Los beneficios tributarios recogidos en la Ley de Democratización del Libro y Fomento de la Lectura –publicada en el 2003– vencerán el próximo 11 de octubre. Ante esta situación, compiten en el Congreso dos
iniciativas: una aprobada por la Comisión de Cultura, la cual propone
extenderlos por diez años; y otra presentada por el Ejecutivo, que
reduce la ampliación a tres años y modifica algunas medidas tributarias.
Respecto a este último proyecto, la Cámara Peruana del Libro (CPL) y la organización Editoriales Independientes del Perú (EIP)
consideran que el plazo de tres años es insuficiente para que la
industria se consolide y alcance resultados relevantes, debido a que las
políticas en el sector cultura son pensadas para un largo plazo.
“El
proyecto de ley presentado por el Ejecutivo desvirtúa las propuestas
trabajadas durante dos años, dando plazos ridículos para las medidas
tributarias y fijando topes arbitrarios para acceder a beneficios como
el reintegro tributario”, dijo José Carlos Alvariño, presidente de la
CPL.
Según
información de la Sunat, al 2018 no existía información oficial sobre
los efectos reales de las exoneraciones tributarias (en cualquier sector
del país). De igual manera,el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
publicó un informe en el que demuestra que, a pesar de tener beneficios
tributarios, el precio de los libros no disminuyó entre el 2011 y el 2018.
No
obstante, Alvariño mencionó que un estudio de la Universidad del
Pacífico (UP) revela que “por cada sol que se exoneró en el precio de un
libro, el sector editorial ha devuelto tres a la economía”.
REINTEGRO TRIBUTARIO
Además
de un plazo menor de extensión, el proyecto del Gobierno plantea la
exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) y el reintegro
tributario, pero con algunas diferencias respecto de la ley vigente.
En
cuanto a este último beneficio, el documento precisa que solo se
otorgará a aquellas editoriales cuya facturación anual no supere las 150
UIT, que equivalen a alrededor de S/630.000 (hoy, la ley vigente indica
que las editoriales que alcanzan el 0,25% de una UIT pueden acceder al
reintegro).
Asimismo,
se propone asignar un monto de S/16 millones al Ministerio de Cultura
para que pueda financiar actividades vinculadas al fomento de la lectura
y el libro.
“La
ley vigente habla de un monto mínimo por facturación para que se pueda
acceder al reintegro. Por lo tanto, excluye a las pequeñas editoriales
que con una factura no alcanzaban ese porcentaje”, explicó Arturo
Angulo, especialista legal de Industrias Culturales y Artes del
Ministerio de Cultura.
Silvia
Gonzales, presidenta de EIP, indicó que efectivamente la norma vigente
dejaba fuera del beneficio tributario a las pequeñas y medianas
empresas, pero que la propuesta del Ejecutivo excluye a las grandes.
“No
es aceptable una barrera que impida el acceso a este beneficio a las
empresas editoriales, sean estas pequeñas, medianas o grandes”, afirmó
Alvariño.
Con la iniciativa del Gobierno, los gremios estiman que el precio de los libros se encarecerá y que, en consecuencia, se empezarán a importar más de estos productos.
