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lunes, 12 de septiembre de 2011
jueves, 26 de mayo de 2011
Ciencias Sociales
Detectan a indígenas en aislamiento voluntario en la zona del Manu
Servicio Nacional de Áreas Protegidas diseña urgente plan para protegerlos
El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernanp) investiga la presencia de una población indígena en aislamiento voluntario sobre la orilla de uno de los ríos limítrofes del Parque Nacional del Manu (PNM), posiblemente perteneciente a la etnia Mashco Piro. Esto luego de que una pobladora del distrito de Fitzcarrald, en la provincia del Manu, lograra fotografiarlos. José Carlos Nieto, director del PNM, señaló que la presencia de poblaciones en aislamiento voluntario en la frontera de la reserva es atípica en esta época del año. “Estos indígenas suelen trasladarse a estos ríos en julio y agosto cuando van a recolectar los huevos que ponen las [tortugas] charapas”, explicó Nieto.
El Sernanp mantiene conversaciones con las comunidades indígenas colindantes para obtener más datos sobre esta población en aislamiento voluntario. Además, ha convocado a los representantes de la Federación de Nativos de Madre de Dios, la Dirección Regional de Salud y el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos y Amazónicos para diseñar un plan de contingencia que tendrá por objetivo evitar el contacto con los indígenas.
“Lo único que tenemos que hacer nosotros es garantizar que no se contacte a estas poblaciones. No podemos revelar el sector exacto en que aparecieron, pues no queremos generar una expectativa en la población por visitar estos lugares”, señaló Nieto.
miércoles, 8 de septiembre de 2010
Ciencias
MADRE DE DIOS. SE TRATA DE LAS PRIMERAS EN ESA REGIÓNTambopata cuenta con cuatro áreas de conservación privada
Se desarrollarán actividades económicas sostenibles en más de 64 hectáreas de selva
Miércoles 8 de Setiembre del 2010
El Ministerio del Ambiente–a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp)– creó las primeras cuatro áreas de conservación privada (ACP) en Madre de Dios. Se trata de 64,54 hectáreas ubicadas en el corredor bajo Tambopata-Isuyama, que forman parte de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata.
Las nuevas ACP reconocidas son Refugio K’erenda Homet (con 35,71 hectáreas), La Habana Rural Inn ( 27,90 hectáreas), Tutusima (5,42 hectáreas) y Bahuaja (5,51 hectáreas).
Según el Sernanp, el corredor bajo Tambopata-Isuyama destaca por su diversidad de fauna y flora, por sus áreas inundables con aguaje o ungurahui, por ser parte del complejo hidrológico bajo que desemboca en el río Tambopata y por proteger y resguardar el tránsito de especies, principalmente de mamíferos grandes hacia la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata.
“Este reconocimiento permitirá a los propietarios de las áreas de conservación privada generar desarrollo sostenible e impulsar el uso eficiente de los bosques que tanto nos dan en términos de biodiversidad”, destacó el ministro del Ambiente, Antonio Brack, en la ceremonia de reconocimiento de las nuevas ACP, que se realizó el último lunes, en Lima.
Víctor Zambrano Gonzales es creador de ACP Refugio K’erenda Homet, una propiedad de 35,71 hectáreas donde se pueden encontrar 120 especies de plantas. Allí hay unos 19 mil árboles de los cuales el 60% corresponde a frutales nativos y el 40% a maderables. Además, el lugar es habitado por venados, otorongos, boas gigantes, pavas y patos silvestres, entre otros animales.
UNA HISTORIAConservar ese refugio no ha sido una tarea fácil. Víctor Zambrano, quien vivió y se crio en el lugar, abandonó la zona en 1963, a los 22 años, para seguir sus estudios. Cuando retornó en 1987, se llevó una gran desilusión, pues el paraíso en el que creció había disminuido frente a la deforestación. Le tomó varios años volver a recuperarlo. Empezó por mejorar los suelos degradados.
Hoy, el Refugio K’erenda Homet es visitado por investigadores, estudiantes y turistas.
Zambrano, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata, cree que el reconocimiento de las cuatro ACP fomentará entre los pobladores el uso eficiente de los bosques en esa región que sobrevive en medio de la deforestación y la minería informal.
SEPA MÁSLas áreas de conservación privada son predios de propiedad privada que contribuyen a la conservación de la diversidad biológica, al incremento de la oferta para la investigación científica y el turismo.
Para saber más sobre refugio K’erenda Homet visite: www.kerenda.com
Para más información sobre la nueva ACP también puede llamar al 982-737397 y al 982-743881.
lunes, 12 de abril de 2010
lunes, 29 de marzo de 2010
miércoles, 11 de noviembre de 2009
Ciencias
El Comercio 11 de noviembre del 2009
LAS ESTRATEGIAS PARA EVADIR LA LEY
No más minería ilegal
Por: Iván Lanegra*
El contraste no puede ser mayor. Uno de los lugares más biodiversos se ha convertido en un desierto. Un rincón del planeta tan vivo como frágil ha sido tratado con dureza inhumana y mortal. Pero lo que vemos en Madre de Dios y Puno no es solo un desastre ambiental; también es una tragedia humana. Empecemos por las precarias condiciones en que se trabaja y se vive. No olvidemos el desastre de Winchumayo que en marzo provocó casi una decena de muertos. Sin presencia estatal alguna, esta actividad convive con la trata de personas y con la violencia abierta. Con ríos y peces envenenados que vulneran la salud de las comunidades aledañas. Todo esto beneficia, al final, a unas pocas personas, a costa de la naturaleza y de los seres humanos.
Para enfrentar esta grave situación debemos abandonar los eufemismos. No se debe confundir el manejo de actividades mineras de pequeña escala —que se realizan con técnicas artesanales—, que pueden ser desarrolladas cumpliendo las normas ambientales y sociales, con el que concierne a la minería ilegal, que se realiza a pequeña, mediana y gran escala, y que incluso utiliza maquinaria pesada. No debemos ocultar, bajo la etiqueta de “informal”, actividades abiertamente ilegales.
Se debe reconocer que la decisión de encargar a los gobiernos regionales la tarea de enfrentar este problema fue un error. Un reciente informe de la defensoría ha puesto en evidencia que dicho nivel de gobierno carece de la capacidad necesaria para ejercer las funciones que se les viene transfiriendo.
Se requiere un esfuerzo coordinado entre los tres niveles de gobierno. ¿Los objetivos? Poner fin a la expansión de este cáncer, atender a los afectados e identificar y sancionar a los principales responsables del problema. Lamentablemente, la recuperación de las zonas devastadas demorará muchos años.
Para alcanzar estas metas requerimos, entre otras cosas, una verdadera política de ordenamiento territorial con sus respectivos instrumentos de aplicación, el fortalecimiento de la fiscalización, la revisión de la política de otorgamiento de concesiones —que ha sido utilizada como estrategia para evadir la ley— y el control de la maquinaria e insumos utilizados en dichas actividades. Además, debemos eliminar el principal incentivo que motiva a las personas que viven en la ilegalidad más precaria: la ausencia de oportunidades dignas de trabajo. La principal arma contra este flagelo es un modelo de desarrollo sostenible y equitativo. En razón de todo ello, este es el momento de mostrar la voluntad política para poner fin a esta doble tragedia.
ADJUNTO PARA EL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PÚBLICOS Y PUEBLOS INDÍGENAS.
(*) Defensoría del Pueblo
LAS ESTRATEGIAS PARA EVADIR LA LEY
No más minería ilegal
Por: Iván Lanegra*
El contraste no puede ser mayor. Uno de los lugares más biodiversos se ha convertido en un desierto. Un rincón del planeta tan vivo como frágil ha sido tratado con dureza inhumana y mortal. Pero lo que vemos en Madre de Dios y Puno no es solo un desastre ambiental; también es una tragedia humana. Empecemos por las precarias condiciones en que se trabaja y se vive. No olvidemos el desastre de Winchumayo que en marzo provocó casi una decena de muertos. Sin presencia estatal alguna, esta actividad convive con la trata de personas y con la violencia abierta. Con ríos y peces envenenados que vulneran la salud de las comunidades aledañas. Todo esto beneficia, al final, a unas pocas personas, a costa de la naturaleza y de los seres humanos.
Para enfrentar esta grave situación debemos abandonar los eufemismos. No se debe confundir el manejo de actividades mineras de pequeña escala —que se realizan con técnicas artesanales—, que pueden ser desarrolladas cumpliendo las normas ambientales y sociales, con el que concierne a la minería ilegal, que se realiza a pequeña, mediana y gran escala, y que incluso utiliza maquinaria pesada. No debemos ocultar, bajo la etiqueta de “informal”, actividades abiertamente ilegales.
Se debe reconocer que la decisión de encargar a los gobiernos regionales la tarea de enfrentar este problema fue un error. Un reciente informe de la defensoría ha puesto en evidencia que dicho nivel de gobierno carece de la capacidad necesaria para ejercer las funciones que se les viene transfiriendo.
Se requiere un esfuerzo coordinado entre los tres niveles de gobierno. ¿Los objetivos? Poner fin a la expansión de este cáncer, atender a los afectados e identificar y sancionar a los principales responsables del problema. Lamentablemente, la recuperación de las zonas devastadas demorará muchos años.
Para alcanzar estas metas requerimos, entre otras cosas, una verdadera política de ordenamiento territorial con sus respectivos instrumentos de aplicación, el fortalecimiento de la fiscalización, la revisión de la política de otorgamiento de concesiones —que ha sido utilizada como estrategia para evadir la ley— y el control de la maquinaria e insumos utilizados en dichas actividades. Además, debemos eliminar el principal incentivo que motiva a las personas que viven en la ilegalidad más precaria: la ausencia de oportunidades dignas de trabajo. La principal arma contra este flagelo es un modelo de desarrollo sostenible y equitativo. En razón de todo ello, este es el momento de mostrar la voluntad política para poner fin a esta doble tragedia.
ADJUNTO PARA EL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PÚBLICOS Y PUEBLOS INDÍGENAS.
(*) Defensoría del Pueblo
Ciencias
El Comercio 11 de noviembre del 2009
EDITORIAL
¿Quién para grave daño ecológico en Madre de Dios?
Hay que poner coto a la brutal deforestación y a la altísima contaminación de suelos y ríos en la zona de Madre de Dios, que ha llegado a niveles insostenibles, debido principalmente a la caótica minería informal y al descontrol de las autoridades.
El panorama es desolador. Según lo han comprobado nuestros reporteros, debido a la invasión de mineros ilegales y al uso del mercurio que usan de modo indiscriminado para separar el oro, los bosques se están convirtiendo en desiertos y se amenaza no solo al ecosistema de la vecina Reserva Nacional del Manu, sino también la salud de la población.
Como sucede también en Piura (Las Lomas, Tambo Grande, Majaz, etc.) y otras regiones, los desechos de mercurio se vierten irresponsablemente a los ríos y quebradas, lo que crea una cadena de contaminación de impredecibles consecuencias. Se calcula que solo en Madre de Dios se utilizan anualmente 50 toneladas de este elemento.
Todo esto tiene responsables directos e indirectos en varios niveles, pues el problema se remonta a hace tres décadas, por lo que no puede achacársele todo al Ministerio del Ambiente, de reciente creación.
Desde la década del 80, haciendo un recuento somero, hemos tenido 5 presidentes de la República, 29 jefes de Gabinete, 20 ministros de Energía y Minas, 2 presidentes regionales y 21 alcaldes provinciales que debieron tomar acciones más concretas y efectivas para controlar, sancionar y detener este crimen ecológico.
No pueden alegar que no fueron advertidos, pues reiteradamente El Comercio y otros medios denunciaron este avance depredador. En abril pasado, hace solo siete meses, recogimos declaraciones del presidente de la región Madre de Dios, quien llegó a decir: “Este problema ya se nos escapó de las manos”. ¿Y qué se ha hecho? ¿Qué acciones tomaron el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico y las otras instancias del Gobierno Central?
Pues casi nada. Lo mismo puede decirse de la sociedad civil, que muchas veces se enfrasca en duras confrontaciones por la propiedad de territorios o fuentes de agua, pero no protesta con la misma fuerza cuando se contaminan sus ríos y se afecta su salud. Y qué decir de las ONG, que se dedican a atacar a la minería formal y reciben fondos del extranjero para ello, pero soslayan los funestos daños de los extractores artesanales.
Tampoco se puede perder de vista que hay otros graves problemas medioambientales. Lo que se necesita, en general, es orden y control, como lo hemos solicitado también para la minería formal, por ejemplo en el escandaloso caso de Doe Run, que involucra a todo un pueblo en un entorno social y político sumamente delicado .
En lo que se refiere a Madre de Dios, lo más urgente es prohibir la importación libre de mercurio y controlar su uso, así como reglamentar los procedimientos de su recaptura y reutilización, que deben ser obligatorios. Luego, debe revisarse el sistema de derechos mineros, la mayoría de los cuales no cuenta con estudios de impacto ambiental, así como promover incentivos para formalizar a los mineros.
Entendemos la necesidad de agenciarse de medios para vivir o sobrevivir. Pero no podemos aceptar que se pervierta el concepto de solidaridad social, al extremo de aceptar como hecho consumado una actividad tan ilegal y dañina como la minería informal, que pone en riesgo el ecosistema y la vida de millones de personas.
EDITORIAL
¿Quién para grave daño ecológico en Madre de Dios?
Hay que poner coto a la brutal deforestación y a la altísima contaminación de suelos y ríos en la zona de Madre de Dios, que ha llegado a niveles insostenibles, debido principalmente a la caótica minería informal y al descontrol de las autoridades.
El panorama es desolador. Según lo han comprobado nuestros reporteros, debido a la invasión de mineros ilegales y al uso del mercurio que usan de modo indiscriminado para separar el oro, los bosques se están convirtiendo en desiertos y se amenaza no solo al ecosistema de la vecina Reserva Nacional del Manu, sino también la salud de la población.
Como sucede también en Piura (Las Lomas, Tambo Grande, Majaz, etc.) y otras regiones, los desechos de mercurio se vierten irresponsablemente a los ríos y quebradas, lo que crea una cadena de contaminación de impredecibles consecuencias. Se calcula que solo en Madre de Dios se utilizan anualmente 50 toneladas de este elemento.
Todo esto tiene responsables directos e indirectos en varios niveles, pues el problema se remonta a hace tres décadas, por lo que no puede achacársele todo al Ministerio del Ambiente, de reciente creación.
Desde la década del 80, haciendo un recuento somero, hemos tenido 5 presidentes de la República, 29 jefes de Gabinete, 20 ministros de Energía y Minas, 2 presidentes regionales y 21 alcaldes provinciales que debieron tomar acciones más concretas y efectivas para controlar, sancionar y detener este crimen ecológico.
No pueden alegar que no fueron advertidos, pues reiteradamente El Comercio y otros medios denunciaron este avance depredador. En abril pasado, hace solo siete meses, recogimos declaraciones del presidente de la región Madre de Dios, quien llegó a decir: “Este problema ya se nos escapó de las manos”. ¿Y qué se ha hecho? ¿Qué acciones tomaron el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico y las otras instancias del Gobierno Central?
Pues casi nada. Lo mismo puede decirse de la sociedad civil, que muchas veces se enfrasca en duras confrontaciones por la propiedad de territorios o fuentes de agua, pero no protesta con la misma fuerza cuando se contaminan sus ríos y se afecta su salud. Y qué decir de las ONG, que se dedican a atacar a la minería formal y reciben fondos del extranjero para ello, pero soslayan los funestos daños de los extractores artesanales.
Tampoco se puede perder de vista que hay otros graves problemas medioambientales. Lo que se necesita, en general, es orden y control, como lo hemos solicitado también para la minería formal, por ejemplo en el escandaloso caso de Doe Run, que involucra a todo un pueblo en un entorno social y político sumamente delicado .
En lo que se refiere a Madre de Dios, lo más urgente es prohibir la importación libre de mercurio y controlar su uso, así como reglamentar los procedimientos de su recaptura y reutilización, que deben ser obligatorios. Luego, debe revisarse el sistema de derechos mineros, la mayoría de los cuales no cuenta con estudios de impacto ambiental, así como promover incentivos para formalizar a los mineros.
Entendemos la necesidad de agenciarse de medios para vivir o sobrevivir. Pero no podemos aceptar que se pervierta el concepto de solidaridad social, al extremo de aceptar como hecho consumado una actividad tan ilegal y dañina como la minería informal, que pone en riesgo el ecosistema y la vida de millones de personas.
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