La Captura Que Cambió La Guerra by Biblioteca Carmelitas-Secundaria on Scribd
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lunes, 15 de julio de 2019
martes, 27 de septiembre de 2016
lunes, 26 de septiembre de 2016
martes, 12 de abril de 2016
Historia, geografía y economía
El proceso antisubversivo, por Rafael Belaunde
Es falso que las ejecuciones extrajudiciales del grupo Colina y los abusos de los jueces sin rostro fueron determinantes.
- Rafael Belaunde A.
- Geólogo
Gordon McCormick, analista de la Corporación Rand, de quien
recojo varias observaciones, sostuvo en 1992 que para Sendero Luminoso
(SL) la subversión urbana no era prioritaria durante sus años iniciales.
Su intención entonces era dominar el ámbito rural para, desde allí,
impulsar la paulatina asfixia de los grandes centros urbanos.
Las acciones violentistas que perpetraban en las urbes tenían como propósito generar zozobra, no consolidar bases de apoyo popular. Recién a partir de 1985, SL comenzó a crearlas y extendió su teatro de operaciones para incluir los grandes centros urbanos como altares de destrucción y muerte. No obstante, a pesar de haber causado daños enormes, el esfuerzo senderista no logró en las ciudades derramar tanta sangre como en el campo.
Varios son los obstáculos que los grupos terroristas enfrentan en el ámbito urbano. A diferencia del rural, en el que el forastero es un extraño del que debe recelarse, en el entorno urbano se interactúa cotidianamente con extraños. Por ello, la infiltración contrasubversiva en la ciudad es menos complicada que en áreas remotas. Otro flanco débil para la subversión es la vocación individualista de la población migrante, a la que pretendía enrolar. El migrante huye del entorno gregario que lo asfixia, ansiando cuotas de individualismo reñidas con visiones colectivistas.
Para la subversión, las ciudades siempre fueron objetivos difíciles. Los ejemplos de los Tupamaros en Uruguay, las Brigadas Rojas en Italia y el Baader-Meinhof en Alemania así lo demuestran.
Finalmente, el proceso subversivo en el Perú se vio afortunadamente afectado por el colapso de los regímenes comunistas ocurrido a fines de la década de 1980. La fatiga de los modelos totalitarios demostró su precariedad doctrinaria e implicó la desaparición del financiamiento internacional a la subversión.
En respuesta a la irrupción urbana del terrorismo, a fines de la década de 1980 el ministro del Interior, Agustín Mantilla, creó el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), organismo policial orientado a investigar a la dirigencia senderista, para entonces ya concentrada en Lima. La metodología de capturar para luego investigar, aplicada por los militares en el campo, fue sustituida por una metodología policíaca citadina: investigar para luego capturar.
El 1 de junio de 1990, el GEIN intervino, entre otras, una vivienda ubicada en Monterrico que resultó ser alojamiento esporádico de Abimael Guzmán y en la que se capturaron miles de documentos internos de la organización terrorista. A partir de esos documentos se pudo identificar a muchos miembros de la cúpula senderista e iniciarles seguimiento. Tal como explicó a la prensa el entonces mayor de la policía, Marco Miyashiro, en aquella oportunidad Guzmán se les escapó por un pelo. Año y medio más tarde caería el líder senderista.
Se ha insinuado que las rondas campesinas fueron el factor determinante del colapso de SL, porque lo obligaron a volcar sus actividades al terreno urbano. Que estas desestabilizaron a SL, no cabe duda: la matanza de Lucanamarca, en 1983, fue una reacción desesperada de SL orientada a desincentivarlas.
No cabe duda, tampoco, que sin el permanente acoso a SL por parte de las Fuerzas Armadas, su derrota hubiera sido imposible. Incluso las normas legales promulgadas por el régimen fujimorista al amparo de las facultades delegadas por el Congreso, antes del golpe de abril de 1992, deben haber contribuido.
En todo caso, es la conjunción de varias medidas adoptadas en distintos momentos, así como las demás circunstancias anotadas, las que coadyuvaron a la derrota de SL. Sin ese concierto de factores y circunstancias, el GEIN solo tampoco hubiera podido asestar el golpe definitivo.
Es pues falso que las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el grupo Colina y los abusos de los jueces sin rostro fueron nucleares y determinantes en la derrota a SL –como postulan los abiertos o soterrados defensores de los abusos estatales–. Quienes, inmunes a los escrúpulos, pusieron en práctica ilegalidades contribuyeron a desprestigiar moralmente al Estado. Así, con sus desmanes, quienes pretendieron arrogarse la exclusividad del éxito en la lucha antisubversiva con el innoble propósito de aprovecharlo políticamente terminaron desdibujándolo.
Las acciones violentistas que perpetraban en las urbes tenían como propósito generar zozobra, no consolidar bases de apoyo popular. Recién a partir de 1985, SL comenzó a crearlas y extendió su teatro de operaciones para incluir los grandes centros urbanos como altares de destrucción y muerte. No obstante, a pesar de haber causado daños enormes, el esfuerzo senderista no logró en las ciudades derramar tanta sangre como en el campo.
Varios son los obstáculos que los grupos terroristas enfrentan en el ámbito urbano. A diferencia del rural, en el que el forastero es un extraño del que debe recelarse, en el entorno urbano se interactúa cotidianamente con extraños. Por ello, la infiltración contrasubversiva en la ciudad es menos complicada que en áreas remotas. Otro flanco débil para la subversión es la vocación individualista de la población migrante, a la que pretendía enrolar. El migrante huye del entorno gregario que lo asfixia, ansiando cuotas de individualismo reñidas con visiones colectivistas.
Para la subversión, las ciudades siempre fueron objetivos difíciles. Los ejemplos de los Tupamaros en Uruguay, las Brigadas Rojas en Italia y el Baader-Meinhof en Alemania así lo demuestran.
Finalmente, el proceso subversivo en el Perú se vio afortunadamente afectado por el colapso de los regímenes comunistas ocurrido a fines de la década de 1980. La fatiga de los modelos totalitarios demostró su precariedad doctrinaria e implicó la desaparición del financiamiento internacional a la subversión.
En respuesta a la irrupción urbana del terrorismo, a fines de la década de 1980 el ministro del Interior, Agustín Mantilla, creó el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), organismo policial orientado a investigar a la dirigencia senderista, para entonces ya concentrada en Lima. La metodología de capturar para luego investigar, aplicada por los militares en el campo, fue sustituida por una metodología policíaca citadina: investigar para luego capturar.
El 1 de junio de 1990, el GEIN intervino, entre otras, una vivienda ubicada en Monterrico que resultó ser alojamiento esporádico de Abimael Guzmán y en la que se capturaron miles de documentos internos de la organización terrorista. A partir de esos documentos se pudo identificar a muchos miembros de la cúpula senderista e iniciarles seguimiento. Tal como explicó a la prensa el entonces mayor de la policía, Marco Miyashiro, en aquella oportunidad Guzmán se les escapó por un pelo. Año y medio más tarde caería el líder senderista.
Se ha insinuado que las rondas campesinas fueron el factor determinante del colapso de SL, porque lo obligaron a volcar sus actividades al terreno urbano. Que estas desestabilizaron a SL, no cabe duda: la matanza de Lucanamarca, en 1983, fue una reacción desesperada de SL orientada a desincentivarlas.
No cabe duda, tampoco, que sin el permanente acoso a SL por parte de las Fuerzas Armadas, su derrota hubiera sido imposible. Incluso las normas legales promulgadas por el régimen fujimorista al amparo de las facultades delegadas por el Congreso, antes del golpe de abril de 1992, deben haber contribuido.
En todo caso, es la conjunción de varias medidas adoptadas en distintos momentos, así como las demás circunstancias anotadas, las que coadyuvaron a la derrota de SL. Sin ese concierto de factores y circunstancias, el GEIN solo tampoco hubiera podido asestar el golpe definitivo.
Es pues falso que las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el grupo Colina y los abusos de los jueces sin rostro fueron nucleares y determinantes en la derrota a SL –como postulan los abiertos o soterrados defensores de los abusos estatales–. Quienes, inmunes a los escrúpulos, pusieron en práctica ilegalidades contribuyeron a desprestigiar moralmente al Estado. Así, con sus desmanes, quienes pretendieron arrogarse la exclusividad del éxito en la lucha antisubversiva con el innoble propósito de aprovecharlo políticamente terminaron desdibujándolo.
lunes, 7 de septiembre de 2009
Ciencias Sociales
El Comercio 6 de setiembre del 2009
ANÁLISIS
¿Se puede derrotar a las guerrillas latinoamericanas?
Por: Román Ortiz Analista internacional*
América Latina ha cambiado mucho desde que Castro entró en La Habana hace 50 años lanzando el pistoletazo de salida para el nacimiento de grupos guerrilleros por todo el continente. De hecho, impulsados por la ilusoria teoría de que podían repetir la experiencia cubana en lugares tan dispares como Bolivia o Uruguay, sectores políticos radicales optaron por tomar las armas como único medio de imponer un modelo ideológico que era rechazado por las sociedades latinoamericanas. El resultado fue dos oleadas de violencia —los 60 y los 80— que sembraron de destrucción el continente y estimularon la búsqueda de soluciones autoritarias en muchos países. En cualquier caso, para mediados de la década del 2000, las guerrillas parecían condenadas a convertirse en historia. Las armas habían callado en Centroamérica más de una década atrás, los terroristas chilenos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez se habían desmovilizado y Sendero Luminoso parecía condenado a la marginalidad. Incluso en Colombia las otrora todopoderosas FARC se batían en retirada bajo la presión de la administración del presidente Uribe.
Hoy, las cosas lucen algo distintas. A pesar de algunos éxitos militares espectaculares del Gobierno Colombiano, las FARC conservan una notable capacidad de desestabilización. Por su parte, Sendero Luminoso se mantiene enquistado en el VRAE desafiando los esfuerzos del Estado Peruano por erradicarlo. Al mismo tiempo, algunos antiguos militantes del MRTA parecen determinados a revivir la organización. Entretanto, el mexicano Ejército Popular Revolucionario (EPR) permanece activo en estados como Oaxaca o Guerrero. Las guerrillas ya no están en condiciones de tomar el poder, pero permanecen como actores capaces de poner en cuestión la autoridad del Estado y generar zozobra política.
¿Qué explica que unos centenares de combatientes ilegales —unos miles en el caso de Colombia— desafíen a Estados respaldados por millones de ciudadanos que abominan de la violencia? Desde luego, hay una interminable lista de razones: geografía difícil, fuerzas armadas con recursos escasos, etc. Sin embargo, hay dos factores clave que merecen especial atención. Para empezar, estos grupos se han vinculado con el narcotráfico como principal punto de apoyo estratégico. Ciertamente, la conexión con la industria de la droga les proporciona una inagotable fuente de financiamiento. Pero, además, les permite ganar el control de sectores sociales que están vinculados con la economía del narcotráfico y que ven el avance del Estado como una amenaza para su medio de vida. Por otra parte, las guerrillas se benefician del creciente descuido de las zonas rurales por sociedades que se han urbanizado de manera vertiginosa y reclaman toda la atención del Estado para ciudades desbordadas en tamaño y en problemas. Tanto cuando se trata de asignar medios para mantener la seguridad como cuando se reclaman mejores servicios sociales, los gobiernos dan prioridad a las grandes metrópolis y relegan al último lugar a los pequeños municipios rurales que no cuentan con capacidad de presión política.
La cuestión es si bajo estas circunstancias los gobiernos pueden derrotar a los violentos y cerrar la triste historia de las guerrillas en América Latina. La respuesta es sí, siempre y cuando estén dispuestos a rescatar del olvido a las zonas rurales en un doble sentido. Por un lado, con un esfuerzo para articular una respuesta militar robusta que garantice la seguridad de los campesinos. Por otra parte, con la puesta en marcha de programas sociales que devuelvan a la población rural la confianza en el Estado. Lo contrario es dejar vivos unos rescoldos que cualquier pirómano puede sentir la tentación de avivar. Para muestra, vale la pena recordar las relaciones peligrosas de Chávez con las FARC. Un ejercicio de desestabilización que el presidente venezolano está dispuesto a repetir siempre y cuando sea conveniente para sus ambiciones políticas.
(*) DIRECTOR DEL ÁREA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE LA FIRMA DE CONSULTORÍA GRUPO TRIARIUS
ANÁLISIS
¿Se puede derrotar a las guerrillas latinoamericanas?
Por: Román Ortiz Analista internacional*
América Latina ha cambiado mucho desde que Castro entró en La Habana hace 50 años lanzando el pistoletazo de salida para el nacimiento de grupos guerrilleros por todo el continente. De hecho, impulsados por la ilusoria teoría de que podían repetir la experiencia cubana en lugares tan dispares como Bolivia o Uruguay, sectores políticos radicales optaron por tomar las armas como único medio de imponer un modelo ideológico que era rechazado por las sociedades latinoamericanas. El resultado fue dos oleadas de violencia —los 60 y los 80— que sembraron de destrucción el continente y estimularon la búsqueda de soluciones autoritarias en muchos países. En cualquier caso, para mediados de la década del 2000, las guerrillas parecían condenadas a convertirse en historia. Las armas habían callado en Centroamérica más de una década atrás, los terroristas chilenos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez se habían desmovilizado y Sendero Luminoso parecía condenado a la marginalidad. Incluso en Colombia las otrora todopoderosas FARC se batían en retirada bajo la presión de la administración del presidente Uribe.
Hoy, las cosas lucen algo distintas. A pesar de algunos éxitos militares espectaculares del Gobierno Colombiano, las FARC conservan una notable capacidad de desestabilización. Por su parte, Sendero Luminoso se mantiene enquistado en el VRAE desafiando los esfuerzos del Estado Peruano por erradicarlo. Al mismo tiempo, algunos antiguos militantes del MRTA parecen determinados a revivir la organización. Entretanto, el mexicano Ejército Popular Revolucionario (EPR) permanece activo en estados como Oaxaca o Guerrero. Las guerrillas ya no están en condiciones de tomar el poder, pero permanecen como actores capaces de poner en cuestión la autoridad del Estado y generar zozobra política.
¿Qué explica que unos centenares de combatientes ilegales —unos miles en el caso de Colombia— desafíen a Estados respaldados por millones de ciudadanos que abominan de la violencia? Desde luego, hay una interminable lista de razones: geografía difícil, fuerzas armadas con recursos escasos, etc. Sin embargo, hay dos factores clave que merecen especial atención. Para empezar, estos grupos se han vinculado con el narcotráfico como principal punto de apoyo estratégico. Ciertamente, la conexión con la industria de la droga les proporciona una inagotable fuente de financiamiento. Pero, además, les permite ganar el control de sectores sociales que están vinculados con la economía del narcotráfico y que ven el avance del Estado como una amenaza para su medio de vida. Por otra parte, las guerrillas se benefician del creciente descuido de las zonas rurales por sociedades que se han urbanizado de manera vertiginosa y reclaman toda la atención del Estado para ciudades desbordadas en tamaño y en problemas. Tanto cuando se trata de asignar medios para mantener la seguridad como cuando se reclaman mejores servicios sociales, los gobiernos dan prioridad a las grandes metrópolis y relegan al último lugar a los pequeños municipios rurales que no cuentan con capacidad de presión política.
La cuestión es si bajo estas circunstancias los gobiernos pueden derrotar a los violentos y cerrar la triste historia de las guerrillas en América Latina. La respuesta es sí, siempre y cuando estén dispuestos a rescatar del olvido a las zonas rurales en un doble sentido. Por un lado, con un esfuerzo para articular una respuesta militar robusta que garantice la seguridad de los campesinos. Por otra parte, con la puesta en marcha de programas sociales que devuelvan a la población rural la confianza en el Estado. Lo contrario es dejar vivos unos rescoldos que cualquier pirómano puede sentir la tentación de avivar. Para muestra, vale la pena recordar las relaciones peligrosas de Chávez con las FARC. Un ejercicio de desestabilización que el presidente venezolano está dispuesto a repetir siempre y cuando sea conveniente para sus ambiciones políticas.
(*) DIRECTOR DEL ÁREA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE LA FIRMA DE CONSULTORÍA GRUPO TRIARIUS
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