Un régimen para los más vivos

Por: Azucena León

Miércoles 10 de Febrero del 2010

Para fines de los 90 la Ley 20530, también conocida como cédula viva, se había convertido en un régimen inviable, que amenazaba la sostenibilidad económica del país. Cubrir el pago de pensiones de las personas de este régimen, llevó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a desembolsar anualmente US$.1.000 millones, un monto casi tan importante como el servicio de la deuda externa que mantenía el Perú en aquella década.

La preocupación para el Estado era constante, no solo porque las pensiones tenían un gran impacto en el presupuesto público, sino porque además, las perforaciones que se hicieron a la ley —entre los años 70 y los 80— para que una serie de personas pudieran acceder a ella en forma irregular, la convirtieron en un régimen inequitativo. Existían diferencias extremas entre las pensiones que recibían los beneficiados. Hacia el 2000, el Sistema Nacional de Pensiones estaba en crisis, con un embalse de 42.780 expedientes pendientes de solución e igual número de cesantes que buscan una pensión mínima de S/.807 soles.

En la década de los 90, se comenzó a discutir la posibilidad de acabar con las irregularidades de esta ley, establecer topes a las pensiones que recibían las viudas y cerrarla en forma definitiva para evitar que siga aumentando.

Fue recién en el gobierno de Alejandro Toledo (2001) que el tema cobró fuerza. “La idea nació en una conversación informal con la ex jefa de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), Marisol Guiulfo, quien me explicó que la alta carga pensionaria que tenía que afrontar el MEF era un riesgo para el erario, e impedía nivelar el sistema. Cada sol que aumentabas al personal activo era otro sol que debías aumentar al cesante, viuda o hijos del jubilado. Para mí no quedaba duda: había que cerrar el sistema”, recuerda Cecilia Blume, entonces jefa de asesores del MEF. Al poco tiempo, esa conversación se plasmó en una propuesta presentada en el 2002 al Congreso, por el entonces titular de Economía, Pedro Pablo Kuczynski.

EXCESOS Y ABUSOS
¿En qué consistió este régimen y por qué se convirtió en un sistema abusivo? Sus orígenes se remontan al gobierno de Ramón Castilla, cuando se dio el derecho de acceder a una pensión a los ex servidores públicos cuando dejaban de trabajar, considerando inclusive los aumentos que obtuviesen quienes desempeñasen el mismo puesto dejado por el cesante. En 1973, la cédula viva se convirtió en ley , y en ella se detalló que se trataba de un régimen cerrado. Es decir que, para acceder a él, los ex trabajadores debían haber ingresado al Estado antes del 1 de mayo de ese año y realizado un mínimo de 20 años de aportes.

“Si el régimen hubiera permanecido así no hubieran surgido los problemas. Pero este se perforó para considerar primero a las viudas y luego a las hijas solteras, desvirtuando así el sentido de la seguridad social. Había muchas personas que a los 41 años ya tenían derecho a acceder a la ley. Cuando esos ex trabajadores fallecían, el Estado debía pagar esa pensión a la hija y la viuda, excediendo largamente el tiempo del aporte y convirtiendo el sistema en algo inviable”, señaló el laboralista Pedro Morales Corrales.

Pero los abusos no acabaron allí, añadió el especialista. Muchas personas que recibieron favores del gobierno de Belaunde y García, accedieron a cargos claves uno o dos años antes de sumar los 20 años de servicio al Estado, para que pudieran jubilarse con sueldos de hasta S/.10.000. El resultado: había un pequeño grupo con sueldos exorbitantes y una mayoría con pensiones magras.

El cierre definitivo de la cédula viva se concentró el 11 de noviembre del 2004, dos años después de presentada la propuesta. “El tema demandó una reforma constitucional, una gran labor informativa y un trabajo conjunto del Ejecutivo y Congreso. Fue un trabajo intenso que no se pudo haber logrado sin el apoyo de congresistas como Jorge del Castillo”, sostuvo Cecilia Blume. Pero el cierre no fue el único cambio. También se estableció un rango de pensiones mínimas y máximas de S/.415 y dos UIT para equilibrar el sistema.

La votación se convirtió en una de las reformas laborales más importantes del país y acabo con un “lujo”, que un país pobre como el Perú no podía darse.

¿Y los policías y militares?
La eliminación de la cédula viva para policías y militares fue una tarea que quedó pendiente. “Por la sensibilidad del tema, no pudimos ir en todos los frentes. Priorizamos y fuimos por lo más lógico, establecer topes”, dijo Blume. Y es que en ninguna parte del mundo, agregó, las viudas recibían el íntegro del sueldo del cesante. “Lo más lógico fue establecer porcentajes y eso hicimos para nivelar el régimen “, acot