Tras el masivo tiroteo en Las Vegas quienes abogan por el control de armas han renovado sus llamados para que Estados Unidos endurezca sus reglas sobre la venta de armas de fuego.
Si esto suena
familiar es porque es la misma dinámica que se ha desarrollado una y
otra vez en los últimos años, cada vez que ocurre un nuevo y desgarrador
incidente de violencia armada.
Al menos a
nivel federal, el interés y la atención que hay en crear nueva
legislación no ha generado ninguna acción concreta en décadas.
Esto, a pesar
del gran número de encuestas que muestran un enorme apoyo popular a
medidas como endurecer las verificaciones de antecedentes y prohibir
ciertos tipos de armas de gran capacidad y rifles de asalto de estilo
militar.
Con una
cantidad tan alta de víctimas algunos creen que la masacre de Las Vegas
podría generar más presión para que haya algún cambio.
No obstante, estos son los cinco principales obstáculos que están en el camino:
1. La NRA
La
Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) es uno de
los grupos de interés con mayor influencia en la política de EE.UU., no
solamente por el dinero que invierte en hacer lobby sino por lo
comprometidos que son sus 5 millones de miembros.
Una mujer muestra su arma durante un desfile de modas de la NRA.
La NRA se
opone a la mayoría de las propuestas para endurecer las regulaciones
sobre la venta de armas y además busca eliminar muchas de las
restricciones actuales, tanto a nivel federal como estatal.
En el
2016 la NRA gastó más de US$4 millones en hacer lobby y en
contribuciones directas a políticos, y más de US$50 millones en campañas
políticas, incluyendo los cerca de US$30 millones que aportaron para
llevar a la presidencia a Donald Trump.
Su presupuesto anual es
de unos US$250 millones, que invierte en programas educativos,
instalaciones, eventos para miembros, patrocinios, defensa legal y
esfuerzos relacionados.
Más allá de las cifras, la NRA se ha
ganado una reputación en Washington como una fuerza política que puede
ayudar o destruir incluso a los políticos más poderosos.
Clasifica a
los políticos según cómo voten y dirige sus recursos y los de sus
miembros -tanto financieros como organizativos- para apoyar a sus
defensores más acérrimos y derrotar a sus oponentes.
Como le dijo
un excongresista republicano al New York Times en el 2013: "Fue el
único grupo sobre el que dije: 'Mientras esté en mi cargo, no me
enfrentaré a la NRA'".
¿Podría cambiar algo?
Los grupos
procontrol de armas, apoyados por benefactores acaudalados como el
exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, se han organizando más en los
últimos años en un intento por igualar el poder de la NRA. Pero
mientras que los grupos proarmas sigan acumulando triunfos legislativos y
electorales, seguirán siendo los que mandan.
2. Manipulación electoral
Los
intentos más recientes de aprobar nuevas leyes federales que regulen
las armas fracasaron incluso antes de empezar, ya que son obstaculizados
por la Cámara de Representantes del Congreso, que ha estado en manos de
los republicanos desde el 2011.
Los legisladores demócratas han tenido que apelar a inusuales tácticas para hacer frente el sesgo proarmas del Congreso.
En junio de
2016 un grupo de políticos demócratas se sentó en el piso de la Cámara
para protestar contra la decisión de los líderes republicanos de no
votar dos propuestas de ley sobre control de armas.
La Cámara de
Representantes tiende a ser proarmas por el mismo motivo que hizo que en
tiempos recientes tuviera más miembros del Partido Republicano de lo
que indicarían las últimas elecciones nacionales.
Se debe a la
manera en que están distribuidos los distritos representados en esa
Cámara, algo que depende de los poderes legislativos estatales que en
muchos casos están en manos republicanas. Esto hace que haya más puestos
"seguros" para republicanos que para demócratas.
En estos
distritos los políticos dependen de sus electores primarios, que muchas
veces votan basados en temas "calientes" como el derecho a tener armas.
Por eso muchos evitan alienar a estos electores.
La demografía
también juega una parte esencial en hacer que la Cámara de
Representantes sea proarmas ya que hay más zonas rurales, donde la gente
suele poseer armas, que zonas urbanas.
¿Podría cambiar algo?
A
menos que los liberales de las ciudades quieran mudarse al campo, la
demografía no cambiará. Ha habido esfuerzos por reducir la manipulación
que genera el desbalance en la Cámara de Representantes -Barack Obama
incluso lo incluyó entre sus objetivos tras dejar la presidencia- pero
no será una tarea sencilla.
3. El "filibuster"
Si
una legislación que regula la venta de armas llegara a ser aprobada por
la Cámara de Representantes aún tendría un gran desafío en el Senado,
donde la división rural-urbana también aplica.
Los
legisladores demócratas realizaron un acto frente al Congreso tras la
masacre de Las Vegas para exigir que se apruebe una legislación que
endurece las verificaciones de antecedentes.
Los estados
en los que las grandes ciudades dominan el voto, como Nueva York,
Massachusetts o California, son superados en cantidad por los estados
rurales y del sur, donde la gente tiende a ser proarmas.
Las
reglas del Senado también podrían atentar contra regulaciones de armas
más estrictas debido a la existencia del "filibuster": una regla
procesal que obliga a obtener el respaldo de 60 de los 100 senadores
para aprobar una legislación, y no solo una mayoría simple de 51.
En
el 2013, tras el tiroteo en una escuela en Newton, Connecticut, pareció
haber consenso entre ambos partidos para aprobar una ley que
endurecería la verificación de antecedentes de quien compra armas.
Sin embargo, tras un fuerte lobby del NRA, solo 56 senadores votaron a favor, no logrando superar el obstáculo del "filibuster".
Desde entonces no ha habido otra legislación sobre la venta de armas con posibilidades de ser aprobada.
¿Podría cambiar algo?
El
presidente Trump se ha pronunciado en contra del "filibuster" del
Senado, ya que lo considera un obstáculo para su agenda legislativa. Sin
embargo la mayoría de los senadores se opone a cambiar las reglas.
4. Las cortes
Debido
a que el Congreso se ha mostrado más interesado en relajar la
legislación sobre la venta de armas que en endurecerla, los estados más
liberales han tomado acciones para implementar medidas de control a
nivel regional.
Activistas proarmas se manifiestan frente a la Corte Suprema en el 2008.
Tras la
masacre de Newton, 21 estados aprobaron nuevas leyes para regular las
armas, incluyendo una prohibición para vender armas de asalto en
Connecticut, Maryland y Nueva York.
Sin embargo, algunas de estas leyes estatales se han encontrado con otra barrera: el sistema judicial.
En
años recientes la Corte Suprema de EE.UU. emitió dos fallos que
mantienen que el derecho a poseer armas, como pistolas, está consagrado
en la constitución.
La Segunda Enmienda sostiene que "una milicia
bien regulada, siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre,
el derecho del pueblo a guardar y llevar armas, no será infringido".
Quienes
piden el control de armas afirman que la cláusula introductoria es
evidencia de que la enmienda se creó con la intención de formar una
milicia "bien regulada".
No obstante,
en 2008 la Corte determinó que la Segunda Enmienda da un amplio derecho
a poseer armas y prohíbe que se implementen fuertes trabas para el
acceso a armas.
Algunas cortes locales se han opuesto a las
regulaciones implementadas por los estados que buscan limitar las armas
pero hasta ahora la Corte Suprema se ha negado a analizar esos casos.
¿Podría
cambiar algo? Trump nombró como juez del supremo a Neil Gorsuch, quien
ya declaró que apoya los derechos de la Segunda Enmienda. Además Trump
está nombrando a jueces proarmas en las cortes más bajas. Es decir que
si hay algún cambio es más bien hacia la derecha.
5. El entusiasmo zigzagueante
Quizás
el principal obstáculo para regular la venta de armas a nivel nacional
es que si bien quienes se oponen defienden firmemente sus creencias, la
presión para que haya mayor control suele aumentar tras cada incidente
de violencia pero luego desciende después de un tiempo.
Uno
de los principales problemas es que los defensores de las armas se
mantienen firmes en sus creencias mientras que los críticos alzan su voz
tras los ataques y después pierden el interés en el tema.
La
estrategia de la NRA y de los políticos proarmas es esperar a que pase
la tormenta y retrasar cualquier esfuerzo legislativo hasta que la
atención esté en otro lado y los gritos de indignación hayan
desaparecido.
Los políticos proarmas ofrecen sus condolencias y
rezos, observan minutos de silencio y ordenan que las banderas se icen a
media asta. Luego, silenciosamente, retrasan o descarrilan cualquier
proyecto legislativo antiarmas.
El lunes la secretaria de prensa
de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, le dijo a la prensa que "hay
un tiempo y un lugar para un debate político pero ahora es tiempo de
unirnos como país".
Por su parte, antes de partir hacia Puerto
Rico, Trump dijo que "estaremos hablando sobre leyes de control de armas
cuando pase el tiempo".
Cuando pase el tiempo… Como decía la canción de Casablanca: sigue siendo el mismo cuento.
¿Podría cambiar algo?
De
acuerdo con una encuesta realizada durante la campaña electoral de 2016
las armas son un tema importante tanto para los demócratas como los
republicanos. Eso podría ser un reflejo del tiroteo ocurrido ese año en
una discoteca de Orlando -que en su momento tuvo un récord de víctimas- o
podría ser el indicio de una nueva tendencia.
Un minucioso estudio realizado por el Instituto Internacional de Estocolmo de Investigaciones para la Paz (Sipri, por sus siglas en sueco) ha revelado que el 61% del tráfico de armas, drogas y otros productos prohibidos utiliza buques cuyas empresas propietarias están establecidas en países pertenecientes a la Unión Europea, o que son miembros de la OTAN, para transportar estas mercancías. Si bien Alemania encabeza la lista, también la completan otros como Francia, Grecia, EE.UU., Noruega, Holanda, etc. Hasta ahora se pensaba que este tipo de comercio prohibido montaba sus contenedores en naves procedentes de países ‘menos prestigiosos’, por decirlo de alguna manera.
El Sipri efectuó su investigación desde 1980 y en ella se reportaron 2.500 casos de barcos intervenidos. El problema es mucho más complicado de lo que parece a primera vista: en octubre del 2010 las autoridades nigerianas encuentran un cargamento de 240 toneladas de obuses y municiones en el barco Everest, un navío alemán fletado por la compañía francesa CMA-CGM (tercer grupo mundial en transporte de contenedores). El barco lleva un pabellón de las islas Marshall (Micronesia) y había cargado sus contenedores en Irán, país prohibido de exportar armas según una resolución de la ONU.
El material decomisado en Nigeria debía proseguir su camino hacia Gambia y de allí a un destino desconocido. El documento de flete señalaba “material de construcción” y la compañía CMA-CGM indicó que al momento de aceptar la carga no recibió ningún señalamiento en su sistema de alerta informática.
El estudio del Sipri pone el dedo en la llaga en lo que al tráfico de drogas se refiere. Porque si el 80% del comercio mundial se hace por barco y solo se puede controlar el 2% de lo que llega a los puertos, es prácticamente imposible detectar un cargamento de drogas. La mayor parte del tiempo los capitanes desconocen lo que transportan y deben confiar en lo que dice el documento del flete.
El Sipri señala que se podría evitar eventos como el del Eve-rest si existiera un sistema similar al del transporte aéreo, en el que se comparte información sobre naves sospechosas. Pero es cierto también que el volumen de carga aérea es infinitamente inferior.
Solo la CMA-CGM transporta diez millones de contenedores por año, lo cual hace imposible la tarea de pasarlos todos por escáner. Además llegan sellados y no se pueden revisar sin la presencia del cliente. Los traficantes conocen bien estos detalles y se refugian en compañías de prestigio internacional para enviar su mercancía, señala el informe. Los armadores, por su parte, ponen el grito en el cielo cuando se les quiere imponer la necesidad de responsabilizarse de lo que transportan.
No queda ninguna duda de que el tráfico de productos prohibidos (en el caso del Perú, la cocaína) no se detendrá si no existe una voluntad política globalizada para establecer normas internacionales y sistemas avanzados de control para las miles de naves que surcan los océanos.