Ciencias Sociales

PUNTO DE VISTA

Robando tu jubilación
Por: Carlos Adrianzén Economista *
Miércoles 30 de Marzo del 2011

El problema detrás del carnaval de propuestas electorales de estos días implica una observación puntual: su costo fiscal. Aunque no se haya hecho análisis costo-beneficio serio, lo cierto es que cuestan: económicamente, si se llega a conseguir los recursos para cumplir, y políticamente, si no se cumple. Para financiar las ofertas los candidatos usualmente se refieren a dos maravillas curativas. O “ampliar la base tributaria” y/o “crear un impuesto a las hipotéticas sobreganancias mineras”.

Fríamente, la primera implica una falta de respeto al elector. Como nadie les ha contado que si bien la presión tributaria promedio se ubica en 15% del PBI, en la agricultura, en el sector pecuario y en la construcción apenas llegaría a 1,2%, 3,1% y 10,8%, respectivamente. ¿Creen de verdad que van a cobrarle impuestos a estos sectores y regiones? Suena a palabreo.

El segundo esquema hace gala de ignorancia supina y fuerte carga ideológica. No es solo que hoy la presión tributaria minera bordearía el 49,5% del PBI minero y que el ratio del Impuesto a la Renta de tercera categoría sobre su PBI implique el 28,6%. El problema lo da la alta elasticidad negativa de la tasa efectiva a la renta de tercera categoría, respecto de los flujos de inversión sectorial.

Bastaría con una moderada elevación de la tasa del impuesto (sea en la forma de cargas a las sobreganancias, regalías o la quiebra de contratos ley) para tener un efecto muy negativo sobre la inversión, ergo la producción, ergo la recaudación tributaria minera. En buen español: introducir un impuesto a las sobreganancias no solo no generaría mayor recaudación. Generaría una menor recaudación. Una brecha mayor.

Pero si cree usted que esto es todo, se equivoca. Con la ilusión de los mayores ingresos por el nuevo impuesto, se va a querer gastar más. Léase: se incurrirá rápidamente en un déficit.

Es justamente aquí donde aparece usted y sus ahorros previsionales en las AFP. Frente al apuro asociado a cumplir con la palabra empeñada, resulta verosímil que – y dado el deterioro en el panorama global pos terremoto de Japón– tomemos el camino argentino. Es decir: que el gobierno emita deuda de compra obligatoria por las AFP. Es decir, que el Estado tome tu jubilación y –como en los buenos tiempos– se la robe aludiendo a causas nobles.

No nos confiemos. Vienen tiempos difíciles. Históricamente a la izquierda y a la glotona burocracia nacional nunca le ha causado mayor escozor el robar a quien ahorra en su país. Estamos advertidos.


[*] Decano de la Facultad de Economía de la UPC