lo
ocurrido en el Centro de Lima el jueves 31 de mayo y el martes 5 de este
mes no puede ni debe pasar desapercibido.
Para empezar, porque el saldo –15 personas detenidas, un auto policial incendiado y enfrentamientos entre las fuerzas del orden y algunos piquetes violentos dentro de los manifestantes– es alarmante. Pero también porque las movilizaciones en cuestión entrañan un mensaje antidemocrático que parece estar ganando adhesiones más viscerales que reflexivas y que hace falta denunciar.
Si se recogen las consignas coreadas en distintos momentos por quienes participaron en cada una de las dos marchas, resulta evidente que la motivación tras ellas no era unánime: unos lanzaban diatribas contra la prensa; otros, contra el ‘gasolinazo’; y muchos, contra recientes gastos del Legislativo que han sido vistos como superfluos.
Para empezar, porque el saldo –15 personas detenidas, un auto policial incendiado y enfrentamientos entre las fuerzas del orden y algunos piquetes violentos dentro de los manifestantes– es alarmante. Pero también porque las movilizaciones en cuestión entrañan un mensaje antidemocrático que parece estar ganando adhesiones más viscerales que reflexivas y que hace falta denunciar.
Si se recogen las consignas coreadas en distintos momentos por quienes participaron en cada una de las dos marchas, resulta evidente que la motivación tras ellas no era unánime: unos lanzaban diatribas contra la prensa; otros, contra el ‘gasolinazo’; y muchos, contra recientes gastos del Legislativo que han sido vistos como superfluos.
Notas relacionadas
En medio de
todo ello, sin embargo, se distinguió en ambas oportunidades voces y
pancartas que reclamaban monda y lirondamente ‘cerrar’ el Congreso. Y en algunos casos, convocar una Asamblea Constituyente que lo reemplace y elabore una nueva carta fundamental.
Por supuesto que no pretendemos sugerir aquí que lo antidemocrático es protestar. Todo lo contrario: manifestarse en las calles, mientras sea de un modo pacífico, es una de las formas más legítimas que diversos sectores de la ciudadanía tienen de hacerse escuchar cuando sus autoridades les dan la espalda. Hacerlo con violencia, en cambio, dañando bienes y personas y atropellando derechos (como el de la libre circulación) es sencillamente un delito.
Pero si además lo que se busca promover es la liquidación por la vía del tumulto de lo que se estableció por la vía del voto y el escrutinio de la opinión, todos los ciudadanos estamos ante un atentado mayor contra la democracia que, para confundir, invoca su nombre.
Por supuesto que no pretendemos sugerir aquí que lo antidemocrático es protestar. Todo lo contrario: manifestarse en las calles, mientras sea de un modo pacífico, es una de las formas más legítimas que diversos sectores de la ciudadanía tienen de hacerse escuchar cuando sus autoridades les dan la espalda. Hacerlo con violencia, en cambio, dañando bienes y personas y atropellando derechos (como el de la libre circulación) es sencillamente un delito.
Pero si además lo que se busca promover es la liquidación por la vía del tumulto de lo que se estableció por la vía del voto y el escrutinio de la opinión, todos los ciudadanos estamos ante un atentado mayor contra la democracia que, para confundir, invoca su nombre.
El
Parlamento, qué duda cabe, ha acumulado de un tiempo a esta parte
deméritos que todos conocemos y explican la irritación que las
manifestaciones a las que nos referimos han reflejado. Alentar, no
obstante, que se lo borre de un plumazo para establecer un orden
distinto por antojo o interés político no solamente ignora lo que
dispone al respecto nuestra Constitución (a saber, que toda reforma del
texto que la consagra debe ser formulado y aprobado por el Congreso en
funciones), sino que constituye un intento de deponer la voluntad de
las mayorías recogida en las ánforas para imponer la de un grupo
organizado y ruidoso, pero largamente minoritario.
Notas relacionadas
Llaman la
atención, en ese sentido, los pronunciamientos en esa misma dirección
que hemos venido escuchando desde que se produjo la crisis que derivó en
la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de parte del
Frente Amplio y otros sectores de la izquierda; así como, ahora último,
de parte del legislador y vocero de la bancada de Peruanos por el Kambio
(PPK), Gilbert Violeta. En una reciente entrevista televisiva, en
efecto, él se ha declarado a favor de convocar una Asamblea
Constituyente “para entrar a reformas políticas”: una demanda que,
felizmente, no ha encontrado eco ni en su propio grupo parlamentario.
Se diría, más bien, que esa y otras demandas por el estilo procuran montarse sobre un clamor que de pronto resuena en la calle, para contagiarse de su popularidad sin medir las consecuencias.
La circunstancia de no estar contento con los resultados de un proceso electoral no faculta a nadie a patear el tablero para cambiarlos. Existe una vía institucional y pacífica de hacerlo, que requiere paciencia y trabajo. La democracia, después de todo, sigue siendo, como recordó alguna vez Winston Churchill, “la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras formas que han sido probadas de vez en cuando”.
Se diría, más bien, que esa y otras demandas por el estilo procuran montarse sobre un clamor que de pronto resuena en la calle, para contagiarse de su popularidad sin medir las consecuencias.
La circunstancia de no estar contento con los resultados de un proceso electoral no faculta a nadie a patear el tablero para cambiarlos. Existe una vía institucional y pacífica de hacerlo, que requiere paciencia y trabajo. La democracia, después de todo, sigue siendo, como recordó alguna vez Winston Churchill, “la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras formas que han sido probadas de vez en cuando”.
domingo, 17 de mayo de 2015
domingo, 9 de septiembre de 2012
miércoles, 21 de marzo de 2012
Historia, geografía y economía
CONFLICTIVIDAD E INSTITUCIONALIDAD
El negocio en los conflictos
Por: Juan José Garrido Koechlin Economista
La primera respuesta, intuitiva por cierto, es del tipo económico: altos niveles de pobreza e inequidad en los ingresos promedio suscitan disrupciones sociales. El economista Mancur Olson, trabajando sobre la hipótesis de De Tocqueville sobre la Revolución Francesa, argumentó que es el incremento en las tasas de crecimiento el cual, si bien mejora los ingresos promedios, no necesariamente incrementa la mediana de los mismos; de ahí que brincos en la tasa de crecimiento puedan proveer disrupciones en el nivel político-social.
A nivel local, la Defensoría del Pueblo agrupa las determinantes de los conflictos (al menos para el Perú) en básicamente cuatro: preocupación por el medio ambiente y el ecosistema, ausencia de Estado, superposición de la riqueza minera en las zonas de mayor pobreza, y la actuación empresarial. Es decir, siguen de alguna manera las determinantes intuitivas planteadas anteriormente.
La data nacional al nivel regional, no obstante, no acompaña dichas hipótesis: la ausencia histórica de los “ambientalistas” frente a la minería informal e ilegal desarropa la primera teoría; asimismo, al revisar la data local observamos, contra lo que intuimos, que los conflictos sociales no se encuentran asociados a mayor pobreza (el grado de correlación es ínfimo, 0,03), o a la falta de infraestructura o competitividad local (la relación, incluso, es positiva), como tampoco está asociada a nuestro patrón de crecimiento económico (aumentaron lo conflictos cuando empezó la crisis, desobedeciendo a Olson).
¿Cuáles serían, entonces, las razones detrás de la conflictividad peruana? Economistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sostienen que son las instituciones, específicamente la calidad de estas, las que explican la propensión por utilizar los canales institucionales para la resolución de las diferencias o el uso de la protesta callejera como vía alterna. Efectivamente, al revisar la data latinoamericana, existe una fuerte relación inversa entre calidad institucional y conflictividad social: países con instituciones fuertes (Chile y Costa Rica) canalizan adecuadamente las demandas sociales, mientras que donde las instituciones (particularmente el Congreso, el Poder Judicial y los partidos políticos) son endebles e ineficientes (Venezuela y Argentina), la confianza es frágil, estimulando a los actores al uso de formas alternativas de revertir los dictámenes adversos. El Perú, para situarnos en contexto, ocupa el puesto 21 de 36 países en América Latina.
Otro factor a tomar en cuenta es al nivel individual; esto es, de los actores específicos (Saavedra, Santos, Arana y otros). Clifford Bob, autor del ensayo “Mercaderes de la Moralidad”, demuestra cómo la protesta social es una forma de emprendedurismo y búsqueda de rentas: a falta de iniciativas dentro del mercado, la agitación es un buen negocio para aquel interesado en multiplicar sus réditos políticos y económicos, con mayor intensidad donde las instituciones son débiles.
Mi hipótesis: existiendo múltiples brechas por cubrir y tantos recursos en disputa, los conflictos pululan porque la falta de instituciones incentivan al astuto a sacarle el jugo a dicha falencia y dicho contexto económico. Buscar excusas, luego, es cuestión de buen tino.
Una razón más para trabajar la calidad institucional local en el largo plazo; en el corto, entendamos que no podemos seguir dejando la cancha abierta a los oportunistas de turno.
martes, 6 de diciembre de 2011
Ciencias Sociales
PUNTO DE VISTA
Juego de roles
Por: Cecilia Blume Abogada *
Conga, un proyecto minero que dinamizaría la economía nacional en momentos de inestabilidad externa y que hoy divide la opinión de los peruanos, debería obligarnos a asumir los distintos roles que tienen los actores en el Gobierno y, cómo no, en la sociedad. Tareas desde ya definidas por la legislación vigente.
El presidente, como cabeza del Ejecutivo, asumió posición a favor del proyecto, aclarando que se podía hacer minería cuidando el ambiente para generar los recursos a invertir en inclusión social. Desafortunadamente su discurso contra la minería está fresco en la memoria de los cajamarquinos y ahora es usado contra él.
El presidente regional, que lideró la protesta olvidándose de que el Perú es una república unitaria, se enfrentó al gobierno, secuestrando a los cajamarquinos. Necesitaremos legislar al respecto pues la regionalización jamás supuso un caso como este.
Los ministros de Energía y Minas, Agricultura y del Ambiente nos hicieron conocer su falta de experiencia, incapacidad de diálogo e insolvencia en estos temas, dejando al premier y al ministro del Interior a cargo de una tarea inherente a ellos. La Autoridad Nacional del Agua es otra gran ausente que debió técnicamente explicar la situación hídrica.
La empresa debió transparentar e informar a la opinión sobre los alcances del proyecto, sin minimizar el problema de las lagunas, justamente para ganar credibilidad y legitimar el proyecto.
El MEF debió hace tiempo ocuparse de que los recursos del canon se usen para mejorar la calidad de vida de las comunidades aledañas a los centros mineros. La actitud de varios gobiernos en esta materia nos enseña que no sirve meter los problemas bajo la alfombra.
Finalmente, los peruanos, cuando tomamos posiciones ideológicas o emocionales sobre algo, olvidamos que debemos respetar el Estado de derecho y que si la ley no nos gusta, la podemos cambiar… para adelante.
Conga nos afectará a todos en el país, por ello mejor empecemos a asumir cada uno la parte que nos corresponde.
[*] CB Consulting
viernes, 2 de diciembre de 2011
Ciencias Sociales
EDITORIAL
El presidente debe afrontar la coyuntura crítica y garantizar la gobernabilidad del país
El país demanda señales de autoridad, confianza y manejo sensato del Estado. Sobre todo cuando en Cajamarca, la población tiene que permanecer casi escondida en sus casas, desesperada por la inseguridad ante los ‘piquetes’ de protestantes y por la escasez y encarecimiento de alimentos y combustibles; y cuando en otros puntos del país se empieza a bloquear una vía principal alegando cualquier causa mayor o menor, sin reparar en que ello es un grave delito y que se atenta absurdamente contra el derecho constitucional al libre tránsito de los demás.
Esto es mucho más censurable cuando son las propias autoridades regionales y locales cajamarquinas (algunas de conocida trayectoria vinculada al MRTA y a Patria Roja) las que, además de rechazar el diálogo, organizan y dosifican los bloqueos. Es decir, el Estado contra el Estado. Según la Carta Política, art. 44, son deberes primordiales del Estado: “proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general”; y no subvertir el orden y afectar los derechos ciudadanos.
El país no puede aceptar que algunos dirigentes radicales pretendan jaquearlo y ponerlo contra la pared, dando ultimátum y amenazando a quienes no piensan como ellos.
Así como entendemos la desazón de algunos pobladores contra algunas empresas mineras, por ciertos excesos o actitudes del pasado, que tienen que ser reparados y sancionados como corresponde, tenemos que subrayar que el Perú es un Estado unitario –y no federal–; que los recursos del subsuelo pertenecen a todos los peruanos; y que la política general del Estado, que oriente el expectante rumbo económico y social del país y trace objetivos de crecimiento con inclusión, debe ser definida por el Gobierno Central dentro del orden constitucional.
El presidente Ollanta Humala debe explicar a la nación no solo los pormenores, alcances y limitaciones de su política de “oro y agua”, sino también propiciar mecanismos de diálogo, dentro de lo que permita el ordenamiento constitucional y legal del Estado. La inacción no es aconsejable, mucho menos ante dirigentes radicales que confunden democracia con debilidad, y amenazan la estabilidad social y económica de un país.
Por ello, así como concordamos con la mayoría ciudadana que apoya las mesas de diálogo y la supervisión de los contratos mineros para garantizar las reservas de agua y el equilibrio ambiental, con el mismo énfasis demandamos al Gobierno que actúe con ponderación y firmeza, dialogando con interlocutores válidos y usando todas las armas de la ley, sin caer en provocaciones ni chantajes.
lunes, 28 de noviembre de 2011
viernes, 25 de noviembre de 2011
Ciencias Sociales
A PROPÓSITO DE CONGA
La gestión pública de los conflictos sociales
Por: Irma Montes Patiño *
A su regreso de Hawái, del foro APEC, el presidente Ollanta Humala se refirió a los conflictos antimineros (el tema Conga no se había radicalizado al punto actual). Humala expresó que los conflictos son una amenaza a la gobernabilidad y a la seguridad jurídica, capaces de ahuyentar las inversiones que el Perú requiere para un desarrollo con inclusión. Dejó en claro que su gobierno está dispuesto a aclarar con transparencia las dudas de las comunidades sobre los impactos que pueden generar ciertas actividades productivas. Estableció que el proyecto Conga, Cajamarca, -integrado al plan de desarrollo regional- es viable y permitirá alcanzar la gran transformación que ofreció durante su campaña.En prevención, mencionó el fortalecimiento de la muy sobreestimada Oficina de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros, PCM; preocupante, puesto que tal oficina no ha sabido demostrar manejo político ni capacidad técnica para resolver y menos evitar la conflictividad. Esa ineficiencia se arrastra desde gobiernos anteriores y va de mal en peor. Una de las primeras medidas de la nueva gestión fue dejar en suspenso -sin razón alguna- el Sistema de Alerta Temprana (SAT), un mecanismo de procedimientos y sistemas para el manejo de información, análisis y gestión de la conflictividad nacional, de utilidad intergubernamental. El anuncio de que esta oficina de la PCM reemplazará al Viceministerio de Interculturalidad para reglamentar la Ley de Consulta Previa resulta preocupante. Se está dilatando, así, esta impostergable y necesaria norma y creando confusión sobre la autonomía de los entes especializados en interculturalidad. Mientras tanto, los conflictos escalan a etapas de crisis con velocidad sin precedentes.
El presidente Humala ha anunciado, también, la creación de un ente fiscalizador de los estudios de impacto ambiental (EIA) adscrito a la PCM, que absorbería el área encargada de la aprobación de los EIA del Ministerio de Energía y Minas (Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros-DGAAM); la Autoridad Nacional del Agua (ANA), hoy adscrita a Agricultura; y el OEFA, hoy en Ambiente. Todo esto corrobora una vocación por mejorar y modernizar la gestión pública en lo que es manejo de los conflictos sociales. Se reconoce, además, la falta de institucionalidad y funcionalidad de ciertos organismos públicos y sectores que han transformado al Estado en uno elefantiásico, donde se duplican esfuerzos, competencias y las funciones se sobreponen: al final nadie sabe lo que le toca o se convierten en juez y parte, sembrando así la conflictividad dentro de la propia gestión pública. No debe llamar la atención que esta ineficiencia se desborde y refleje en la proliferación de conflictos sociales.
El nuevo organismo deberá estar dotado de presupuesto adecuado, autonomía e independencia técnica y funcional como ente evaluador y fiscalizador en materia de impacto ambiental y social. Además, debería respetar la esencia del Ministerio del Ambiente, creado justamente para poner en marcha el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, cuya misión es precisamente implementar la normativa ambiental a través del OEFA. Es necesario, además, aplicar sanciones que garanticen un entorno saludable y sostenible, donde las actividades extractivas se desarrollen en armonía, respetando el derecho a la vida, la salud, al libre desarrollo y a la igualdad ante la ley.
[*] Consultora en conflictividad
jueves, 30 de octubre de 2008
Ciencias Sociales, Cultura empresarial
El Comercio 30 de octubre del 2008
Este año se registraron 185 conflictos en el país de los cuales hay 130 activos
La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, afirmó que en sus tres años de gestión los conflictos aumentaron en 800%
La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, indicó que este año se han registrado 185 conflictos en el país de los cuales 130 están activos.
En diálogo con el programa "La Hora N", declaró que en los tres años que viene trabajando al frente de la Defensoría del Pueblo, el índice de nivel de conflictos se ha incrementado en más de 800%.
Merino explicó que esta situación es provocada por el deficiente sistema de gestión pública porque el Gobierno no tiene un conocimiento cabal de las costumbres, pensamiento, lenguajes, de las comunidades que pueblan el país.
"El orden tiene que establecerse cuando el conflicto violento ya se presentó", afirmó la defensora del Pueblo que criticó que se utilice a la Policía Nacional como instrumento para solucionar los conflictos porque esto solo provoca un enfrentamiento entre la población y los efectivos del orden, quienes solo deberían apoyar las acciones de control de la violencia ya que esto pone en riesgo su imagen e integridad.
Señaló que hace falta una política de Estado para la solución del conflicto, una reforma orgánica que permita establecer mecanismos de solución con las comunidades que utilizan la violencia como una fórmula para obtener la atención inmediata del gobierno que se equivoca al no prever este tipo de reacciones y espera que ocurran para recién allí tomar las medidas respectivas.
En este sentido, indicó que existen diferentes conflictos de reinvindicación en lps cuales se debe tener presente la idea que "el gobernado siempre sabe más que el gobernante".
Merino mostró su preocupación por esta problemática que a pesar de haberla anunciado desde hace varios meses, aún no se observan medidas concretas para hacer frente a este tipo de conflictos.
Asimismo, cuestionó al Estado por permanecer en "un estado de microclima", donde todos se felicitan sin tomar atención de los reclamos de las poblaciones.
A continuación, Merino invocó al Gobierno para que defina las reformas necesarias para llevar a cabo el cambio de estructura orgánica que permita diseñar medios de solución de conflictos, para lo cual será necesario presupuestar una partida especial.
"Lo que está fallando son los presupuestos de desarrollo participativo", afirmó la defensora, enfatizando que este problema no va a desparecer si es que el Gobierno no toma el liderazgo de crear una política de solución de conflictos a través de mecanismos que involucren a los tres poderes del Estado.
De otro lado, indicó que la velocidad con la que el Perú urbano avanza no es la velocidad con la que el Perú rural avanza porque es inaceptable que regiones como la del Cusco tenga uno de los mayores índices de desnutrición lo cual perjudica no solo a la población sino a su relación con el Gobierno
Este año se registraron 185 conflictos en el país de los cuales hay 130 activos
La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, afirmó que en sus tres años de gestión los conflictos aumentaron en 800%
La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, indicó que este año se han registrado 185 conflictos en el país de los cuales 130 están activos.
En diálogo con el programa "La Hora N", declaró que en los tres años que viene trabajando al frente de la Defensoría del Pueblo, el índice de nivel de conflictos se ha incrementado en más de 800%.
Merino explicó que esta situación es provocada por el deficiente sistema de gestión pública porque el Gobierno no tiene un conocimiento cabal de las costumbres, pensamiento, lenguajes, de las comunidades que pueblan el país.
"El orden tiene que establecerse cuando el conflicto violento ya se presentó", afirmó la defensora del Pueblo que criticó que se utilice a la Policía Nacional como instrumento para solucionar los conflictos porque esto solo provoca un enfrentamiento entre la población y los efectivos del orden, quienes solo deberían apoyar las acciones de control de la violencia ya que esto pone en riesgo su imagen e integridad.
Señaló que hace falta una política de Estado para la solución del conflicto, una reforma orgánica que permita establecer mecanismos de solución con las comunidades que utilizan la violencia como una fórmula para obtener la atención inmediata del gobierno que se equivoca al no prever este tipo de reacciones y espera que ocurran para recién allí tomar las medidas respectivas.
En este sentido, indicó que existen diferentes conflictos de reinvindicación en lps cuales se debe tener presente la idea que "el gobernado siempre sabe más que el gobernante".
Merino mostró su preocupación por esta problemática que a pesar de haberla anunciado desde hace varios meses, aún no se observan medidas concretas para hacer frente a este tipo de conflictos.
Asimismo, cuestionó al Estado por permanecer en "un estado de microclima", donde todos se felicitan sin tomar atención de los reclamos de las poblaciones.
A continuación, Merino invocó al Gobierno para que defina las reformas necesarias para llevar a cabo el cambio de estructura orgánica que permita diseñar medios de solución de conflictos, para lo cual será necesario presupuestar una partida especial.
"Lo que está fallando son los presupuestos de desarrollo participativo", afirmó la defensora, enfatizando que este problema no va a desparecer si es que el Gobierno no toma el liderazgo de crear una política de solución de conflictos a través de mecanismos que involucren a los tres poderes del Estado.
De otro lado, indicó que la velocidad con la que el Perú urbano avanza no es la velocidad con la que el Perú rural avanza porque es inaceptable que regiones como la del Cusco tenga uno de los mayores índices de desnutrición lo cual perjudica no solo a la población sino a su relación con el Gobierno
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