CONSECUENCIA DE UNA LEY EQUIVOCADA

La llamada justicia comunitaria

Por: Juan Claudio Lechín Escritor

Lunes 18 de Julio del 2011

“¡Maten a la vieja bruja!”, pidió el enardecido pueblo de Ayopaya (Cochabamba, Bolivia) durante el juicio que le hicieron a una anciana de 80 años bajo la modalidad de la ‘justicia comunitaria’.
Una de las ofertas electorales de Evo Morales durante su campaña del 2005 fue la de hacer una nueva Constitución. Una vez que subió al gobierno, se realizó con un sello autoritario. Los artículos no se votaron con el 66% de los asambleístas señalado por ley, sino con la mayoría oficialista y, dentro de un cuartel, la bancada oficialista aprobó la Carta Magna.
El diseño constitucional, luego se supo, lo hizo la CEPS, una fundación valenciana dirigida por Viciano Pastor y Rubén Martínez Dalmau, quienes también diseñaron las constituciones de Venezuela y Ecuador.
Aunque españoles los arquitectos, la nueva Constitución boliviana tiene formas indígeno-originarias, como la ‘justicia comunitaria’ no regida por las leyes escritas del país y no interpelada por la Corte Suprema ni ningún otro estrado judicial.
Se trata de un régimen endógena, oral y sujeto a la tradición de los pueblos indígenas.
Varias agencias europeas de cooperación, sobre todo de Suecia, Holanda y Francia, necesitadas de cumplir sus agendas de colocación de dinero, financiaron la nueva Constitución y sus detalles.
Lo que jamás hubieran permitido en sus países experimentaron en este a ver si jugando a Dios –con la miseria y debilidad institucional de pueblos periféricos– descubrían alguna novedad socioantropológica, mientras cumplían sus ensoñaciones hippies de juventud.
A quienes llamaron a la sensatez los consideraron oligarcas heréticos tratando de detener el “proceso de cambio”.
Según el periódico “Opinión” (zcamacho@opinion.com.bo, 30/6/2011) y la socióloga Julieta Montaño (julietamontaño@hotmail.com), un curandero llegó en enero a la comunidad indígena de Ayopaya convocado por los padres de dos muchachos con retraso. En criterio del profesional, una ‘laiqka’ (bruja) los había hechizado.
Encontraron a la anciana de 80 años, le hicieron un tribunal popular, la golpearon, la obligaron a tomar orines de tres hombres y, finalmente, se confesó culpable de brujería, mientras el pueblo pedía su quema o entierro.
Los magnánimos dirigentes la expulsaron de la comunidad. Ahora ella deambula mendigando por la ciudad de Cochabamba sin familia, sin sus pocas pertenencias y quejándose a quien la quiera escuchar.
Los dirigentes del pueblo de Ayopaya se han enterado y le han prometido una condena mayor, la próxima vez. Este es uno de los muchos crímenes de la ‘justicia comunitaria’.
¿Son bárbaros estos indígenas? No. También los preclaros alemanes hicieron lo mismo (o peor) con los ‘volksjustiz’, tribunales tradicionales, y Fidel Castro con los tribunales populares.
El poder absoluto en el gobierno es imitado por los poderes más bajos. Son complicidades estamentadas de lo peor del ser humano.
Los caudillos absolutistas tarde o temprano queman cables por exceso de poder y soberbia, y con ellos toda su colectividad de apoyo.
Por eso, y sin lugar a dudas, la ley, aun en instituciones defectuosas, es infinitamente mejor.
Algún día Bolivia tendrá que asumir su culpa por estos crímenes, pero también se deberá señalar las cooperaciones irresponsables del Primer Mundo, como adláteres e instigadoras.