PUNTO DE VISTA

Inclusión social en energía

Por: Pedro Sánchez Ingeniero (*)

Viernes 3 de Febrero del 2012

Desde la perspectiva de la inclusión social que propugna el Gobierno, en el sector energía se percibe una contradicción: por un lado se propone una protagónica participación de las empresas públicas en obras de infraestructura que pueden ser financiadas por privados, y de otro, se desacelera el programa de electrificación rural que requiere de financiamiento estatal.
De acuerdo con un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE), la brecha de infraestructura del Perú en electricidad en el 2008 ascendía a US$8.326 millones. Por las inversiones comprometidas en los últimos 3 años, la brecha ha sido cubierta en generación y transmisión, pero aún queda un déficit de US$1.542 millones en cobertura eléctrica en zonas periurbanas y rurales dispersas en todo el país, donde viven casi tres millones de peruanos con los mayores niveles de pobreza.
Por el nivel de ingreso de estas personas y la dispersión de sus viviendas, las obras no se podrían realizar sin la decidida participación del Estado en su financiamiento. Asumiendo que el programa de electrificación continuará al ritmo previsto en el presupuesto del año, 2012 de solo US$102 millones (54% del asignado en el 2011), la cobertura universal se alcanzaría en un período mínimo de 15 años.
Es decir, muchos de estos peruanos no verían la luz eléctrica por el resto de sus días, y otros tantos ni siquiera para el año del bicentenario, lo cual sería simplemente una vergüenza nacional.
En contraposición, se propone que Petro-Perú, además de modernizar la refinería de Talara con una inversión cercana a los US$1.800 millones, participaría con aportes de capital en la ejecución del gasoducto Andino del Sur, petroquímica, ductos virtuales y proyectos en asociación con PDVSA, que por su tamaño requerirían recursos del Tesoro Público, dado que superan la capacidad financiera de la empresa. Es decir, existe la disposición a financiar actividades no subsidiarias con recursos del Estado, que pueden ser ejecutadas por el sector privado.
El dilema de asignación de los limitados recursos fiscales, sobre financiar otra aventura empresarial del Estado o a dotar del servicio de electrificación a la población más pobre del Perú, debería ser obvio por la prioridad que en el discurso le da la actual administración a la inclusión social. Pero en la práctica, no parece ser el caso. Confiamos que las personas primen en la priorización.
(*) Sociedad Integrada de Consultoría